VALENCIA. La cómoda opción expuesta en el texto publicado el sábado pasado que explica la crisis de la socialdemocracia a partir de la derechización de las sociedades europeas es defendida mayoritariamente por quienes viven de la política y no para la política en la vieja distinción que hiciera Max Weber. Pero no la única. Existe una alternativa mucho más audaz, mucho más pesimista también, que parte de dos constataciones. La primera, la falta de adaptación de los principios de siempre a la realidad vigente en este inicio del siglo XXI por parte de las organizaciones que se autodenominan socialdemócratas. La segunda las consecuencias de una economía globalizada sobre la acción política estrictamente nacional. Sobre ello, aunque sea de manera sintética y seguramente confusa, tratan los párrafos siguientes.

Combatir lo primero es lo que intentaron en el pasado la socialdemocracia escandinava en los años setenta ante el espectacular aumento del desempleo, y Tony Blair en los años finales del siglo XX, en relación con las prestaciones sociales del Estado del Bienestar dentro de la adaptación general de la socialdemocracia que suponía la 'tercera vía'. Pero la velocidad del cambio es tal que la pesada y burocrática máquina de los partidos se adapta mal a ella. Las elecciones no pueden más que reflejarlo. En especial en el caso de algunos, como el PSOE, que ni siquiera se lo han planteado.

Que en los dos esfuerzos de adaptación mencionados el éxito fuera limitado, o la deriva posterior del líder laborista británico, no quita a ambas iniciativas el inmenso mérito de haber realizado el esfuerzo de adaptar la concreción de los principios de siempre a realidades muy diferentes a la original. La riqueza de la aportación de Giddens a la renovación del socialismo -más divulgada que los esfuerzos de la socialdemocracia escandinava- sigue vigente más de una década después de la publicación de su libro.

No sería descartable que en España una mayor discusión sobre ellas dentro del PSOE hubiera evitado la deriva del gobierno de Zapatero en la última fase de la burbuja cuando adoptó medidas no compatibles con los principios socialdemócratas. Claro que en tal caso el PSOE sería una organización política abierta al debate y no en gran medida un grupo de intereses particulares.

Sin embargo, dentro de estos esfuerzos, las implicaciones de la globalización sobre la actividad estrictamente política han venido recibiendo escasa atención. Quizá por suponer una clara erosión del poder de los políticos, poco proclives a considerar que no hay menor poder político que carecer de respaldo electoral. Así, Giddens, como otros autores, insistieron reiteradamente en los desafíos que suponía la globalización para la igualdad de oportunidades. El surgimiento del concepto de la sociedad del conocimiento es en buena medida resultado de esto.

Y este relevante sociólogo británico argumentó brillantemente la necesidad de la izquierda de diferenciarse de la derecha mediante la "democratización de la democracia" a través de la descentralización de las decisiones y la búsqueda de nuevas formas de participación. Algo, no hace falta decirlo, que los partidos políticos socialdemócratas mayoritariamente ignoraron al implicar una dación de cuentas continuada y flexible.

El modesto poder de los gobiernos

Sin embargo, las consecuencias de seguir centrados en una práctica política "nacional" cuando la economía está globalizada y la movilidad del capital, esto es de la inversión, de un país a otro es completa, han sido escasamente analizadas. Y éste es quizá el quid de la cuestión. O, al menos, uno de ellos especialmente aplicable a la realidad española y al sur de Europa. Porque las acusaciones genéricas "a los mercados" como causantes de las decisiones de reducción del gasto (que es fundamentalmente social) a las que se ven obligados los gobiernos (el español, pero también el portugués o el griego y antes otros) tienen una traducción económica sencilla: que el resto del mundo, en tanto que inversor en el país, exige determinadas decisiones para seguirle confiando ese capital... Unas decisiones que los ciudadanos del país consideran que no han apoyado en las urnas, lo que les conduce a la conclusión, como estamos viendo estos días en España, de que los gobiernos socialdemócratas están traicionando sus programas para plegarse ante "los grandes poderes económicos".

Esta secuencia permite ilustrar las implicaciones del nuevo marco global. El gobierno nacional no tiene poder sobre los inversores extranjeros, los cuales, sin embargo, aparecen como determinantes en sus decisiones en lugar de los electores. 'Manda quien no vota' podría ser una conclusión. Pero siendo en gran parte cierta, lo que no es en modo alguno es nueva. Es por esa razón por lo que esta sociedad se ha venido llamado capitalista, porque lo poseedores de capital tienen mayor poder que los que no lo poseen. Pero es que además la conclusión ignora muchas cuestiones relevantes en un debate sobre la democracia en el siglo XXI, y una de ellas decisiva para el argumento esbozado.

Sobre las primeras no puedo considerarlas aquí pero la segunda es clara: la enorme importancia de los inversores internacionales para cada país considerado individualmente. Se olvida al defender esa conclusión, por otra parte, que existen un buen número de consecuencias económicas, como sucede en otros ámbitos de la actividad humana, que no se votan sino que son mero resultado de decisiones previamente adoptadas. Si una empresa o familia se ha endeudado es seguro que el prestamista hará todo lo que esté en su mano por asegurarse la recuperación de la deuda. Sea nacional o extranjero. Y no asegurarle el cobro por ley llevaría a la desaparición de los préstamos.

En una época dominada por el aumento brutal de la interdependencia de las economías a través de masivos movimientos de capital y personas, de mercancías y servicios, todos hablamos de globalización pero pocos parecen querer conocer sus implicaciones menos gratas. Y menos que nadie los políticos dado que supone reconocer que su capacidad para influir sobre la realidad es muy inferior a la que pretenden. Así, en el ejemplo señalado, ninguno de los gobiernos socialdemócratas implicados reconoce, o reconocía en el caso de Portugal, que de no cumplir las pretensiones del inversor exterior (los mercados) éstos abandonarán el país. Lo cual conllevará su colapso económico y una situación para los ciudadanos mucho peor que la resultante de aplicar las condiciones exigidas por los inversores internacionales.

Volviendo al caso de España, pocos españoles parecen tener en cuenta el elevadísimo nivel de endeudamiento del país que tantas alegrías causó mientras se producía. Así, mientras en 1995 el porcentaje de la Deuda del Estado Español registrada en poder de extranjeros era el 11.18% actualmente la proporción alcanza el 53.69%, esto es, cinco veces más y la mayoría del total. La situación es similar en el caso de familias y empresas, más endeudadas incluso que el Estado Central. Los inversores extranjeros, los mercados, son pues los principales acreedores de los españoles.

Déficit, endeudamiento y socialdemocracia

Porque las familias españolas se han hipotecado masivamente acudiendo a entidades financieras españolas. Pero de lo que no todas se percatan es que la mayor parte de esos créditos hipotecarios han sido vendidos a inversores extranjeros a través de operaciones de titulización. O lo que es lo mismo, que son propiedad de inversores extranjeros que quieren que intereses y capital de su inversión les sean devueltos en los plazos pactados y están dispuestos a tomar decisiones drásticas para asegurarse que ello sea así.

Y la condición primera para tratar de asegurar la capacidad de devolución de los préstamos es acompasar gastos e ingresos. Y cuando los segundos, los impuestos, han caído verticalmente como consecuencia de la crisis y los ciudadanos implicados no quieren ni oír hablar de subidas de impuestos, no se puede seguir manteniendo el mismo nivel de los primeros. Es lo que están exigiendo los mercados al gobierno griego, como antes se lo exigieron al de Portugal, y como de manera menos contundente piden al gobierno de Rodríguez Zapatero.

Sin duda, ante esta situación los ciudadanos de un país podrían negarse a cumplir las exigencias de los prestamistas si alguna opción política lo planteara en una campaña electoral. Será difícil, sin embargo, que este hecho se produzca porque la irresponsabilidad o demagogia de las elites políticas no alcanza, en ningún país, ese nivel. Ni siquiera en la Grecia de las dinastías de los Papandreu y Karamanlis. Pero lo que sí se produce es una erosión de la credibilidad de los gobiernos que deben de adoptar las decisiones para reequilibrar la situación. Y mucho mayor si son de orientación socialdemócrata que conservadora.

Las razones de esta asimetría son muchas, en gran parte no económicas. Pero entre éstas sobresalen tres: 1º, porque la socialdemocracia siempre ha defendido la desconfianza en la capacidad del mercado como mecanismo para asignar recursos de manera eficiente. 2º, siempre ha defendido un papel más activo del sector público para corregir los desequilibrios generados por el primero. Y 3º, porque es la defensora de la equidad. Y la igualdad es lo primero que salta por los aires con el avance de la globalización. Lo que exige articular políticas realistas, adaptadas a la situación del siglo XXI, para evitarlo, en lugar de esa feria de regalos fiscales en que se convirtieron los gobiernos de estos países del sur de Europa en la fase final de la expansión. Regalos comprados a crédito que ahora, cuando menos ingresos se tienen, hay que pagar.

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(*) Jordi Palafox es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia donde imparte varias asignaturas relacionadas con la globalización