Cuatro grupos políticos, un pleno municipal y cero bronca. La candidatura de Valencia a Capital Europea de la Innovación 2027 demuestra algo que España lleva años sin conseguir: ponerse de acuerdo sin que nadie se lleve el mérito en exclusiva.
Existen dos treguas que funcionan sin necesidad de decreto. La primera es la Navidad, que durante unas horas detiene guerras y convierte a cuñados enfrentados en gente que comparte turrón a ritmo de pandereta. La segunda, más inusual todavía, acaba de producirse en un pleno del Ayuntamiento de Valencia: los cuatro grupos políticos aprobaron por unanimidad la candidatura a Capital Europea de la Innovación 2027. Aspira a ser iCapital de la Unión Europea.
Y es que en España, entre polarización y urticaria mediática, unanimidad y política suelen ser antónimos. Por eso, que no lo hayan sido esta vez ya es, en sí mismo, la noticia: no hace falta ganar el premio para que el gesto tenga valor, porque la sola foto del consenso trasciende más que centenares de notas de prensa con fecha de caducidad.
Lo que se premia de verdad
iCapital no reconoce tecnología, sino innovación como política pública: la capacidad de activar, dinamizar y conectar administración, universidades, empresas y ciudadanía —lo que Bruselas llama, con esa sensibilidad europea por las metáforas biológicas, la "cuádruple hélice". Por eso la ciudad funciona como banco de pruebas, no como escaparate o catálogo de activos.
De ahí el primer matiz diferencial frente a cualquier lectura de un premio generalista: el jurado no valora las buenas intenciones, sino evidencias, con datos desagregados de antes y después. Decir que ha mejorado la alfabetización digital no sirve de nada si no se demuestra cuántos ciudadanos hacen ahora un trámite online sin pedir ayuda a su sobrino o del vecino del quinto.
El dato que sostiene el relato (y la imagen del candidato)
Valencia llega con algo tangible: un impacto económico movilizado de 40 millones de euros, un retorno de 3,8 euros por cada euro invertido y más de 1.700 empresas innovadoras activas (datos de la candidatura Valencia iCapital). Frente a esa cifra, el premio en sí —un millón de euros— resulta casi anecdótico: pesa más la gestión inteligente del intangible y el valor reputacional que aporta a la marca Valencia y a la marca España.
Y ahí está también su valor a escala nacional: España necesita relatos de gestión pública que no dependan de quién gobierne. Un proyecto capaz de sobrevivir a un cambio de alcalde o de color político envía, a cualquier inversor extranjero, una señal más valiosa que cualquier campaña de marca país.
La letra pequeña que también debemos leer
Ahora bien, conviene aterrizar el entusiasmo: 2027 también trae elecciones, y la historia reciente de la política española enseña que el consenso de hoy rara vez sobrevive a una campaña electoral. Si el apoyo se fragmenta tras las urnas, el mensaje que llegará a Bruselas no será de madurez institucional, sino de oportunismo de ciclo corto.
Además, en iCapital la innovación aislada fracasa: el jurado penaliza las desconexiones. Si movilidad, sostenibilidad y turismo no hablan el mismo idioma que el departamento de innovación, el proyecto se cae por su propio peso. Las ciudades candidatas pasan, de hecho, una auditoría social ante el jurado, que premia la transversalidad y descarta los proyectos fragmentados.
¿Y ahora qué?
Valencia ya es una ciudad de referencia en el panorama internacional, y esta candidatura refuerza esa hoja de ruta. Por eso, ganar o no ganar iCapital es, al final, lo de menos: lo que España debería mirar de Valencia no es el trofeo, sino el mecanismo capaz de unir a quienes normalmente ni se saludan en el hemiciclo. Hay que apoyar la candidatura e inspirarse en la foto del consenso.
Queda una incógnita más incómoda que saber quién ganará el premio: ¿cuántas ciudades españolas serían capaces de repetir esta unanimidad sin que fuera Navidad?
