MADRID. Nadie va ponérselo fácil al Gobierno. La tímida, para muchos e insuficiente para otros, política de reformas y recortes emprendida por el ejecutivo de Rajoy, pasa inevitablemente por dejar a muchos damnificados en las cunetas que no están por la labor de aceptar con los brazos cruzados tal suerte sin hacer nada. Así, los sectores afectados -todos- han iniciado movimientos para tratar de verse lo menos afectados posible por los tajos que los nuevos Presupuestos Generales del Estado van a someter a unos y a otros, a todos menos al AVE a Galicia, que para eso hay elecciones.

Pese a que España cuenta con una red viaria, al menos la que se engloba en la red de carreteras del Estado, ciertamente envidiable a pesar a sus indudables carencias, uno de los primeros sectores en reaccionar y de forma un tanto truculenta ha sido el de mantenimiento de infraestructuras, cuya Asociación Española de la Carretera (AEC), dirigida el que fuera por casi una década director general de la DGT, Miguel Muñoz Medina, ha lanzando a los cuatro vientos una exitosa campaña "de prensa", en la que se denuncia el lamentable estado de la red viaria española, recordando que se necesitan 5.500 millones de euros para dejar la red viaria española en perfectas condiciones de usabilidad. Una poco original manera de preguntar sobre ¿qué hay de lo mío?

La macabra campaña, que ha contado con la inestimable colaboración de alguna televisión que no ha dudado en mostrar el bache de rigor en la siempre agradecida autovía A-92 o alguna señal vertical sujeta con un cable, llega a un nivel de detalle tan sorprendente como preocupante para la población rodante: 325.000 señales verticales deterioradas, 50.000 kilómetros cuya marcas viales hay que repintar, barreras metálicas que están dañadas y hasta un 21 % de las farolas, que no alumbran porque están apagadas.

El chantaje está servido y el aviso a navegantes resulta clamoroso: si aumenta la siniestralidad en carretera, ya tenemos culpable. Por esa regla de tres, barra libre y a partir de ahora todo irá en relación directa a la capacidad de presión de cada uno de los sectores afectados. Eso, al menos, es lo que se teme en las esferas de la Administración afectadas por los recortes y con incidencia directa en el ciudadano como es el caso de la sanidad.
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(*) Carlos Díaz Güell es periodista y autor del blog 'Tendencias del dinero'