Ocho años después del 'boom' televisivo, la mitad concesiones ya no emiten o se dedican a la programación enlatada de teletienda o tarot, mientras planea sobre los entes la anulación del concurso dictada por el Supremo

VALENCIA. Mucha gente está a la espera de saber qué dictamina el juez sobre el ERE de RTVV. Si, como parece probable, lo declara nulo, los trabajadores que se vieron afectados por dicho ERE (más de mil) tendrían que ser readmitidos, pagándoles además el salario de todos estos meses, al quedar su despido sin efecto. En ese caso, advierte el Consell (o, más bien, amenaza), no habría más remedio que cerrar RTVV, dado que el volumen de gasto resultaría inasumible.

Es una actitud, por desgracia, muy habitual en nuestra clase política: la absoluta incapacidad para asumir los errores cometidos, y sus consecuencias. En este caso, que el ERE se diseñó mal, se ejecutó peor, y además sus principios se vulneraron posteriormente, con medidas tan clamorosamente arbitrarias como contratar a última hora (o, mejor dicho, no despedir) a casi doscientos trabajadores afectados por el ERE, porque sin ellos, sencillamente, la televisión habría dejado de emitir en septiembre. 

Esta medida, en todo caso, quedaría a la espera de ver cuál sería la resolución definitiva, en el Tribunal Supremo (el recurso de la sentencia del TSJ, por parte de quienes pierdan este juicio, es seguro). Pero las perspectivas para la Generalitat no son buenas. Es la consecuencia, insisto, de hacer las cosas mal. Y la pauta puede marcársela a la Generalitat otra sentencia del Tribunal Supremo, en este caso de 2012, también referida al sector audiovisual: la que anula el concurso de concesión de la TDT local en la Comunidad Valenciana, que se resolvió a finales de 2005.

LAS CONCESIONES DE TDT LOCAL: TODO PARA LOS MÍOS

Hace casi diez años, en el marco de la multiplicación de canales televisivos posibilitada por la apertura de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en todo el territorio nacional, se establecieron también las pautas para que pudieran otorgarse licencias de ámbito local y autonómico. En el caso de la Comunidad Valenciana, se otorgaron 42 licencias de ámbito local (distribuidas equitativamente en catorce demarcaciones), además de dos autonómicas (a Las Provincias y la cadena COPE). 

Ni el más desaforado fan de Francisco Camps (en el caso de que aún quede alguno) puede decir que la resolución del concurso tuviese en cuenta la necesidad de dar cabida a opciones plurales. Se dejó fuera a casi cualquier candidato ideológicamente sospechoso, como fue el caso de Info TV, por ejemplo, o de Tele Elx (una televisión que ya contaba entonces con una trayectoria de dos décadas en Elche).

Por el contrario, se otorgó un número peculiarmente elevado de licencias (13) a un grupo liderado por un empresario más que conocido por estos lares: José Luis Ulibarri, implicado en el caso Gürtel. También se otorgaron cuatro licencias a otros grupos afines, como Intereconomía, Libertad Digital y El Mundo. Puede considerarse que al menos 30 de las 42 licencias se otorgaron a grupos cercanos ideológicamente al Partido Popular.

En aquel momento, en plena burbuja inmobiliaria, con las televisiones de ámbito nacional arrojando píngües beneficios, la TDT parecía un gran negocio. Si a ello le unimos la gran capacidad de influencia social de un medio como la televisión, podremos entender el interés, tanto de las empresas que se presentaron al concurso para obtener licencias, como del Gobierno autonómico para otorgar dichas licencias a las empresas "correctas".

Naturalmente, la concesión de las licencias comportaba el compromiso, por parte de las empresas concesionarias, de cumplir un exigente pliego de condiciones, entre las cuales se incluía la prohibición de emitir en cadena contenidos de una televisión de ámbito nacional (como hizo desde el principio Intereconomía, y al poco tiempo también Libertad Digital), o la obligación de emitir contenidos de producción propia, de tener en cuenta la difusión del valenciano... condiciones, todas y cada una de ellas, sistemáticamente incumplidas por la mayoría de las empresas concesionarias.

Algo, por desgracia, muy habitual en España, donde estamos acostumbrados a que la Administración se desentienda totalmente de si en realidad se cumplen los criterios de servicio público en las licencias de emisión que se han otorgado. De hecho, es más que normal que exista un mercadeo de realquiler de licencias, tanto en radio como en televisión.

2013: DE AQUELLOS POLVOS VIENEN ESTOS LODOS

Poco después de la concesión, se vio que el "paraíso audiovisual" prometido no era tan atractivo como lo pintaban. La publicidad cayó por efecto de la crisis, y la que persistió continuó concentrándose en torno de las grandes cadenas de ámbito nacional. Ocho años después, muchas de las concesiones televisivas ya no emiten (exactamente la mitad: 21 de 42), o se dedican a emitir programación enlatada de teletienda o tarot.

En este último caso, la verdad es que la cosa ha llegado casi a convertirse en un fenómeno auténticamente paranormal, por lo abundante. Haga la prueba y rastree en su televisión los canales disponibles; las cadenas que podríamos unir en torno a un hipotético Canal Tarot rivaliza con Tele 5 y TVE en número de cadenas. 

¿Buscaba el Consell, con la concesión de licencias de TDT que hizo, garantizar el pluralismo televisivo en materia de tarot y que los espectadores pudieran disfrutar de un amplio elenco de brujas, magos, santeros y charlatanes de todo pelaje? No está claro. Pero, en cualquier caso, la sentencia del Tribunal Supremo de hace un año obligará, tarde o temprano, a celebrar de nuevo el concurso y reasignar las licencias. Entre otras cosas, porque muchas de las empresas adjudicatarias en su día ya no existen. Por no hablar de las que no resultaron afortunadas (aunque está por ver si realmente fue una suerte conseguir una de estas licencias, visto el resultado).

Hasta el momento, la Generalitat, ante el enésimo lío jurídico-económico que le estalla en la cara, no ha adoptado ninguna resolución. Las televisiones que aún emiten lo estarían haciendo en un limbo jurídico, como lo hacían las televisiones que emitían ilegalmente hace veinte años. Mientras tanto, el panorama audiovisual valenciano, tanto en los medios públicos (RTVV, por no hablar de las TDT locales públicas, que tampoco constituyen precisamente una historia ejemplarizante) como en los privados, es totalmente desolador.

Esperemos que ahora, al menos, arreglen de verdad el enésimo desaguisado y hagan una concesión de licencias que resulte socialmente útil, y que refleje el pluralismo de la sociedad valenciana. Lo cual no significa dejar de dar algunas licencias a grupos ideológicamente afines, pero sí impedir que sólo ellos las reciban. Actuar, en resumen, como un gestor de lo público. O que, al menos, así lo parezca.

#prayfor... los diputados, de puente

Una de las imágenes más comentadas de esta semana fue la huida de los diputados, antes de conocer los resultados de la votación en la que acababan de participar en el Congreso. A la carrera, despavoridos, sus señorías se lanzaron a los pasillos para salir cuanto antes del hemiciclo y disfrutar del puente del 1 de noviembre. Una imagen que no contribuirá a aumentar el cariño de los ciudadanos por su clase política, que como todos sabemos está pasando por sus horas más bajas.
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