Valencia vive una emergencia habitacional sin precedentes. Una situación que no ha surgido por casualidad ni por causas externas. Esta crisis es el resultado directo de las políticas fallidas del Gobierno de Pedro Sánchez y su Ley de Vivienda de 2023. Es hora de decirlo alto y claro: el PSOE nos está llevando a la chabola.

Los datos son contundentes. Según el último informe de 2025 del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, la ciudad ha sufrido un desplome de la oferta de vivienda nueva del 85% desde 2019. En ocho de los diecinueve distritos de Valencia ya no hay una sola promoción útil para calcular precios medios. Es decir, media ciudad ha desaparecido del mapa inmobiliario, lo que ha disparado los precios y ha empujado a miles de familias hacia los márgenes del sistema.

Hoy el precio medio de la vivienda en Valencia se sitúa en los 3.500 euros por metro cuadrado, y en seis municipios del área metropolitana ya se superan los 3.000 euros/m², llegando incluso a niveles por encima de la capital en municipios como El Puig o Godella. ¿El resultado? Una “contaminación” de precios que se extiende como una mancha de aceite por toda el área metropolitana.

El PSOE presume de “blindar derechos”, pero sus leyes solo han servido para dinamitar el mercado del alquiler y asustar a los pequeños propietarios. La Ley 12/2023 impuso topes artificiales, bloqueó la actualización de rentas y generó una inseguridad jurídica insoportable. ¿La consecuencia? Miles de viviendas han salido del mercado convencional, y hoy el 35% del mercado en Valencia ya es alquiler temporal, al margen de la ley.

Mientras tanto, el precio medio del alquiler se ha disparado hasta los 1.674 euros mensuales. No es solo que los jóvenes no puedan comprar; es que ni siquiera pueden alquilar. ¿Dónde queda el “escudo social” del que presume el Gobierno? Pues a la vista está: en ruinas. Y lo más grave es que el riesgo de asentamientos irregulares ya es una amenaza real, como bien advierte el informe. No hay más que pasearse por el Jardín del Turia para comprobarlo.

Desde el Partido Popular venimos advirtiendo de esto desde hace años. No se puede gobernar el mercado con eslóganes ni con decretos redactados en despachos desconectados de la realidad. Es urgente actuar con responsabilidad: derogar la Ley de Vivienda y sustituirla por una normativa que incentive la oferta y garantice seguridad jurídica. Impulsar la vivienda protegida en colaboración con el sector privado, desbloqueando sin más excusas el módulo dinámico del Decreto 180/2024. Ofrecer incentivos fiscales a la construcción y al alquiler asequible, especialmente en zonas tensionadas.

Frente al fracaso del Gobierno central, los Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular están demostrando que sí hay alternativas eficaces. Uno de los casos más destacados es el del Ayuntamiento de Valencia, presidido por María José Catalá, donde se ha impulsado un ambicioso plan de vivienda con resultados concretos y en tiempo récord. En menos de un año de gobierno, el PP en Valencia ha reactivado más de 400 viviendas públicas vacías que estaban cerradas por desidia del anterior gobierno de izquierdas, ha impulsado la agilidad en las licencias urbanísticas, reduciendo los plazos en más de un 30%, ha lanzado un plan de colaboración público-privada para la promoción de vivienda asequible en suelos municipales, con garantías jurídicas y criterios de eficiencia y ha implementado ayudas específicas al alquiler para jóvenes y familias con rentas medias, focalizadas en quienes realmente lo necesitan, sin crear distorsiones en el mercado. 

Este modelo, basado en seguridad jurídica, gestión eficaz y colaboración con el sector privado, está logrando lo que el Gobierno de Sánchez es incapaz de hacer: poner vivienda en el mercado, en tiempo y forma, sin ideología y con resultados.

No hay tiempo que perder. El PSOE ha tenido poder, recursos y mayoría parlamentaria. Lo que no ha tenido es ni ambición, ni respeto por la clase media trabajadora. Su modelo de vivienda fracasa porque castiga al que quiere emprender, al que quiere invertir y al que quiere formar una familia. Y a todos ellos los está empujando a la chabola.

Valencia merece más. Y desde el Partido Popular vamos a seguir dando la batalla para garantizar un futuro digno a quienes hoy ven cómo se les escapa de las manos el derecho más básico: el de tener un hogar.

Alma Alfonso es portavoz de Economía Social del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados