VALENCIA. Con motivo del acto de graduación de los estudiantes de la Facultad de Economía, José Viñals, director del Departamento de Política Monetaria y Mercado de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI), pronunció hace unos días en Valencia una interesantísima conferencia sobre la transición de la economía mundial en la salida de la actual recesión. Señaló que los datos de esta institución confirman las noticias positivas sobre la economía mundial, pues está iniciándose la recuperación del crecimiento económico y ha aumentado la estabilidad financiera.

También dijo que España volvía a ser un destino atractivo para los inversores extranjeros, por lo que era de prever continuase entrando capital en los próximos meses. No ha sido el único en apuntar en esta dirección: Emilio Botín también lo ha dicho, mientras que Bill Gates ha entrado en FCC con una participación del 6% de la compañía. Por otro lado, si se confirmase que el crecimiento en el tercer trimestre ha sido del 0.1%, podríamos hablar, técnicamente, del final de la recesión.

Tras nueve trimestres de recesión en la economía española, la llegada de buenas noticias económicas y la subida de la Bolsa parecen marcar un cambio en la tendencia. Es cierto que la situación es bien diferente si la comparamos con la de hace un año: de estar al borde de la intervención, a darse por finalizado el proceso de recapitalización de los bancos (gracias a la entrada de 40.000 millones de euros proporcionada por el Mecanismo Europeo de Estabilidad - MEDE). No obstante, hay que tratar todas estas noticias con muchísima prudencia, pues se está lejos de retornar a un crecimiento estable al no estar aún asentadas las bases para ello.

LENTA Y DOLOROSA

En efecto, una vez la economía salga de la recesión, su situación no será la misma de la que partíamos en 2007. España está endeudada, desde empresas y familias hasta las Administraciones del Estado. Mientras durante estos años el sector privado ha acelerado la devolución de su deuda, el sector público la ha ido acumulando rápidamente. La principal tarea que queda respecto a las cuentas públicas es estabilizar la deuda e ir reduciéndola hasta niveles cercanos al 60% del PIB, tal y como se nos exige en la Unión Monetaria.

Sin embargo, esta tarea se antoja muy lenta y dolorosa en términos de crecimiento: de acuerdo con los cálculos del FMI, España lograría retornar a este nivel alrededor del año 2030 si cumple el calendario de reducción de déficit pactado y mantiene superávit primarios de aquí a entonces. Eso quiere decir que los ingresos del Estado deben ser mayores que el gasto público, excluyendo los pagos por intereses.

Teniendo en cuenta la precariedad de la situación actual, ello significa mantener niveles de gasto público (del cual sanidad, educación y prestaciones sociales son las tres cuartas partes) algo inferiores a los actuales (en total, reducirlo alrededor de un 5% del PIB), y esperar que la economía crezca a una tasa tal que los impuestos recaudados sean suficientes.

A nadie le gusta decir verdades incómodas, pero en estos cálculos no hay ningún componente ideológico, sino la más pura aritmética de las cuentas públicas. Admitir las dificultades y la existencia de problemas es el primer paso para su solución.

IMPUESTO SOBRE LOS AHORROS

En el último número del informe Monitor Fiscal del FMI, aparecido el 12 de octubre pasado, se apunta a la necesidad de reformas fiscales en los países con mayor deuda. No se descarta ninguna opción y, entre ellas, la de un impuesto sobre los ahorros, cargado una sola vez y con el objetivo de usarlo para devolver la deuda acumulada. Los cálculos del FMI indican que la cuantía necesaria para que fuese efectivo en la reducción de deuda sería del 10%.

Se trataría de aplicar la misma medida que se ensayó hace unos meses en Chipre, pero ahora a países más grandes, como Irlanda o España. Cabe señalar que se trata sólo de un cálculo en el ámbito de un informe técnico más amplio sobre la transición y la salida de la crisis. En ese contexto hay que situarlo. Pero también conviene compararlo, en términos de costes, con otras opciones alternativas para solucionar el sobreendeudamiento que padecemos.

La primera opción era la intervención. De haberse realizado, en el paquete de medidas a tomar -además de los ajustes del gasto y de los impuestos- podría haberse incluido la condonación de una parte de la deuda del país (por ejemplo, reducirla en un 20%, es decir, el país se compromete a devolver el 80% de lo que debe). Aunque para Grecia esta medida fue insuficiente, en otros casos seguramente habría sido más efectiva, aunque no se aplicó por el tamaño de los mismos.

Los efectos sobre la economía dependen de quiénes sean los tenedores de esa deuda: si éstos son tanto nacionales como extranjeros, los costes se repartirían dentro y fuera del país. Esto es lo que se hizo durante la crisis de la deuda latinoamericana en la década de los ochenta. Sin embargo, en el caso de España, en la medida en que una buena parte de los compradores extranjeros se han desecho de la deuda española y ahora la tienen (con la financiación del Banco Central Europeo) los bancos españoles, el coste recaería también sobre la economía nacional.

La segunda opción para reducir la carga de la deuda es generar inflación por encima de la esperada. Esta opción quedaría descartada, por poco realista, puesto que la inflación es competencia del Banco Central Europeo y se fija en el 2% anual.

EL PESO DEL AJUSTE

La tercera opción es la elegida en la actualidad, la llamada "austeridad": mantener la contracción del gasto público y subir los impuestos, de forma que recae todo el ajuste sobre la economía española, pues debe comprometerse a cumplir con el servicio de la deuda. El principal problema es de carácter temporal: existe un riesgo elevado de que el cumplimiento en el servicio de la deuda nos condene a un largo periodo de estancamiento y de que el desempleo, sin reformas estructurales y en una economía fuertemente endeudada, no se reduzca hasta niveles social y económicamente tolerables.

La pregunta quizá más relevante que cabe hacerse es no sólo cómo se ha repartido hasta ahora el coste de esta crisis, sino sobre quién recaerá el peso de la transición hasta recuperar la estabilidad. El ajuste ante la recesión se ha producido por dos vías: la primera es el aumento del desempleo; la segunda, el descenso de los salarios reales. Al hablar de desempleo no sólo se incluiría a los trabajadores que han sido despedidos, sino también el cierre de empresas y negocios, o la reducción en las horas trabajadas. El descenso de los salarios reales (con la consiguiente caída del poder adquisitivo) se ha concentrado en aquellos que son fijados por el Estado, funcionarios y empleados públicos.

Dadas las opciones, resulta difícil elegir, pero la procrastinación no parece ser la mejor. Los españoles hemos soportado hasta ahora el peso del ajuste. Ha llegado el momento de pedir un reparto más equilibrado con nuestros socios europeos.