La Comunitat Valenciana sigue hoy en una crisis política y moral sin precedentes, por mucho que algunos se empeñen en negarlo. No es solo la herencia de la peor gestión de una emergencia en la historia reciente de nuestro autogobierno; es, sobre todo, la constatación de que el Partido Popular ha utilizado las instituciones para proteger a su líder, Carlos Mazón, pese a las evidencias acumuladas durante un año de investigación judicial y parlamentaria. Lo que hoy sabemos del caso de la DANA no solo desmonta las versiones oficiales: demuestra que Mazón no fue el único responsable, pero sí el máximo culpable político de un desastre que pudo evitarse y que se gestionó con frivolidad, improvisación y engaños premeditados.
Durante meses, el PP valenciano, el PP de Feijóo y Vox han tejido un muro de protección alrededor de Mazón. Un año entero justificando lo injustificable, negando errores evidentes, contradiciendo a los técnicos, culpando a otros y, sobre todo, mintiendo. Pero la investigación judicial ha empezado a abrir grietas. La jueza ha ido destapando mentiras que se habían repetido con total tranquilidad institucional. Y quizá el ejemplo más revelador son los whatsapps aportados por la entonces consellera Salomé Pradas. En ellos, su conversación con Cuenca, mano derecha de Mazón, es inequívoca: cuando Pradas plantea la posibilidad de confinar, él responde con un tajante “Salo, de confinar nada”. Esa frase desmonta de raíz todas las versiones que el PP sostuvo durante un año, porque demuestra que la orden de no actuar existió, y que vino del núcleo duro del president.
A esta evidencia se suma otro hecho relevante: las declaraciones de Mazón y de Cuenca en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados contrastan con la información conocida posteriormente y con los mensajes aportados por Salomé Pradas. Estas contradicciones, que ahora están siendo examinadas por la justicia, obligan a analizar con rigor qué ocurrió realmente durante aquellas horas críticas y si se produjeron omisiones o inexactitudes en sede parlamentaria. No se trata de anticipar conclusiones, pero sí de subrayar que la publicación de esos mensajes abre interrogantes que pueden tener consecuencias no solo políticas, sino también de otra naturaleza, y que deben esclarecerse con todas las garantías.
El relevo en la Presidencia, orquestado por el PP con la ayuda imprescindible de Vox, es la continuación de ese intento de blanqueo. Cambiar al president para salvar el proyecto político del PP no borra ni uno solo de los errores del 29 de octubre ni del año posterior. De hecho, pretende justo lo contrario: normalizar la gestión desastrosa, presentar una “nueva etapa” sin asumir responsabilidades y fingir que todo puede recomponerse con una visita a la zona cero o una disculpa tardía. Pérez Llorca puede intentarlo, pero las víctimas han sido claras: no se reunirán con él mientras Mazón mantenga su escaño de diputado y siga aforado. Y tienen razón. No puede haber reconciliación sin verdad, sin transparencia y sin justicia.
Porque la realidad es que el PP no ha pensado ni un solo día en la seguridad de los valencianos. Pensó en el puente de Todos los Santos, en no estropear la fiesta, el negocio, la imagen. Y por eso se retrasaron decisiones cruciales. La propia Pradas, obsesionada con hacerse una foto con los bomberos en Carlet, retrasó la convocatoria del Cecopi, una de las causas directas de la falta de reacción ante la emergencia. Lo sabemos por sus mensajes con Mazón. Y todavía no lo sabemos por los de Cuenca porque asegura que perdió todos sus mensajes por un cambio de móvil, culpando a los funcionarios de la DGTIC. Su versión está por comprobar, pero si finalmente se acredita que existió una cadena de mando clara entre Mazón, Cuenca y Pradas, la responsabilidad no recaerá únicamente en la consellera.
Tras el desastre, lejos de rectificar, el PP mantuvo la misma lógica: el negocio por encima de la ciudadanía. Primero, no queriendo “estropear” el puente; después, viendo en la reconstrucción una oportunidad para hacer política clientelar. Por eso necesitan mantener la Generalitat a cualquier precio. No es una cuestión ideológica: es un proyecto de poder económico y de impunidad.
Y por eso también han evitado a toda costa convocar elecciones. Porque saben que la mayoría social valenciana no les perdonarán el abandono, las mentiras y la degradación del autogobierno. Si realmente hubiesen estado convencidos de su apoyo social, hubiesen hecho como en Extremadura y devuelto la voz al pueblo. Pero no lo han hecho. Porque aquí, en la Comunitat Valenciana, el PP sabe que lo tiene muy difícil y por eso se aferra a VOX, asume todos sus postulados y entrega nuestra dignidad institucional a la extrema derecha. Quien pierde no es el PSPV. Pierde la ciudadanía. Pierde el autogobierno valenciano.
Al final, todo lo que hemos visto este año revela con una claridad dolorosa cuál es la verdadera concepción del poder que tiene el Partido Popular: la juerga antes que la responsabilidad, la apariencia antes que la verdad y el negocio antes que el interés general. Esa es la cultura política que explica por qué Mazón desoyó la emergencia, por qué Pradas priorizó una foto antes que convocar el Cecopi y por qué el PP ha dedicado doce meses a ocultar, confundir y proteger a los suyos. Frente a ese deterioro ético, la Comunitat Valenciana necesita una alternativa limpia y valiente, un proyecto que ponga la vida, la seguridad y la dignidad de la gente por delante de cualquier cálculo. Esa alternativa existe y se llama Partido Socialista, con Diana Morant al frente: vocación de servicio público, decencia en la gestión y una profunda conciencia de lo que significa gobernar para todos, no para unos pocos.
Hoy, más que nunca, toca reivindicar esa forma de hacer política: honesta, transparente y profundamente humana. Y, como recordó Michelle Obama en la Convención Demócrata de 2016, “la política no consiste solo en palabras; consiste en quiénes somos y en cómo honramos la verdad”.
Ese es el horizonte que debemos recuperar: devolver la dignidad a la Comunitat Valenciana recuperando la verdad, la ética pública y un gobierno que esté a la altura de su ciudadanía.
