El reciente descubrimiento de la entrega de viviendas de protección pública a personal del Ayuntamiento de Alicante, así como a familiares y amigos, supone una afrenta para los ciudadanos de esta ciudad y una inmensa vergüenza para las administraciones, local y autonómica, de las que depende el proceso. Con mayor motivo si los beneficiarios denunciados no reunían los requisitos para acceder a estas privilegiadas viviendas o actuaban como testaferros de los auténticos propietarios. 

¿Por qué ocurren este tipo de fraudes cuando conseguir un hogar se ha convertido en misión imposible para las rentas medias y bajas? ¿Cómo puede ser tan nauseabunda la conducta de gente que, como funcionarios públicos, están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley?

Estoy seguro, tras décadas en el servicio público, de que la inmensa mayoría de los funcionarios son personas honestas. Pero creo, con la misma convicción, que se pueden generar en las administraciones islotes facilitadores de privilegios y chanchullos. En éstos se circunvalan las leyes prohibitivas, se cosechan contratos públicos, se practica el enchufismo, se trafica con información privilegiada, se elude la introducción de reformas y medios de control que aporten transparencia sin cosméticos y, por si no fuera bastante, se consiente que algunos grupos de empleados públicos actúen como irresponsables en el cumplimiento de sus deberes.

Sería injusto inferir que éste es el estado normal de las cosas; pero también lo sería afirmar que se trata de un conjunto insólito de conductas. Con carácter general existe, tras ellas, un trazo común: la ausencia de una cultura ética y de un compromiso firme de servicio a la ciudadanía. No debe sorprender demasiado que así suceda cuando el proceso de selección de altos cargos no pasa por ningún filtro que avale la idoneidad y capacidad de los elegidos. Son lo que son porque alguien les ha señalado con el dedo, reemplazando la confianza profesional por la estricta confianza personal o política. Quienes llegan por esa vía al desempeño de funciones públicas, sin experiencia en el funcionamiento de las administraciones, no siempre se sienten especialmente humildes y cohibidos. 

Es bien cierto que una proporción de los mismos, con sentido común y un fondo de honradez, busca el consejo de gente que sabe más que ellos: una elección inteligente y normalmente correcta. Pero el resto, como si fueran pararrayos de ciencia infusa, escogen el camino del indocumentado prepotente. Cuando la preferida es esta senda, puede ocurrir cualquier cosa, aunque lo más corriente es que se propague un clima de relajamiento en el cumplimiento de los deberes públicos. Si, además, el responsable de esa parcela administrativa desprende un aroma de incomodidad ante el cumplimiento de la legalidad y escoge como personal de confianza a quienes son monaguillos de amén, lo que viene a continuación es la degradación progresiva de la responsabilidad y de las reglas de juego. Un clima propicio para la corrupción y la oxidación de la calidad del desempeño público.

Con todo, las fronteras de la posible degeneración no acaban ahí. Los funcionarios, aunque llamados al deber de reserva sobre todo aquello que conozcan a consecuencia de su trabajo, no siempre son discretos. Más allá de morbosidades que suelen ser inocuas, se forjan canales opacos por los que se filtra información sensible que puede reportar ventajas directas e indirectas a emisores y destinatarios. Las viviendas de la urbanización Les Naus de Alicante entrarían en esta categoría, como lo hace la difusión anticipada de información interna sobre convocatoria de subvenciones, requisitos técnicos de los contratos públicos, cambios en la regulación de sectores económicos o creación de bolsas de trabajo. 

Parte de esta difusión se produce por la clamorosa inefectividad del régimen de incompatibilidades aplicable a los empleados públicos, establecido para evitar los conflictos de intereses en el desempeño de sus funciones. Salvo la solicitud de autorizaciones para un segundo trabajo en la enseñanza, la moneda habitual es que no se pida permiso para otros propósitos, sobre todo entre los funcionarios de mayor rango; así ocurre cuando el resto del día se destina a trabajar “anónimamente”en bufetes, asesorías y estudios profesionales. En tales entornos aparece la frecuente tentación de facilitar el camino a los clientes, a costa de sacrificar la obligada imparcialidad del empleado público o, incluso, de cosechar nueva clientela insinuando la capacidad de influir sobre el resultado final cuando se trata de procesos contractuales competitivos convocados por las oficinas públicas. 

Resulta posible que la residencial que ha levantado la calima de indignación en Alicante y fuera de ésta se resuelva con más ceses, expedientes disciplinarios y revisión de las adjudicaciones. Pero los motivos de fondo persisten y, por el momento, no llaman demasiado la atención. Se esperaría que el colectivo de empleados públicos se movilizara para solicitar intervenciones ejemplares: no en vano, lo que está en juego es su reputación profesional y el respeto de los ciudadanos. Si no se reacciona con viveza, la extensión de la desidia, el pasotismo y el “nunca pasa nada” acabará, pronto o tarde, pudriendo la carrera profesional del funcionario o su permanencia de por vida.  

Cabría confiar, asimismo, en la implantación de reformas de las administraciones que vienen reclamándose desde antiguo, -la formación en actitudes y acciones éticas es una de ellas-, sin que nunca se perciban como urgentes para los decisores públicos. Y si quienes mandan piensan que casi todo lo resolverá la inteligencia artificial, se cometerá el mismo error que advino con la informatización de las oficinas públicas. La nueva tecnología sólo sirve para parecer “moderno” si se aborda del mismo modo que aquélla: sin entreverarla con cambios en la selección del personal público y su organización, la transparencia real de las actividades gubernamentales, la evaluación independiente de personal y políticas y la clarificación de una legalidad que, precisada todavía de hermeneutas, rehúye la compañía y medición de la eficiencia pública.