VALENCIA. El domingo pasado se cumplió el segundo aniversario del anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Es decir, del anuncio de su definitiva derrota. A pesar de la enorme relevancia histórica del acontecimiento, el aniversario ha pasado sin pena ni gloria, posiblemente porque la irreversibilidad de la derrota de ETA es una evidencia palmaria. Pero, por desgracia, el aniversario ha coincidido con un acontecimiento que ha acabado poniendo de nuevo a la banda terrorista en primer plano: esta semana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revocó la sentencia impuesta por la justicia española a la terrorista de ETA Inés del Río, obligando al Gobierno español a ponerla en libertad de inmediato.

Esta decisión, adoptada por unanimidad por los 17 jueces del TEDH, supone el principio del fin de la denominada 'Doctrina Parot', adoptada por el Tribunal Supremo español a partir de 2006, y que consistía en aplicar la redención de las penas a los terroristas juzgados con el Código Penal de 1973 sobre la totalidad de la condena, y no sobre la pena máxima efectiva (30 años). Esto, que en la práctica suponía eliminar la redención de penas, impidió que Henri Parot, y muchos otros dirigentes terroristas beneficiados por las políticas de reinserción, saliesen en libertad.

El problema era que, en el camino, el Tribunal Supremo español decidió ignorar un principio básico de cualquier ordenamiento jurídico democrático: el carácter no retroactivo de las leyes. Es decir, la imposibilidad de endurecer a posteriori las condiciones aplicadas inicialmente a un recluso con el ordenamiento jurídico vigente en el momento en que se le juzgó. Una vulneración tan clara de los derechos de los reclusos que el TEDH no ha tenido dudas al apreciar la denuncia de Inés del Río contra el Estado español.

Han surgido voces airadas, desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos y desde la sociedad española, contra la resolución del TEDH. Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado una manifestación en protesta, este mismo domingo. Puede entenderse el estupor de las víctimas, su indignación ante la situación.. Lo que ya no se comprende tan bien es que el PP haya decidido acudir a la manifestación con una representación nutrida. En apoyo de las víctimas, pero también en protesta frente al TEDH.

La decisión del TEDH, que supone la revocación de la 'Doctrina Parot', puede leerse como un golpe propagandístico de ETA, en la medida en que deslegitima la política antiterrorista del Gobierno español. Se ha culpado de ello al propio TEDH, al expresidente Rodríguez Zapatero, a "Europa" (genéricamente)... Pero, probablemente, los responsables, como diría el expresidente Aznar, no se encuentran en desiertos lejanos. Los tenemos mucho más cerca. Son los magistrados que, en un obvio clima de presión política (aplicada desde la propia AVT y desde el PP, entonces en la oposición), decidieron convalidar un imposible jurídico en el momento en el que aprobaron la 'Doctrina Parot', rápidamente asumida y aplicada por el gobierno socialista y, posteriormente, también por el PP. Porque el problema no es adoptar políticas de endurecimiento de las penas contra los autores de delitos particularmente graves, lo cual, ocioso es decirlo, constituye una decisión totalmente legítima. El problema es cómo hacerlo. Si hacerlo con arreglo a la ley (como también se ha hecho, con el código penal de 1995 y con las disposiciones posteriores), o con un encaje jurídico imposible y chapucero, como la mencionada "doctrina". Las chapuzas y los "atajos", además de ilegítimos, son contraproducentes.

En los años 80, el GAL, un grupo terrorista con sospechosos vínculos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cometió diversos atentados contra ETA y su entorno social. Cuando el asunto comenzó a esclarecerse en los juzgados y en la prensa, en los años 90, el Partido Popular, así como algunos renombrados periodistas (como Pedro J. Ramírez o Federico Jiménez Losantos), clamaron, con toda razón, contra el escándalo de tener a un Gobierno democrático montando grupos terroristas para acabar con el terrorismo. Por eso causa estupor que ahora, ante la revocación de la 'Doctrina Parot', su reacción sea antagónica. Porque, evidentemente, alargar irregularmente las penas de los terroristas no es lo mismo que asesinar a los terroristas con procedimientos terroristas. Pero sí que pertenece al mismo escenario de posibilitar atajos en la lucha contra el terrorismo.

Llama mucho la atención, por ejemplo, que Pedro J. Ramírez haya lanzado a su periódico a una cruzada pro 'Doctrina Parot' con tanto fervor como en su día se lanzó para denunciar los GAL. Es sorprendente que no perciba la contradicción fundamental entre ambas campañas (o que sí que la perciba, pero le dé lo mismo). En lo que se refiere al Gobierno español, su margen de maniobra es escaso. Tras años de defensa a ultranza de la 'Doctrina Parot', lo mejor que puede hacer es lo que ha anunciado que hará: acatar la sentencia y cumplirla.

JUSTICIA Y VENGANZA

En cuanto a las víctimas y su actitud frente a la sentencia, la AVT ha recibido muchas críticas por la convocatoria de la manifestación y los términos en que ésta se produce. Pero, personalmente, me resulta difícil encontrar criticable los planteamientos de quien ha sufrido la pérdida de un ser querido por efecto de los asesinatos de ETA. Otra cuestión muy distinta es que conviene recordar que, precisamente porque son víctimas, no deberían juzgar el caso en el que están directamente implicadas.

Por sacar a colación un ejemplo histórico relacionado: en una situación parecida, aunque de carácter hipotético, se encontró el candidato demócrata a la presidencia de EEUU en 1988, Michael Dukakis, en un debate electoral. Dukakis era un firme opositor de la pena de muerte (que en EEUU tenía, y tiene, un apoyo claramente mayoritario). Un periodista le preguntó si mantendría esta postura en el caso de que su mujer fuese violada y asesinada. Se trataba de una pregunta brutal, y Dukakis respondió vacilante, apelando a las instituciones y al imperio de la ley. El fondo de la respuesta era correcto, pero la forma desalentó a los electores, reduciendo sus ya escasas posibilidades en unas elecciones que acabó ganando cómodamente George Bush (padre).

En la serie El Ala Oeste de la Casa Blanca Toby Ziegler, un asesor del presidente Barlet, le proporcionaba, en un ensayo de un debate, la respuesta adecuada a semejante pregunta: "Sí, desearía que su asesino fuese castigado con la pena de muerte, y de la forma más horrible posible. Por eso no es buena idea que los familiares de las víctimas tomen parte en la decisión de las penas que conviene aplicar". Porque la justicia no es la venganza, y ha de evaluar los hechos con objetividad y con arreglo a la ley. La justicia no puede cambiarse sobre la marcha siguiendo criterios populistas. Aunque sea muy difícil no hacerlo ante crímenes particularmente repugnantes y con enorme presión social.

#PRAYFOR... FELIPE GONZÁLEZ MONTA UNA AUTOFUNDANCIÓN

Felipe González ha creado una fundación, la Fundación Felipe González, dedicada a la investigación sobre la figura de Felipe González Márquez, expresidente del Gobierno español. El presidente de la Fundación Felipe González será Felipe González.

La cosa casi parece un chiste, pero no lo es. No puede decirse que entre las virtudes de Felipe González haya estado nunca la modestia, pero con los años el asunto parece haberse desbocado. Cada vez son más habituales las declaraciones "providencialistas", de padre de la patria, del expresidente. Ahora podrá hacerlo desde la atalaya de la Fundación Felipe González, investido de la autoridad que otorga la presidencia de la Fundación. Como próximo paso, tal vez podría plantearse montar una fundación a medias con José María Aznar, a ver quién se reivindica más a sí mismo.

*Guillermo López García es profesor titular de Periodismo de la Universitat de València. @GuillermoLPD