Máriam Martínez-Bascuñán reflexionaba ayer una columna titulada Epstein y la casa del Patrón que, más allá de señalar lo execrable de los crímenes sexuales contra menores, este caso apuntaba a cómo el poder había albergado -y alberga- impunidad para hacerlos posibles. Hablamos poco de ello. 

El mundo se ha vuelto loco con la última excentricidad que consiste en que algunos jóvenes se consideren a sí mismos animales. Hay miles de vídeos de gente ladrando y el término Therian estará, dure lo que dure, en todas las conversaciones. Y aunque creo que el fenómeno es más viral que real, muchos se preguntan cómo de rota puede estar una sociedad para que haya quien busque pertenencia en ubicarse, literalmente, en una manada ficticia. 

Y no dudo que sea un debate interesante, pero ¿cómo de roto ha de estar este mundo para que hayamos descubierto que gran parte de las élites habían constituido una red de pederastia y estemos hablando del video de una chica que se sube a un Uber afirmando ser un galgo español?

Decía Bascuñán en su columna que la clave de este caso es que cada favor crea una obligación. Y en un sistema donde predominan los favores y las redes de influencia la mancha de aceite se extiende formando cómplices y no vigilantes. Un sistema oligárquico que solo es posible en sociedades que no son plenamente democráticas. 

Tendemos a pensar que la democracia es algo que se enciende o apaga, como si hubiera un interruptor de on y off, pero la realidad es que se trata de algo gradual. Hay sociedades más y menos democráticas. Y, sin cambiar una sola norma, se puede ir haciendo cada vez más tenue la luz.

Justificadamente pocos crímenes van a producirnos la repulsa que los relacionados con este magnate estadounidense, pero la radiografía de lo que cuenta sobre el poder puede lamentablemente extenderse a muchos ejemplos. En tantos otros los favores crean obligaciones.

¿Qué es si no esa red conocida como los Pocholos? Un personaje excéntrico -al que señalan como origen de algunos de los planteamientos más ultras de la presidenta de la Comunidad de Madrid- estaba detrás de todos los nombramientos de la consejería de educación. Consejero, directores y directoras generales, diputados y diputadas que eran casi discípulos y formaban un grupo que aunaba comportamientos propios de secta con una ideología ultraconservadora, que estaba detrás del intento de acabar con el modelo de universidad pública. 

Y, ¿qué es, sino una red de poder, lo que estamos conociendo alrededor de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana?

Aquí también aparece el axioma de que quien protege al poder es recompensado con poder, en este caso económico. Altos cargos y familiares, empresarios, notarios, políticos del Partido Popular… todos beneficiarios de pelotazos urbanísticos. Si los esquimales tienen decenas de palabras para definir la nieve los valencianos tenemos casi un diccionario propio sobre estos asuntos. 

Proudhon decía que la propiedad es un robo y, sin saberlo, la derecha valenciana revitaliza su obra cada vez que accede al poder. Algo que, por cierto, es bastante habitual. 

Ellos saben, como el filósofo francés, que el precio de todo es una convención social, también el de la vivienda. Y por eso sacan beneficio de ello aprovechando su posición privilegiada. ¿Cuánto vale una vivienda junto al mar con pádel y piscina? Pues lo que ellos se apañen.

Pero el problema de lo que está pasando ahora es que no hablamos solo de lucro. Más allá del negocio, hay una desinversión moral. Convertir la vivienda pública en moneda de cambio, mientras la gente no puede pagar ni un alquiler precario, significa no solo la desaparición de la frontera entre lo público y privado, sino que señala una red de favores, una corrupción que puede ser estructural y es disolvente para la convivencia.

Imaginen ser una de esas 39 familias de València a las que les quitaron su vivienda pública para averiguar que la constructora se benefició de una ilegalidad para hacerlo en un negocio fomentado por su propio ayuntamiento. Como mínimo nos preguntarías por qué. 

Y sinceramente creo que lo hacen porque tiene una concepción antidemocrática del poder. Incluso más que por dinero. Lo hacen porque, aunque respetan las urnas para llegar al poder -más allá de que cuestionen la legitimidad del resultado si no lo hacen, pero lo ejercen sin atender a los principios democráticos.

El poder cuando es democrático pretende si no la neutralidad, al menos la no discriminación. Y hay una discriminación que no consiste en perjudicar al que menos tiene de forma directa, sino en beneficiar al que más. Esa es la preferida de la red de favores. 

Si hace dos semanas argumentaba en esta misma columna que lo que ha ocurrido en Alicante -y vemos ahora que ha ocurrido también en València- era un sistema, ahora añadiría que es toda una cosmovisión. 

La que tienen aquellos que no creen hacer nada malo con ello. Que incluso cuando lo que hacen es ilegal, algo que saben a menudo, entienden que está justificado porque garantiza el orden natural de las cosas. En su cabeza -como en la de los racistas- no son corruptos, son ordenados.

Hay quienes utilizan formas democráticas, pero piensan en términos feudales. Consideran que las viviendas públicas son también casas del patrón. Los niveles de gravedad son distintos, pero lo que decía Willy Brandt aplica tanto a Epstein como a la vivienda pública; permitir una injusticia es abrir la puerta a todas las demás.