Para el lunes 11 de mayo hay convocada una huelga en la educación de la Comunitat Valenciana. Es una jornada de protesta puntual. Se trata de una huelga indefinida; es decir, que mientras no se alcance un acuerdo entre las partes, la huelga seguirá hasta el fin de curso. La convocatoria de la jornada no debería pillar a nadie por sorpresa. Los docentes hace años que vienen poniendo sobre la mesa una serie de reivindicaciones que han sido ladeadas por la Conselleria de Educación en este mandato. El Gobierno del cambio, como lo denominó el entonces presidente Carlos Mazón, puso el objetivo en el cambio de la Ley Educativa, la denominada Ley Rovira, pero dejó de lado el sentir de otras peticiones de la comunidad educativa —profesores y padres— para otra ocasión

En algunos casos, ese malestar viene de la etapa del Botànic. Por ejemplo, una de las reivindicaciones es la subida salarial de los profesores, algo que ya se reclamaba con Vicent Marzà al frente del departamento. Los sueldos de los profesores llevan sin actualizarse desde hace 19 años. Ahora, a ello, se suman peticiones para reducir la ratio de las aulas; la mejora de las infraestructuras, en cuanto a las condiciones climáticas se refiere; la vuelta de los barracones —también los había con el Botànic, pero siempre con alguna justificación (acertada o no)—; el incremento de la burocracia y el arrinconamiento del valenciano en el sistema educativo.

El PP ha ido minimizando los efectos de esta huelga hasta que la ha visto como algo irrenunciable por parte de los convocantes. Después, vino el debate de los servicios mínimos para los alumnos de Segundo de Bachillerato, que deben examinarse de la EBAU a principios de junio, y la carta de la consellera, Mari Carmen Ortí, dejando entrever que, si no se garantiza el derecho a la educación de los niños y niñas valencianas, era culpa de los convocantes. Y, entre medias, una oferta para aplacar la protesta, focalizada en los sueldos de los profesores, con una subida de 75 euros al mes durante tres años, como si el resto de reivindicaciones fueran de menor importancia.

No sé cómo acabará la negociación. Es posible que el lunes la huelga sea un éxito: están todos los sindicatos detrás de la pancarta. A partir del martes será otra historia porque esos profesores que se manifestarán por las calles de las capitales de la Comunitat también tienen hipotecas y créditos que pagar. Y mantener una protesta indefinida es una derrota para los gobernantes, que deberían atajarla cuanto antes, pero también dolorosa para los convocantes. Pierden todas las partes y, sobre todo, los alumnos, que están en medio y no tienen culpa de nada.

Ya hubo una huelga el 23 de mayo de 2024. Pero el Gobierno de la Generalitat ya hizo caso omiso. Sueldos aparte, que hasta anteayer se ligaban a la aprobación del sistema de financiación; es decir, difícil, la verdad es que la Educación ha vivido pocas alegrías en estos últimos años. Salvo en la zona de la Dana, por imperiosa necesidad de reconstrucción, en el resto del territorio son pocos los institutos o colegios que se han inaugurado, y menos los que han adoptado mejoras. Y, paralelamente, la población de la Comunitat no ha parado de crecer, fundamentalmente en las zonas litorales. No hay municipio de los grandes que no haya tenido que improvisar un nuevo colegio, y lamentablemente con barracones. Xàbia, Santa Pola, Torrevieja o Alicante proyectan nuevos colegios por el crecimiento de población extranjera. Y no solo por aquellos a los que Vox les dejaría en la cola de las ayudas de los servicios sociales, sino porque muchos europeos, desde holandeses a belgas, o de ucranianos a rusos, han optado por comprar una casa, residir aquí y escolarizar a sus hijos en la Comunitat Valenciana. Y ello es extrapolable a los servicios sanitarios, de los que también hacen uso como residentes, aunque después deba haber compensaciones, bien del Gobierno, bien de la UE.

Hay quien verá la protesta como ideológica, como casi todas, pero en este caso hay que tener en cuenta que el crecimiento de la Comunitat en todos sus registros, y del que los políticos siempre sacan pecho de lo bien que va la autonomía, tiene unas consecuencias: y es que los servicios públicos tienen más usuarios y, por tanto, necesitan más profesionales, mejor pagados y mejores instalaciones. Sea en la educación, en la sanidad o en la ITV. Se podrá echar la culpa a los sindicatos, a los profesores y al sursuncorda, pero que entre mucha gente por el aeropuerto tiene un riesgo, y una virtud: y es que la población quiera vivir en esta tierra. Y eso tiene un coste y hay que asumirlo. ¿Quién debe asumirlo? Ese es el debate eterno. El lunes escucharemos proclamas para volver a la mesa de la negociación. Pues eso vale para todo, también para el sistema de financiación autonómica, que debe remediar la saturación de los servicios públicos. Por eso la huelga educativa no es una casualidad. Sus asignaturas pendientes llevan meses sobre la mesa. Pero siempre había una excusa para no atenderlas. Ahora han dicho basta. Y algo de razón tienen, aunque se quiera poner el foco en sus sueldos.