La exconsellera Salomé Pradas, en su declaración ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de los daños humanos provocados por la Dana, apeló a su ignorancia e inexperiencia en materia de Emergencias para justificar sus acciones y omisiones el 29 O, según han informado los medios de comunicación. Puede que tales afirmaciones formen parte de su estrategia de defensa y que reconocimientos tan vergonzosos persigan conmover a los jueces cuando se enjuicie su labor durante aquel trágico y desdichado día; pero, simultáneamente, plantean un terreno para la discusión: ¿qué conocimientos, experiencia u otros requisitos deberían exigirse a un responsable público para que fuera designado como tal?

En esta cuestión la Generalitat tiene abierta la puerta a una extensa discrecionalidad en las designaciones, ya sea de consellers, secretarios autonómicos, subsecretarios o directores generales. De hecho, ni siquiera existe, como sucede en la Administración General del Estado, la obligación de que, en los dos últimos grupos, los nombrados sean funcionarios. Aún más: aunque la calidad de funcionario sí resulte necesaria en los restantes niveles de la administración autonómica, la libre designación es la práctica general en el acceso a las subdirecciones generales y jefaturas de servicio.

Para intentar justificar el extenso perímetro de tal discrecionalidad suele invocarse el concepto de “confianza”. Pero, ¿de qué confianza hablamos? El sentido común nos lleva a considerar que ésta debería ser de índole profesional: elegir a la persona por su eficaz y demostrada trayectoria en anteriores puestos de responsabilidad, formación específica, empatía y capacidad de trabajo en equipo, entre otras cualidades.

Sin embargo, el sentido común funciona por barrios. Algo que sucede porque lo que algunos responsables públicos consideran “confianza” coagula únicamente en los campos amistoso (confianza persona) y/o ideológico (confianza política), contaminando de arbitrariedad los procesos de designación. Esta orientación, que los partidos políticos suelen asumir con extrema normalidad, choca con el deber de procurar una organización política y administrativa que funcione de acuerdo a lo establecido por la Constitución: sirviendo con objetividad los intereses generales y actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Unas administraciones cuyos empleados, también por mandato constitucional, deben gozar de garantías para llevar a cabo imparcialmente su actividad. ¿Cabe esperar que la objetividad, la imparcialidad funcionarial y la eficacia rijan cuando son el criterio personal, la conveniencia partidaria o la recomendación de algún grupo de presión los faros que orientan el proceso de nombramiento? La duda es más que legítima.

Las consecuencias de esa libertad sin restricciones de mérito, capacidad y valores éticos alcanzan un precio muy elevado cuando las responsabilidades asumidas por el personaje público inciden directamente sobre la seguridad y protección de los ciudadanos. En el caso de la exconsellera Pradas ya fue una primera negligencia que quien la designó, -el presidente Mazón-, no contrastara su expertise con las obligaciones que depositaba sobre sus espaldas; pero también fue imprudente la señora Pradas al aceptarlas. Una circunstancia que, dada su escasa formación previa, le exigía sumergirse con ahínco en el conocimiento de sus competencias sobre Emergencias. Más aún cuando la Ley de Gobierno Valenciano le asignaba las funciones de “Ejercer la dirección, iniciativa e inspección de todos los servicios del Departamento y la alta inspección y demás funciones que les correspondan respecto a los Organismos Autónomos adscritos al mismo”, así como “cuales otras facultades que les atribuyeren las Leyes, (como la Ley de Emergencias), los Reglamentos, el Consell o el President de la Generalitat (artículo 28) j y ll) ¿Cómo hacer lo anterior desde una ignorancia manifiesta reconocida en sede judicial?

Que se llegue a este punto no constituye una excepción. Lo que se ha consolidado, con el paso del tiempo, es la creencia de que los “políticos” ya no deben serlo porque conozcan qué tipo de nuevas políticas o reforma de las existentes podrían ser exitosas en su campo competencial: se ha extendido que lo más relevante debe ser su habilidad para enfrentarse a la oposición y dominar argumentarios, frases de plomo y ácido y logorrea vacía; sortear las preguntas incómodas de los periodistas; decir a los ciudadanos lo que se presume que desean escuchar, ocultando la imposibilidad de atender sus demandas como si un “no puede ser” educado y bien justificado no estuviera a la altura de la inteligencia ciudadana.

Ese “político” que cultiva la vacuidad es el mismo que señala a los “técnicos”, esto es, a los empleados públicos, cuando las circunstancias le vienen mal dadas. Un ritual al que también asistimos ahora, con algunas defensas disparando a todo aquel que le pueda servir como pieza de descargo en los tribunales.

La investigación pondrá a cada cual en su lugar, pero podemos hipotetizar que la presencia de la señora Pradas en el Cecopi el 29 O hubiera sido coherente con su responsabilidad si hubiera leído la Circular 2024 de la Agencia de Emergencias que publicitaba la disponibilidad del sistema ES-Alert para advertir de riesgos a los ciudadanos. Si hubiera conocido el Plan de Emergencias ante inundaciones y leído que los bomberos forestales de la Generalitat están llamados a controlar, sobre el terreno, la evolución de los cauces de los barrancos allá donde no existen controles automatizados. Y que dicha información debe trasladarse a la Confederación Hidrográfica para que la integre en sus datos y disponga de una visión más amplia y certera de lo que sucede en cada momento para su traslado a los responsables operativos de las Emergencias.

Finalmente, la señora Pradas debería reconsiderar su autocalificación de figura institucional, como si esta condición le permitiera levitar sobre la responsabilidad de sus actos y omisiones, a modo de titular monárquico. Lo único que podría aliviar la carga de su situación sería que hubiese demostrado ante la juez lo contrario de lo que alega; por ejemplo: que, desde que llegó a la Conselleria, mantuvo reuniones con los responsables de Emergencias y discutió con ellos sus diversos tipos, -inundaciones, incendios forestales, riesgos químicos y nucleares, etc.-, y las acciones prácticas realizadas con anterioridad para analizar la calidad de su ejecución; que estudió los documentos pertinentes y realizó observaciones para salvar las lagunas en materia de coordinación; que impulsó la realización de simulacros, la implantación de nuevos detectores de riesgos y el uso operativo de la información del 112; que amplió el diámetro del conocimiento de sus funcionarios de dos modos: incorporando a Emergencias profesionales con conocimientos complementarios (ingenieros, geógrafos, psicólogos sociales…) y buscando las mejores experiencias y prácticas en emergencias para que su personal las conociera directamente y las trasladara a la Comunitat Valenciana; que reunió al Cecopi con prontitud, basándose en lo aprendido; o que, mientras fue consellera, presentó al Consell propuestas para revisar las deficiencias existentes en infraestructuras críticas para la seguridad civil. 

Con esas acciones en su mochila de trabajo y mayor arrojo ante la jerarquía, quizás no tendríamos ahora a un president que aparece y desaparece como David Copperfield y, por supuesto, tampoco a una exconsellera que ha ilustrado el desconocimiento que contamina a la Generalitat.