La defensa del derecho a una vivienda digna no puede quedarse en vanas promesas. Debe ser una prioridad de gobierno respaldada por compromiso político, inversión pública y valentía institucional. Exactamente lo que ha hecho el Gobierno de España al impulsar el Acuerdo Estatal por la Vivienda, una hoja de ruta clara y ambiciosa para garantizar el acceso a un hogar asequible y digno. Sin embargo, esa valentía choca con la inacción, cuando no el retroceso, de muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular. Uno de los ejemplos más claros es el de la Comunitat Valenciana.

Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea soluciones reales al principal problema que reconoce la ciudadanía como es el acceso a la vivienda, el Partido Popular ha vuelto a lo de siempre: ruido, confrontación, y una política vacía de soluciones. Han convertido incluso la vivienda en un campo más para su guerra contra el Gobierno central, olvidando que la competencia en esta materia recae fundamentalmente en las comunidades autónomas. Y que muchas de ellas, la mayoría de las gobernadas por el PP, están fallando estrepitosamente. 

Así lo demostraron ayer en la farsa de Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada por el partido popular en el Senado de España, donde vimos un concurso de mítines de dirigentes territoriales del PP, en esa carrera abierta a pescar un puesto en la próxima dirección de Feijóo.

En el caso valenciano, los datos son incontestables. La gestión del Consell de Mazón en materia de vivienda ha sido una vez más, negligente. Su primer año al frente de la Generalitat se saldó con un hecho escandaloso: ni una sola ayuda al alquiler resuelta en 2023. Cero euros ejecutados. Una desatención total a las familias en un contexto de emergencia habitacional, donde el alquiler se ha convertido en una pesadilla para miles de hogares. Y por si fuera poco, el presupuesto para estas ayudas en 2024 sufrió un recorte de 14 millones de euros.

¿El resultado? Más de 4.000 familias que tenían derecho a la ayuda se quedaron fuera, a diferencia de lo que sucedía con el gobierno anterior, con el president Ximo Puig al frente, sí accedían a estas prestaciones. 

Ayer la vicepresidenta Camarero se atrevió a comparecer en el Senado para seguir mintiéndole a los valencianos y valencianas, en este caso, para hablar de su nefasta política de vivienda, atreviéndose a presumir de unas ayudas sufragadas en su mayoría por fondos del Estado, en más del 80%, 22 millones de euros frente a los escasos 4,4 millones de aportación de la Generalitat.

Una insuficiente política que se extiende al bono joven del alquiler, una medida clave para la emancipación juvenil. Y donde de nuevo, el esfuerzo económico lo ha demostrado el Gobierno de España, con 23 millones de euros, justo el doble de inversión que la Generalitat Valenciana. Esta falta de implicación del Consell volvió a dejar sin ayuda a miles de jóvenes que cumplían los requisitos. 

Esta falta de apuesta política no es una excepción, sino una forma de gobernar. Una forma que favorece a unos pocos mientras se desentiende de las necesidades de la mayoría. El PP valenciano vuelve a sus viejos hábitos: recortes en lo público, promesas sin ejecutar y beneficios fiscales para los más ricos. El regalo fiscal de 1.000 millones de euros del gobierno valenciano a las rentas más altas contrasta gravemente con el abandono de las familias trabajadoras que necesitan apoyo para pagar su vivienda.

¿Y qué hay de la promoción de vivienda pública? Mazón anunció con grandes titulares el Plan Vive, prometiendo 10.000 viviendas entre 2024 y 2026. ¿Cuál es la realidad dos años después? Ni una sola vivienda construida. Ningún proyecto formalizado. Ninguna obra iniciada. Todo humo.

Y es más grave todavía cuando conocemos que el gobierno de Puig dejó adjudicadas 1.090 viviendas listas para comenzar las obras y este Consell ni siquiera ha sido capaz de empezar a construirlas, eso sí, no ha tenido reparo en sumarlas a su plan como si fueran mérito propio. En lugar de avanzar, el nuevo Consell ha obstaculizado el desarrollo del segundo concurso pactado con el Ministerio: subieron el precio del módulo en más de un 40%, lo que provocó que quedara desierto. Después, permutaron el suelo, perdiendo así la posibilidad de acceder a fondos europeos dirigidos al alquiler de vivienda social. Una muestra más de su falta de rigor y compromiso.

Por si no fuera suficiente, han desmantelado avances legislativos importantes. Han eliminado la calificación permanente de la vivienda protegida, aprobada en la Ley de Función Social de la Vivienda impulsada por los socialistas valencianos. No limitan el precio del alquiler como exige la ley estatal poniéndole freno a la subida de los precios. Y han rechazado el pacto del 60/40 planteado por el Ministerio de Vivienda, renunciando a más de 300 millones de euros de fondos de presupuesto del Estado.

La prioridad del PP, en cambio, parece estar en alimentar bulos sobre la ocupación con K, a pesar de que en España represente una cifra ínfima del parque de viviendas. Pero eso sí, da para muchas portadas y para seguir el juego a sus socios de la ultraderecha. Lo que no parece preocuparles tanto son los desahucios, los alquileres abusivos, la juventud atrapada en casa de sus padres, ni las familias vulnerables que esperan una respuesta que no llega.

Mazón ha demostrado que su gobierno ha renunciado a ejercer como garante del derecho a la vivienda. Y lo ha hecho por decisión ideológica. Porque para él y su partido, el acceso a una vivienda no es un derecho que debe ser protegido por lo público, sino un bien de mercado reservado para quienes puedan pagarlo. 

La única ocupación que verdaderamente le importa al señor Mazón es mantener la suya propia en el Palau de la Generalitat, de eso ya no nos cabe ninguna duda.