Como venimos denunciando desde el inicio del gobierno sanchista, la política española vive instalada en una dinámica regresiva en virtud de unos pactos de investidura que benefician las insaciables y rupturistas ansias de poder de los nacionalistas como pago para que Pedro Sánchez siga atornillado en el poder, en detrimento de la más elemental noción de interés general.

En esta España convertida por el sanchismo en un privilegiado bazar de acceso exclusivo a sus aliados independentistas, las continuas cesiones bajo chantaje suponen un debilitamiento y vaciamiento del Estado, un maltrato a los principios de igualdad y solidaridad entre españoles y, en definitiva, la creación de agravios y diferencias de trato.

La sucesión de escándalos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE no deberían ocultar las cesiones competenciales de enorme trascendencia que implican la entrega del Estado a quienes quieren desarmarlo. Empezando por los acuerdos con Cataluña sobre “financiación singular” y hacienda pública, y otros asuntos que, afectando a todos los españoles, se acuerdan en comisiones bilaterales dejando al margen a las demás comunidades autónomas.

Por su relevancia, quiero dedicar unas líneas a la cesión de competencias a Cataluña, acordada en la comisión bilateral Estado-Generalitat, en relación con los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros), que tienen importantísimas funciones reservadas como la fe pública, el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación en las entidades locales y que, en sus diferentes subescalas, han demostrado ser auténticos pilares e impulsores de la mejora y modernización de nuestros ayuntamientos.

La cuestión es que el Gobierno está tragando con la pretensión de los nacionalistas para transferirles las competencias en materia de régimen jurídico, selección, formación y provisión de estos funcionarios, mediante diversas reformas legales, algunas aún en tramitación y otras aprobadas y recurridas por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, como el caso del País Vasco. Y ello sin razón o criterio objetivo que justifique este traspaso, sin diálogo alguno por parte del Gobierno y con la absoluta oposición de los funcionarios afectados, que apuntan a una más que probable inconstitucionalidad.

La gravedad estriba en que estas transferencias suponen la alteración de la habilitación nacional única, y en la práctica la ruptura y desaparición del carácter nacional de este cuerpo funcionarial, quebrando la igualdad en el acceso a la función pública y la homogeneidad en el ejercicio de las competencias estatales, y mermando las garantías de imparcialidad, objetividad, transparencia y la cobertura de vacantes de estos puestos; lo que ocurrió durante unos años tras la reforma descentralizadora realizada por Zapatero.

Desde esta tribuna me sumo a la combativa oposición y denuncia frente a estas cesiones que el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) ha venido realizando con amplio apoyo, llegando hasta los Juzgados frente a un diálogo escaso y poco productivo por el Ministerio.

En esta misma línea, el PP ha presentado iniciativas parlamentarias en defensa de la habilitación nacional. Así, la moción aprobada en el Senado en junio instando al Gobierno a dejar sin efecto el mencionado acuerdo adoptado en la Comisión Bilateral con la Generalitat de Cataluña, y a cubrir las vacantes existentes y adoptar medidas de carácter económico para dicha cobertura en los municipios con población inferior a cincuenta mil habitantes.

Por otra parte, el Grupo Popular en el Senado ha registrado una proposición de ley para la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objetivo de blindar la competencia estatal, determinando que corresponde exclusivamente al Estado la regulación del régimen jurídico, así como la aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los habilitados nacionales.

El PP pretende con esta modificación legal garantizar la uniformidad de la habilitación nacional y un estándar mínimo de observancia del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional. Estamos convencidos de que, frente a la fragmentación y la descentralización, la competencia estatal supone una mayor imparcialidad en la selección evitando influencias de los poderes territoriales más cercanos, así como una mayor capacitación y cobertura de vacantes, pues se garantizan unas pruebas comunes con unos niveles de exigencia homogéneos, mismo temario y mayor número de plazas a las que optar.

Esta iniciativa legislativa es plenamente coherente con los más de cien años de historia de los habilitados y con la sentencia del Tribunal Constitucional 25/1983, que declaró que la selección de estos funcionarios corresponde al Estado.

Los ciudadanos merecen que los habilitados sigan siendo un referente de prestigio profesional y entrega al servicio del bien común, como han demostrado estos últimos meses en los municipios trágicamente afectados por la Dana, con una extraordinaria dedicación que merece el reconocimiento de todos. Sobre todo ello se reflexionará en el I Congreso Autonómico de habilitados nacionales de la Comunitat Valenciana que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre.