Desde el minuto 0 de la actual legislatura, el gobierno bipartito PP-Vox de la alcaldesa Catalá no ha escatimado esfuerzos en tratar de que la ciudad pase a ser, de nuevo, una referencia en el mapa estatal de las sospechas uso patrimonial, clientelar e irregular de las instituciones y del presupuesto público. No es casual que una de las primeras ofensivas iniciadas por el Vox y PP desde gobierno autonómico fuera desmantelar rápidamente la infraestructura institucional de lucha contra el fraude y la corrupción, demoliendo los avances que se dieron desde los sucesivos gobiernos del Botànic en materia de transparencia, integridad, ética pública y buen gobierno. Retirar y debilitar los fondos públicos de refuerzo en materia de justicia es también una seña de identidad del PP siempre que tiene ocasión de debilitar los juzgados y las instituciones que tienen como propósito detectar la corrupción, comunicar las señales de alarma y, en última instancia, castigar las conductas tipificadas como delitos contra la Administración Pública.
La actual legislatura municipal del gobierno de María José Catalá tuvo como uno de sus hitos inaugurales la actividad irregular promovida desde las áreas de gestión bajo responsabilidad del todavía concejal de Vox Juan Manuel Badenas por las presuntas actuaciones en cuanto al amaño de contratos municipales, irregularidades en la Fundación València Activa y la consiguiente investigación de la Fiscalía por malversación y prevaricación.
A este hecho fundacional, del que seguramente se sentirán orgullosos porque la corrupción estructural siempre parece ser "marca de la casa PP-Vox", cabe añadir la reciente investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre el Ayuntamiento de València por presunto enchufismo y clientelismo. En el caso se ha descrito una posible trama de recolocación a dedo de personal del extinto Consorcio Valencia 2007 en el Ayuntamiento, en fundaciones municipales y en el Puerto. También se investigan convocatorias de empleo diseñadas "a medida".
En un contexto en el que València se enfrenta a todo un conjunto de situaciones de colapso estructural en materia de vivienda, movilidad y transportes, igualdad social, vertebración territorial y presión turística, el gobierno de Catalá persiste en definir toda una senda de inestabilidad institucional, desprestigio público de la ciudad y deterioro de la institución municipal, con la consiguiente indignación popular y la afectación a la confianza sobre la que se basa la estabilidad democrática.
Frente a este escenario resulta preciso reivindicar la adopción urgente de un sistema de gestión de la integridad institucional a nivel municipal con protocolos, medidas, presupuesto y normas claras sobre cómo prevenir y evitar, de cara a futuro, prácticas irregulares como el enchufismo, el desvío de fondos públicos, el uso fraudulento de la información pública y evitar, en última instancia, el deterioro de la confianza ciudadana, dejando sin efecto la aplicación del ordenamiento jurídico y su inspiración ética como garantía democrática.
Los principios éticos no deben ser una mera proclamación sin una materialización real y efectiva, sino que deben y pueden (con voluntad política y liderazgo decidido) ser concretados en acciones, protocolos y ordenanzas municipales que los hagan realidad: buena administración, buena fe, confidencialidad, dedicación, eficacia, eficiencia, ejemplaridad, honradez, igualdad y equidad, imparcialidad, independencia, integridad, justicia, lealtad institucional, legalidad, neutralidad, no arbitrariedad, no discriminación, objetividad, participación ciudadana, planificación, profesionalidad, prudencia, rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos, sobriedad, sostenibilidad y transparencia.
Para todo ello, es esencial implementar de forma urgente un sistema de gestión de la integridad municipal en el que se identifiquen, describan y regulen todas las conductas y situaciones posibles que ha detallado claramente la bibliografía académica, los informes internacionales y la normativa europea, estatal y, en algunos casos, también la autonómica (a pesar de los asaltos contra esta última arena por parte de distintos gobiernos de PP y Vox).
De esta forma, la actuación pública del Ayuntamiento deberá regirse, sin excepciones, por la imparcialidad, la igualdad de trato, la prevención de conflictos de intereses y la protección del interés general y del patrimonio público. La gestión debe orientarse a la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad normativa, la eficiencia y el uso responsable de los recursos, incorporando participación ciudadana y formación continua de empleados públicos y de líderes políticos y sociales. También son necesarias estructuras institucionales de integridad incluidas en la normativa municipal para evitar ataques y desmantelamientos ante cambios de gobierno, planes antifraude, políticas de regalos, registros de grupos de interés y órganos independientes que garanticen el buen gobierno.
En definitiva, dentro del plan estratégico de rescate ético y democrático que necesita València, es preciso adoptar una normativa propia sobre integridad institucional; incrementar los recursos municipales de personal y presupuesto en materia de transparencia, buen gobierno y antifraude; fortalecer los vínculos y relaciones institucionales con organismos dedicados en exclusiva a la salvaguarda de la ética pública y el buen gobierno; establecer una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas a lo largo de esta legislatura en el ámbito municipal; y, como medida fundamental para que todo ello sea posible, lograr un vuelco político que desaloje al bipartito PP-Vox del gobierno municipal y de la Alcaldía de València, para lo cual será fundamental impulsar un frente amplio y movilizador de izquierdas que tenga como propósito recuperar la dignidad institucional de la ciudad.
Bernabé Aldeguer Cerdá es coordinador de EUPV València y profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia (UV)
