Septiembre abre un nuevo curso político en la Comunitat Valenciana y lo hace con una pregunta bastante más importante que cualquier estrategia electoral: ¿los valencianos y las valencianas vivimos mejor o peor que cuando Ximo Puig dejó la Presidencia de la Generalitat?
Es la pregunta que Diana Morant ha planteado al inicio de este curso político. Y merece la pena responderla sin nostalgia y sin propaganda. Mirando aquello que verdaderamente condiciona la vida cotidiana de la gente: qué ocurre cuando enfermamos, qué educación reciben nuestros hijos e hijas y quién esponde cuando llega una emergencia.
Porque gobernar es, fundamentalmente, hacerse cargo.
Los socialistas valencianos no nos hemos ido de vacaciones, hemos seguido en las calles escuchando y trabajando con la gente. El marco político del proyecto político quedó definido en nuestro Congreso, pero un proyecto que aspira a gobernar no puede escribirse únicamente desde dentro de un partido.
Por eso, desde hace meses, empezamos una serie de jornadas sectoriales de escucha con la sociedad valenciana. No queremos presentar a la sociedad valenciana un programa hecho para ella, sino construido también con ella. Por eso este mes de septiembre celebramos una conferencia política abierta a la sociedad valenciana y que, tal y como ha explicado la propia secretaria general del PSPV, Diana Morant servirá para presentar las conclusiones sobre los asuntos que preocupan a la gente después de haber recorrido todo nuestro territorio.
Y de esa escucha emerge una preocupación que atraviesa muchas otras: el deterioro de nuestros servicios públicos.
En sanidad, estamos peor.
En 2025 se derivaron 49.234 operaciones quirúrgicas a hospitales privados: alrededor de 5.000 más que el año anterior y más del doble que en 2020. Mientras tanto, 313.189 valencianos y valencianas terminaron el año esperando una primera consulta con un especialista y los hospitales públicos disponían de 145 camas instaladas menos que un año antes.
Entre 2024 y 2025 se destinaron 270,7 millones de euros a derivaciones a la privada.
La discusión, por tanto, no es si en determinadas circunstancias debe existir colaboración con centros privados. La cuestión es qué modelo estamos construyendo. Si debilitamos plantillas y capacidad asistencial pública mientras aumentamos las derivaciones, terminaremos fabricando artificialmente el argumento de que aquello que hemos debilitado no funciona.
Morant lo ha resumido hoy con claridad: hospitales y centros de salud no pueden parar en agosto porque las enfermedades tampoco lo hacen. Y ha advertido contra un modelo en el que algunos terminan haciendo negocio con la salud de las personas.
En educación, también estamos peor.
Terminamos el curso con una comunidad educativa movilizada por las condiciones de los centros, las ratios, las plantillas, la burocracia, la inclusión o la falta de climatización. Y comenzamos el siguiente sin resolver esos problemas y añadiendo uno nuevo: la pretensión de convertir las aulas en espacios bajo sospecha.
El Gobierno valenciano ha introducido un mecanismo que Morant ha denominado acertadamente una “policía censuradora”. El Gobierno de España, el PSPV y el Grupo Socialista en Les Corts estudiarán todas las vías para frenarlo. Porque educar no consiste solamente en enseñar matemáticas, física o química. También consiste en enseñar que hombres y mujeres somos iguales, que la violencia machista no es aceptable, que existen distintas realidades familiares y que ninguna persona debe sufrir discriminación por ser quien es.
Una democracia madura protege la libertad de enseñar. No coloca a sus docentes bajo vigilancia ideológica.
Y hay un tercer ámbito donde la realidad de este verano ha resultado especialmente dolorosa: las emergencias.
Hasta el 14 de agosto, Castellón concentraba el 99,4 % de toda la superficie forestal quemada en la Comunitat Valenciana. Los incendios de La Vall d’Uixó, Tírig y Segorbe-Gátova han dejado al descubierto algo que va mucho más allá de la excepcionalidad de un gran fuego.
El 7 de agosto, ocho de las dieciocho unidades de bomberos forestales de Castellón estaban inoperativas. El día 10, ninguna de las dieciocho estaba completa. Durante las jornadas más críticas del incendio de La Vall d’Uixó hubo que recurrir repetidamente a profesionales fuera de turno para completar unidades. Y en Tírig fue necesario desplazar efectivos desde Alicante obligándolos a recorrer cientos de kilómetros para intervenir y regresar.
Los llamados “refuerzos voluntarios” dejan de ser excepcionales cuando un servicio esencial necesita sistemáticamente que sus trabajadores renuncien al
descanso para poder funcionar.
Y Segorbe-Gátova dejó una pregunta todavía más inquietante. Desde la declaración del incendio hasta la elevación a situación operativa 2 y la movilización de la UME transcurrieron alrededor de 17 horas, una diferencia extraordinaria respecto a otros grandes incendios recientes.
No se puede combatir la emergencia improvisando cuando llega la emergencia. La prevención, las plantillas suficientes y unos servicios públicos preparados son también seguridad.
La DANA debería habernos enseñado definitivamente esa lección. Cambiar a Carlos Mazón por Juanfran Pérez Llorca no borra responsabilidades ni convierte automáticamente un mal gobierno en uno bueno. Como ha dicho Diana Morant este lunes, cambiar a Mazón no puede significar “chao, pescao”.
Por eso este septiembre no empieza de cero.
Empieza después de tres años que permiten comparar. Y frente a un gobierno que ha convertido demasiadas veces la sanidad en negocio, la educación en sospecha y las emergencias en improvisación, los socialistas tenemos la obligación de construir una alternativa reconocible y solvente.
Tenemos proyecto, experiencia de gobierno y una candidata. Pero, sobre todo, tenemos que recuperar algo mucho más importante: la certeza de que la Generalitat puede volver a ser una institución que se haga cargo de los problemas de la gente. Eso es lo que estará en juego en 2027.
Diana Morant lo dijo hace apenas unos días: «De verdad que salgo a por la Generalitat». Y este lunes ha añadido algo que explica mucho mejor para qué: «Nosotros sí vamos a gestionar». Quizá entre ambas frases esté la mejor definición de este nuevo curso político. Porque querer presidir la Generalitat no debería consistir en querer ocupar el Palau. Debería consistir en querer hacerse cargo.
De la sanidad. De la educación. De las emergencias. De los problemas, las aspiraciones y el futuro de cinco millones de valencianos y valencianas.
Y Diana Morant quiere hacerlo.
