VALENCIA La desafección con respecto al modelo autonómico crece en España. De acuerdo con un sondeo de opinión elaborado recientemente por Metroscopia para el diario El País, el 80% de los ciudadanos, a ambos lados del espectro político, consideran "que las Comunidades Autónomas han ido demasiado lejos  y que es preciso reorganizar su funcionamiento y sus competencias”. Sin embargo, según datos publicados por la Agencia de Evaluación y Calidad, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, más del 60% de los españoles se muestran satisfechos o muy satisfechos con la educación y la sanidad públicas, los principales programas de gasto que gestionan desde hace años los gobiernos regionales.

Estas cifras son un fiel reflejo de la gran confusión que se ha instalado entre la ciudadanía con respecto al papel que ha jugado la política, y más concretamente la política autonómica, en la gestación de la actual crisis económica. Al margen de la irresponsable manipulación informativa, que ha situado a las CCAA en el punto de mira de los mercados, es fácil percibir en el ambiente una mezcla de frustración y negación de las causas reales de la crisis, que deriva en la búsqueda de chivos expiatorios.

No obstante, es justo reconocer que el modelo autonómico actual tiene importantes limitaciones que obligan a replantear su funcionamiento. A los episodios de despilfarro, corrupción y falta de transparencia en la gestión, se une un modelo de financiación ineficiente e injusto, que condena a buena parte de la población a la infradotación de servicios públicos esenciales. Por ello, desde distintos ámbitos se reclama una financiación autonómica más equilibrada y al mismo tiempo más responsable, que avance hacia una suerte de federalismo fiscal a medio plazo. La financiación de los gobiernos autonómicos mediante recursos propios, y no a través de transferencias por parte del gobierno central, constituiría un potente incentivo para frenar el despilfarro y la ineficiencia observados en la asignación de los recursos públicos a escala autonómica.

En un gesto que ha sido interpretado como una respuesta a la manifestación secesionista de Barcelona, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, que durante la actual legislatura, el gobierno procederá a revisar el modelo de financiación autonómica. Sin embargo, en la situación actual, el debate sobre el estado autonómico debería ir mucho más allá de una simple reforma del modelo de financiación. La pregunta clave que se hacen los ciudadanos no es cómo financiar las autonomías, sino más bien si queremos o no queremos autonomías. O dicho en otros términos, qué nivel de descentralización del gasto público queremos y qué papel deseamos atribuir a los gobiernos regionales en el diseño de la política económica.

A favor de la descentralización del gasto juega el hecho incontestable de que, por razones históricas, las regiones españolas tienen preferencias heterogéneas en aspectos tan relevantes como la política cultural y educativa. Por otra parte, la descentralización favorece la competencia entre regiones y la experimentación de nuevas fórmulas de gestión que reducen costes y aumentan la calidad del servicio. Además, facilita una mayor identificación del ciudadano con el gobierno y ello, a su vez, redunda en una mayor satisfacción del usuario.  En línea con todos estos argumentos, distintos estudios empíricos señalan que los ciudadanos valoran más positivamente la educación y la sanidad públicas, y en general la acción política, cuando el grado de descentralización de los servicios públicos es mayor.

En contra de la descentralización, se encuentra su escaso, cuando no negativo, efecto sobre el crecimiento económico. Como señala el profesor Rodríguez-Pose, de la London School of Economics, la descentralización no siempre responde al deseo de los ciudadanos, sino a motivaciones políticas que nada tienen que ver con las preferencias heterogéneas a las que antes aludíamos. Además, algunos servicios públicos sufren incrementos en los costes unitarios al disminuir el número de usuarios, por lo que la descentralización podría ir acompañada de una disminución de la eficiencia en la prestación de dichos servicios. De hecho, observamos que en los países con un mayor grado de descentralización se prioriza el gasto corriente sobre la inversión pública, lo cual disminuye las posibilidades de crecimiento a largo plazo.

En cualquier caso, nadie niega hoy en día el papel de las regiones como motor del desarrollo en la economía global. A pesar de la reducción en el coste del transporte y de la mejora de las telecomunicaciones, la producción aparece cada vez más concentrada en torno a unas pocas regiones, en las cuales se han desarrollado clusters industriales y de servicios capaces de atender una demanda global. Distintos estudios académicos reportan importantes diferencias de productividad entre empresas que operan en un mismo sector, pero se ubican en regiones diferentes. Y atribuyen esta circunstancia a las externalidades positivas, no exportables, que genera el propio territorio: acceso a personal cualificado, proveedores especializados y estructuras formales o informales que facilitan la cooperación y el flujo de información entre las empresas.

Un objetivo prioritario de la política económica es fortalecer todos estos procesos dinámicos que se retroalimentan entre sí y dan lugar a realidades económicas con capacidad real para competir en los mercados internacionales. Pero ello, no admite soluciones fáciles ni recetas precocinadas a distancia. Al contrario exige un conocimiento directo de cada una de estas realidades económicas que solo la proximidad del gobierno regional puede ofrecer. En ocasiones, la respuesta a los problemas es la financiación directa de infraestructuras necesarias, como fue por ejemplo la creación de la Red de Institutos Tecnológicos, o la construcción del Palacio de Congresos en la ciudad de Valencia. Pero en otras ocasiones, se trata de potenciar intangibles, favorecer conductas responsables, y sancionar comportamientos oportunistas que, de no corregirse, conducirían al territorio a un equilibrio subóptimo.

El 9 de Octubre celebramos el día de la Comunidad Valenciana. Es martes y festivo. Conmemoramos la entrada del Rey Jaume I en la ciudad de Valencia, el rey que juró y promulgó nuestros fueros en 1261. Parece una buena ocasión para reivindicar nuestra autonomía. Razones no faltan. Historia tampoco.