Valencia entra cada mes de marzo en una transformación profunda. Calles cortadas, carpas ocupando calzadas, verbenas nocturnas, pasacalles, mascletàs y una actividad festiva constante alteran de forma muy intensa el funcionamiento habitual de la ciudad.

Las Fallas forman parte de la identidad valenciana y de su proyección internacional. Nadie discute su valor cultural ni su impacto económico. Pero precisamente por eso empieza a resultar necesario plantear si el modelo actual de gestión de la fiesta sigue siendo compatible con el funcionamiento normal de una ciudad de casi un millón de habitantes.

Hay un dato que conviene recordar. En Valencia solo hay un día festivo oficial durante las Fallas: el 19 de marzo. El resto de jornadas son plenamente laborables. Miles de personas tienen que ir a trabajar, las empresas mantienen su actividad y los servicios públicos deben funcionar con normalidad.

Sin embargo, durante buena parte de marzo la ciudad opera como si estuviera permanentemente de celebración.

El ejemplo más evidente es el calendario de instalación de las carpas. Este año se han autorizado centenares de estructuras desde principios de marzo, lo que implica ocupar calles completas durante casi dos semanas antes de que empiecen los días centrales de la fiesta. En numerosos barrios eso supone alterar recorridos habituales, desviar el tráfico y dificultar los desplazamientos cotidianos.

Las consecuencias no afectan solo a quienes utilizan el coche. El transporte público también se ve seriamente afectado. Numerosas líneas de autobús modifican su recorrido o pierden paradas, lo que obliga a los usuarios a caminar largas distancias o a realizar trayectos mucho más largos. Incluso el acceso a determinadas estaciones de metro o tranvía se vuelve más complicado debido a los cortes de tráfico y a la acumulación de personas en determinadas zonas.

Para miles de ciudadanos que utilizan el transporte público cada día para trabajar, moverse por Valencia durante las Fallas se convierte en una experiencia imprevisible, con cambios constantes de itinerario y una saturación evidente en algunos puntos de la red.

A esto se suma otro elemento cada vez más visible, el creciente enfado de muchos vecinos ante la ocupación prolongada del espacio público. Carpas, churrerías, escenarios, barras y estructuras temporales invaden durante semanas calles y plazas que el resto del año cumplen funciones básicas de movilidad y convivencia urbana.

Nada de esto es casual. El mundo fallero tiene un peso social y político muy considerable en Valencia. Las comisiones están presentes en todos los barrios, movilizan a miles de personas y forman parte de redes sociales muy influyentes. Ningún gobierno municipal quiere abrir un conflicto con ese colectivo.

El resultado es un modelo de gestión en el que el Ayuntamiento tiende a conceder permisos amplios y evitar decisiones que puedan interpretarse como una restricción de la actividad fallera. En la práctica, durante varias semanas las prioridades organizativas de las comisiones condicionan el uso del espacio público de toda la ciudad.

El problema es que Valencia ya no es la ciudad que era cuando se configuró este modelo festivo. Hoy es una ciudad más grande, con más actividad económica, con miles de desplazamientos diarios y con una presión turística creciente. Gestionar una fiesta tan potente dentro de ese contexto exige encontrar equilibrios razonables.

Y ese equilibrio empieza a mostrar signos de agotamiento.

Cada vez más vecinos se preguntan si tiene sentido que la ocupación del espacio público y las restricciones de movilidad se extiendan durante tantas semanas.

Nadie propone eliminar las Fallas ni restarles protagonismo. Pero sí parece razonable replantear algunos aspectos del modelo actual: retrasar el montaje de carpas, limitar su duración, ordenar mejor los espacios de celebración o proteger de forma más efectiva la movilidad y el descanso vecinal.

Introducir esos ajustes exigiría algo que hasta ahora ha resultado políticamente inconveniente: recordar que Valencia no es solo la ciudad de las comisiones falleras, sino también la de los cientos de miles de ciudadanos que, incluso en marzo, necesitan vivir y trabajar en ella.