En una comisión de investigación del Senado de Estados Unidos comparecía en 2010 Lloyd Blankfein, consejero delegado de Goldman Sachs. El presidente de la comisión le preguntó:

—¿Sabía usted que su empresa vendió hipotecas basura por 800 millones de dólares a un banco holandés? ¿Era consciente de que les vendían basura?

Blankfein respondió:

—Señor presidente, no era ilegal.

—Esa no es mi pregunta —replicó el senador—. ¿Cree que lo que hizo es moralmente aceptable?

—Señor presidente, no era ilegal.

A tenor de las noticias actuales sobre la financiación autonómica en España, ha venido a mi memoria esta historia y las palabras de Derek Bok, antiguo rector de Harvard. Contó que lo que más le entristeció fue que cuando Blankfein se defendía ante la comisión, muy cabreado, recordó con orgullo que se había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard. “En Harvard hicimos algo mal si personas así son el producto de nuestra educación”, concluyó Derek.

Porque no todo lo legal es justo. Y no todo lo injusto es ilegal.

La ley, la justicia y el interés

Un ejemplo reciente lo encontramos en el debate sobre la financiación autonómica y el llamado principio de ordinalidad. Este principio sostiene que una comunidad autónoma no debe perder puestos en renta per cápita tras aplicarse los mecanismos de redistribución. Es decir: quien más aporta, no debería acabar recibiendo proporcionalmente menos que quien aporta menos.

Este principio aparece en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 206.5), declarado constitucional por la STC 31/2010, que señala que el Estado debe procurar un “equilibrio económico, adecuado y justo” que no perjudique a las regiones más prósperas más allá de lo razonablemente necesario para ayudar a las menos favorecidas.

La historia está llena de leyes injustas: la segregación racial fue legal, la esclavitud fue legal, la discriminación de la mujer fue legal"

Sin embargo, la Constitución también es clara: el principio de solidaridad es uno de los pilares del Estado autonómico (art. 2 y 156.1 CE). Y como recordó el Tribunal Constitucional en su sentencia 135/1992, su contenido más importante es el financiero: redistribuir para que las regiones menos favorecidas puedan garantizar servicios básicos en condiciones de igualdad.

Cuando los acuerdos políticos convierten principios jurídicos complejos en moneda de cambio, la pregunta no es solo si son legales, sino si son justos. Si responden al bien común o al interés particular. Si fortalecen la cohesión social o la erosionan lentamente.

Legal puede ser. Pero ¿es moralmente aceptable?

La historia está llena de leyes injustas: la segregación racial fue legal, la esclavitud fue legal, la discriminación de la mujer fue legal. También de conductas moralmente aceptables que hoy resultan impensables: todavía recuerdo a mi maestro de EGB fumando mientras nos hacía un dictado. Por suerte las leyes cambian, aunque la conciencia moral debería adelantarse.

Ya lo advirtió Aristóteles en su Ética a Nicómaco: la justicia no se reduce a cumplir normas, sino que debe estar orientada a buscar el bien común. De imperativo moral es recordar a Kant: “obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio.”

Cuando la política se limita a lo legal y olvida lo justo, se convierte en una gestión fría de intereses. Y cuando quienes toman decisiones han sido formados únicamente para competir, ganar y escalar, sin educación moral ni social, el resultado es previsible: líderes técnicamente brillantes pero humanamente pobres de solemnidad.

Educar para algo más que ganar

Volvamos a Derek Bok: “En Harvard hicimos algo mal”. ¿No tendrán muchos rectores españoles motivos para sentir algo parecido?

¿Qué falla en nuestros planes de estudio cuando formamos profesionales impecables en técnica, pero torpes en conciencia? Hemos confinado los viejos valores humanistas -muchos de raíz cristiana- que sostenían nuestra cultura: la dignidad de la persona, la primacía del débil, la responsabilidad moral. Las redes sociales vociferan términos como: excelencia, coaching, competitividad, liderazgo… y nos susurran bajito otros como compasión, honradez o servicio.

Quizá parte de la solución pase por introducir programas de inteligencia social y emocional, en todas las etapas educativas, como columna vertebral de una formación integral. No olvidemos que una sociedad no debería valorarse por su crecimiento económico, sino por la calidad moral de quienes la dirigen. Y cuando confundimos lo legal con lo justo, no solo empobrecemos la política: empobrecemos el alma colectiva.

Estamos a tiempo de instruir líderes que no se limiten a decir, como Blankfein: “No era ilegal”, sino que sean capaces de preguntarse, antes de proceder: “¿Es esto digno de un ser humano?”.

Tal vez el cambio empiece el día que dejemos de preguntar a nuestros hijos a la vuelta del colegio:

—¿Qué nota sacaste en matemáticas?

Y lo reemplacemos por:

—¿A quién tendiste hoy la mano, hijo mío?

Patrocinio Lorente Peinado

Doctora en Historia Contemporánea y profesora de Formación Profesional en Alguazas