Vaya por delante una cuestión esencial: cualquier conflicto bélico merece el rechazo más firme. Sin embargo, esta reflexión no pretende centrarse en el análisis geopolítico ni en la legitimidad de la guerra, sino en sus implicaciones económicas y, especialmente, en lo que estas revelan sobre nuestras propias debilidades estructurales.
Las últimas semanas han vuelto a situar a la economía global ante un escenario de elevada incertidumbre. La escalada del conflicto en Oriente Próximo no solo tiene implicaciones geopolíticas, sino que está generando ya efectos tangibles sobre los mercados energéticos, los costes empresariales y las cadenas de suministro. Como en episodios anteriores, la primera reacción ha sido inmediata: subidas de precios, reajustes logísticos y una creciente volatilidad que anticipa un impacto económico más amplio si el conflicto se prolonga.
Sin embargo, conviene ir más allá del análisis coyuntural. La guerra no constituye únicamente un shock externo, sino también un elemento revelador de las debilidades estructurales de nuestras economías. En particular, Europa —y dentro de ella España— vuelve a evidenciar una elevada exposición a factores que escapan a su control: dependencia energética exterior, vulnerabilidad logística y una base industrial limitada en sectores estratégicos.
En este contexto, la respuesta del Gobierno español se ha materializado en un amplio paquete de medidas orientadas a mitigar los efectos inmediatos del encarecimiento energético y sostener a los sectores más afectados. La reducción de la fiscalidad sobre la electricidad y los combustibles, las ayudas al sector primario o los incentivos a la descarbonización constituyen instrumentos razonables en términos de política económica a corto plazo. Su objetivo es claro: amortiguar el impacto sobre hogares y empresas y evitar una traslación directa de los costes a la actividad productiva.
La dependencia de recursos externos, unida a la falta de control sobre determinados eslabones de la cadena de valor, limita el margen de actuación en escenarios de tensión internacional"
No obstante, este tipo de respuestas plantea una reflexión de mayor alcance. Si ante cada crisis internacional resulta necesario activar mecanismos de apoyo generalizado —rebajas fiscales, subvenciones energéticas o compensaciones sectoriales—, cabe preguntarse hasta qué punto estamos abordando las causas profundas de esa vulnerabilidad. La reiteración de estos instrumentos, ya utilizados durante la pandemia y la guerra en Ucrania, sugiere que el problema no es exclusivamente exógeno.
A ello se suma un elemento adicional que no debe pasar desapercibido: la complejidad del propio proceso de toma de decisiones. La necesidad de articular las medidas en distintos instrumentos normativos, así como las tensiones internas en su aprobación, reflejan un entorno institucional exigente, donde la respuesta económica se construye en paralelo al equilibrio político. Este contexto no invalida la acción del Gobierno, pero sí condiciona su alcance y coherencia estratégica.
Desde una perspectiva más amplia, la crisis actual vuelve a poner en el centro del debate la cuestión de la autonomía estratégica. La energía, lejos de ser un mero input productivo, se consolida como un factor determinante en la competitividad y en la capacidad de respuesta de las economías. La dependencia de recursos externos, unida a la falta de control sobre determinados eslabones de la cadena de valor —incluyendo tecnologías y materias primas críticas—, limita el margen de actuación en escenarios de tensión internacional.
La cuestión no es si debemos reaccionar ante las crisis, sino en qué medida somos capaces de anticiparlas y reducir su impacto estructural"
En este sentido, el avance en energías renovables, el fortalecimiento de infraestructuras y la reconfiguración de las cadenas de suministro no constituyen únicamente objetivos de política climática o industrial, sino elementos clave de resiliencia económica. La cuestión no es si debemos reaccionar ante las crisis, sino en qué medida somos capaces de anticiparlas y reducir su impacto estructural.
La experiencia reciente sugiere que Europa ha mejorado su capacidad de respuesta, pero aún enfrenta desafíos significativos en términos de autonomía energética, desarrollo tecnológico y posicionamiento industrial. España, por su parte, cuenta con ciertas ventajas —como la diversificación de fuentes energéticas—, pero sigue integrada en un sistema global cuyas disrupciones se trasladan con rapidez a su economía.
En definitiva, la guerra actual no solo está generando un nuevo episodio de tensión económica, sino que vuelve a plantear una cuestión de fondo: la diferencia entre proteger y prevenir. Las políticas públicas han demostrado capacidad para amortiguar los efectos de las crisis, pero el verdadero reto reside en reducir la necesidad de recurrir a ellas de forma recurrente.
Porque, en última instancia, la solidez de una economía no se mide únicamente por su capacidad de reacción, sino por el grado en que ha logrado minimizar sus vulnerabilidades antes de que estas se manifiesten.
Isabel Martínez Conesa
Catedrática de la Universidad de Murcia y directora de la catedral de Mujer, empresaria y directiva
