La campaña del Impuesto sobre la Renta, exponente de la voracidad recaudatoria del Gobierno de Sánchez, nos lleva a reflexionar sobre la creciente presión fiscal que sufren los españoles y sobre las diferentes formas de abordar la fiscalidad.

En un contexto de encarecimiento del coste de la vida y erosión del poder adquisitivo de las familias, el Gobierno ha optado por disparar el gasto público, manteniendo una deuda desorbitada, mientras la maquinaria impositiva del Gobierno funciona a pleno rendimiento a costa de la asfixia fiscal de clases medias y trabajadoras.

Según la Agencia Tributaria, la recaudación de 2025 fue récord con más de 325.000 millones de euros, un 10,4% más que en 2024, un aumento que se concentra en el trabajo vía IRPF. Como ha documentado en un informe el Instituto Juan de Mariana, desde 2018 se han producido más de 100 subidas de impuestos y cotizaciones, incluyendo subidas explícitas y encubiertas por no deflactar el IRPF y sin contar revisiones catastrales.

España es el quinto país de la UE en el que más ha aumentado la presión fiscal, 2,2 puntos de PIB entre 2018 y 2024, mientras el promedio de la UE descendía en 0,6 puntos.

Con una inflación acumulada del 23,2% (2018-2025), el Gobierno ha venido rechazando la demandada deflactación o ajuste de los tramos del IRPF, impuesto que ha aplicado subidas silenciosas y desproporcionadas, incidiendo en un esfuerzo fiscal sin precedentes para las familias.

La inflación funciona como un impuesto encubierto que empobrece a la población, y al no deflactar, el aumento del salario nominal implica en la práctica un poder adquisitivo mucho menor al tener que pagar más. Según el Consejo General de Economistas, la no deflactación del IRPF (y la falta de actualización de los mínimos personales y familiares) ha supuesto para el contribuyente un sobrecoste fiscal de entre 628 y 1.500 euros.

Frente al modelo del Gobierno socialista basado en el incremento de la presión fiscal, expansión del gasto público estructural y mayor intervencionismo, el Consell del Cambio del Partido Popular desde 2023 ha cumplido el compromiso de llevar a cabo una política opuesta: impuestos más bajos, más seguridad jurídica y facilidades para las empresas, la inversión y el empleo.

El cambio de orientación en la Comunitat Valenciana ha sido profundo, optando por una reforma fiscal que se va implementando de forma gradual, empezando con la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bonificado al 99% entre padres, hijos y cónyuges. En 2026 ya se bonifica el 25% entre hermanos y sobrinos, y en 2027 será al 50%. Recientemente, el Consell ha anunciado una modificación de este impuesto dirigida específicamente a la continuidad de las empresas familiares.

El alivio fiscal también se está materializando en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Este junio se reducirá el tipo general del 10 al 9% para la mayoría de las transmisiones de inmuebles y, para facilitar la compra de viviendas, los menores de 35 años ya se pueden beneficiar de un tipo reducido del 6% en determinados supuestos. En la misma línea, se ha eximido de pagar el Impuesto de Patrimonio a miles de ciudadanos al elevar el mínimo exento.

Este Consell ha demostrado que se pueden bajar los impuestos y liderar el crecimiento del PIB y del empleo, por encima de media nacional, además de mejorar los servicios públicos. Y es que, además, las bajadas de impuestos han producido un aumento de la recaudación de casi un 14% en 2025 respecto al ejercicio anterior, según la Agencia Tributaria Valenciana, a la vez que han supuesto un ahorro de casi 430 millones de euros en los bolsillos de los valencianos.

En relación con el tramo autonómico del IRPF, la Comunitat es la autonomía con más deducciones fiscales, ya que el Consell las ha ido incrementando desde 2023, para gastos sanitarios como salud bucodental, mental o visual, enfermedades raras o Alzheimer, para práctica deportiva o para los afectados por la Dana por el 100% de los gastos de reparación de vivienda habitual o hasta el 45% de las inversiones en entidades que desarrollen actividades económicas en municipios afectados. En los dos últimos ejercicios, las nuevas deducciones autonómicas han producido un ahorro de más de 112 millones para los valencianos.

Para esta campaña de la Renta 2025, la gran novedad es que se amplían las deducciones de carácter social a las rentas medias, al pasar los límites de renta de 32.000 a 60.000 euros en las declaraciones individuales y de 48.000 a 78.000 en las conjuntas; lo que permitirá que un millón de valencianos se beneficien. Otras novedades consisten en la deducción por gastos en formación musical o ampliación de importes deducibles por nacimiento, adopción o acogimiento.

El modelo fiscal del Consell del PP ha demostrado ser claramente beneficioso para el conjunto de la sociedad valenciana: más recaudación con menos impuestos, más renta disponible para las familias, más capacidad de ahorro e inversión, más libertad y, en suma, más prosperidad.