La regulación no es un fenómeno externo a la empresa. Es una parte esencial de las condiciones en las que opera, crece o se transforma. En un sistema multinivel como el europeo, donde las decisiones normativas se adoptan simultáneamente en distintos niveles institucionales, entender ese entorno se ha convertido en una necesidad estratégica.

La Comunitat Valenciana concentra sectores con una alta exposición a cambios normativos: el cerámico, el agroalimentario o el textil operan en mercados donde las decisiones regulatorias tienen efectos directos e inmediatos. Esperar a que una normativa esté aprobada para analizarla implica llegar tarde. Lo que podría haberse anticipado se convierte en una adaptación urgente, costosa, o incluso inasumible.

Los asuntos públicos dan respuesta precisamente a esa necesidad: analizar el entorno político y regulatorio, identificar riesgos y oportunidades y trabajar con las instituciones para contribuir al desarrollo de políticas públicas a través de conocimiento técnico y criterio. 

En un Estado de derecho, toda organización tiene el derecho legítimo de participar en los procesos de elaboración normativa y de que sus posiciones sean tomadas en consideración. No es un privilegio sectorial: es un principio básico de calidad democrática. Las normas elaboradas sin suficiente contraste con quienes las van a aplicar tienden a generar ineficiencias, conflictos interpretativos y reformas prematuras. La eficacia de la regulación depende, en buena parte, de la calidad del proceso deliberativo que la precede.

Este principio tiene una dimensión bidireccional. Las administraciones no solo deben abrir cauces de participación: también necesitan que los sectores afectados los utilicen de forma activa y rigurosa. Una empresa que traslada a las instituciones un análisis fundado sobre los efectos de una norma proyectada no solo defiende sus intereses; contribuye a mejorar la calidad del texto final. Esa es la lógica sobre la que se construye una cultura regulatoria madura, y la razón por la que gestionar el entorno institucional ha dejado de ser una función accesoria para la empresa.

La gestión del entorno regulatorio e institucional no compite con la estrategia empresarial; la complementa. En un momento en el que las decisiones públicas condicionan de forma creciente las condiciones de inversión, los plazos de ejecución y la viabilidad de los proyectos, incorporar esta perspectiva deja de ser una ventaja diferencial para convertirse en una necesidad. Las empresas que lo entienden antes no se limitan a adaptarse al entorno: contribuyen a configurarlo. 

María Franco como responsable de Área de Asuntos Públicos de Kreab en Valencia