Pedro Sánchez ha dicho que quiere refomar la Constitución para incluir en ella el derecho al aborto. Lo ha dicho dos días después de saltarse la Carta Magna por octava vez.  

Sánchez no lleva tres años –como se ha publicado estos días–, sin cumplir su obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de octubre. Lleva ocho, ocho presupuestos no presentados en tiempo y forma.

Desde que María Jesús Montero es ministra de Hacienda, es decir, desde junio de 2018, el Gobierno nunca ha cumplido esa obligación, que está muy clarita en el artículo 134.3 de la Constitución. De los ocho Presupuestos, solo tiene una excusa válida para no haber presentado los de 2020, ya que el año anterior hubo elecciones generales en noviembre. De los ocho, solo tres acabaron aprobándose después de presentarse fuera de plazo.

Es algo que este periódico viene denunciando año tras año mientras algunos tratan de quitar importancia a que el Gobierno se salte la Carta Magna. Es una anomalía democrática que el Gobierno incumpla de forma consciente la Constitución y no pase nada. No es opinable que el Ejecutivo se haya pasado la norma fundamental por el arco del triunfo, es un hecho. Lo que es opinable es si nos parece bien, mal o nos da lo mismo. A mí me parece muy mal, por eso le dedico otra columna.

Lo quieren disfrazar con mentiras, como que la Constitución también contempla que no se presenten los presupuestos. Falso. Contempla (artículo 134.4) que el Parlamento no los apruebe, en cuyo caso se prorrogan los anteriores, pero no que no se presenten.

También dicen que esto ha pasado muchas veces. Falso. Anteriormente solo había pasado aquellos años en que la fecha de presentación coincidió con las convocatorias electorales otoñales de 1982, 1989, 2011 y 2019. Una sola vez fue por otro motivo, cuando el Gobierno de Rajoy no presentó el proyecto de Presupuestos de 2018 porque le tocaba hacerlo la víspera del referéndum de independencia de Cataluña. La excusa del procés no le sirvió a Montoro, ministro de Hacienda, para evitar las críticas del PSOE por incumplir con la Constitución.

En todos esos casos, los presupuestos se presentaron más tarde y se aprobaron entrado el año. Los de 2018 los presentó Rajoy cuando se acabó la bronca del procés, justo antes de la moción de censura de mayo, y se aprobaron ya con Sánchez en el poder.

Como si no fuera con él, solo dos días después de saltársela por octavo año consecutivo, Sánchez quiere meter el aborto en la Constitución para asegurar que se respeta ese derecho, porque la Carta Magna la respetan todos menos él. Sugiero que aproveche la reforma para añadir al artículo 134 que si un Gobierno no presenta presupuestos, se disolverán las Cortes y se convocarán elecciones. Y que se prepare para oír a José Ramón Chirivella, que volverá a la carga con el Derecho Civil Valenciano.

La aprobación de los Presupuestos a tiempo no es una mera formalidad. Tiene consecuencias, como bien saben en Alicante, tres años a la cola de inversiones, o en la Generalitat valenciana, donde su no presentación por parte de Montero en los últimos años ha provocado importantes problemas de tesorería y de pago a proveedores.

Por eso sorprende la falta de rotundidad del Consell a la hora de asegurar que el Gobierno de Carlos Mazón va a cumplir el Estatut y aprobar el proyecto de presupuestos de 2026 antes del 31 de octubre, que es la fecha límite que marca la carta magna autonómica. No hay un sí rotundo a la pregunta de si los va a presentar, a pesar de ser unos presupuestos más necesarios que nunca para continuar con la reconstrucción.

¿Los va a presentar Mazón aunque no cuente con el apoyo de Vox o está pensando imitar a Sánchez para evitar una derrota parlamentaria que en una democracia normal le obligaría a convocar elecciones? 

Por si tiene dudas, cabe recordarle las palabras de su consellera de Hacienda, Ruth Merino, el año pasado respecto a Sánchez “Es una obligación constitucional del Gobierno presentar Presupuestos y no es algo que dependa de la voluntad del Gobierno y mucho menos del tacticismo político. El riesgo de no poder sacar adelante las cuentas no puede servir al Gobierno de excusa para eludir su mandato constitucional”. Cámbiese constitucional por estatutario y ya tenemos lista la maldita hemeroteca.

Mazón también quiere reformar el Estatut, en su caso para ponerle ALV a la AVL. Pues que empiece por respetarlo y no le pase como a Sánchez con el anuncio de lo del aborto.

Hablando de la AVL, los jóvenes que hoy estén sorprendidos al ver a los políticos enzarzados en el vixca y el visca en lugar de ocuparse del problema de la vivienda, sepan que no es otro castigo a su generación, sino una pesadilla recurrente que ya sufrimos los boomers, los X y todas las letras que vinieron detrás.

De la nueva batallita lingüística, lo único novedoso es que nos hemos enterado de que el Gobierno central lleva años subvencionando con más de 300.000 euros al año a cada una de las academias de la lengua menos a una, la nostra, la AVL, y eso que la ministra que reparte el dinero es valenciana. Dice Diana Morant que lo va a solucionar. Encara ens passa poc.