Después de leer las conversaciones entre los tres jinetes del apocalipsis, Koldo, Santos Cerdán y Ábalos, y múltiples artículos de opinión al respecto, me venía a la mente casi inevitablemente cómo con total tranquilidad el Consell de Mazón está contratando a dedo a las empresas condenadas por sobornos de casos como la Gürtel o Taula. Y ello sin ningún problema ni rubor sencillamente porque a la fiscalía se le pasó pedir la condena de inhabilitación para contratos del sector público. Otras veces tampoco hay consecuencias penales porque así se acuerda directamente con la fiscalía a cambio de las confesiones de los implicados y, en otros casos, las condenas son tan exiguas que ni les afectan y, al tener tantas filiales, el impacto es irrisorio a pesar de acumular distintas condenas.

Porque las empresas envueltas en casos de corrupción se repiten, y ello no debe ser casual. Con un modus operandi que incluye fiestas, prostitución, apartamentos de lujo y yates. Un estilo de disfrute ajeno a la normalidad mayoritaria en la política, reservado para esos empresarios que al mismo tiempo que viven de la obra pública reniegan de pagar impuestos y celebran su éxito pagando a mujeres para que les hagan compañía. Pero no ganan los concursos por ofrecer la mejor oferta sino por corromper a indeseables con los que comparten gustos.

Ahora me pregunto si, tras este último escándalo de corrupción, que se suma a una infinidad donde los patrones se repiten, será capaz el Congreso de consensuar una mayoría suficiente para poner coto a ese tipo de corrupción sin que ello suponga eternizar aún más las licitaciones de contratos paralizando el funcionamiento de la administración pública.

Porque no pocas veces se adoptan decisiones de control que sólo logran ralentizar aún más la tramitación administrativa sin lograr erradicar los amaños en las adjudicaciones. Obviamente si el riesgo fuera mayor que el beneficio para esas empresas, le pondrían más empeño a hacer la mejor oferta que a la compra de voluntades.

El problema está en que los dos partidos mayoritarios que conforman el bipartidismo, en los que se repiten con clamoroso mimetismo los casos de corrupción, nunca encuentran el momento para abordar las necesarias reformas que pongan fin a estas prácticas, y parece ser que les resulta mucho más gratificante el “y tú más”.

Un panorama que debe cambiar sin dilación, persiguiendo con igual tesón a todo el entramado que conforma esa corrupción sistémica ligada a las grandes obras que licitan las distintas administraciones, empresas incluidas, pues no debe ser casual que algunas empresas o empresarios se repitan en todas las tramas de corrupción, sean rojas o azules. Tampoco es casual que en los pactos de gobierno, tanto rojos como azules siempre impongan gestionar urbanismo y obras públicas, identificados como los espacios de poder donde las cifras de los contratos públicos contienen muchos más ceros que en cultura, infancia o servicios sociales, y donde algunas empresas están acostumbradas a comprar voluntades.

Urge un pacto estatal contra la corrupción que incluya la creación de una verdadera oficina antifraude que actúe ante las sospechas, pudiendo investigar a fondo, además de apoyar a la fiscalía en caso de que se vislumbre una necesaria acción penal. Medidas que en el gobierno del Botànic, pusimos en marcha y que el pacto PP-Vox ha desmantelado.

Además, las consecuencias para aquellos que saben y miran hacia otro lado, como para aquellos que participan en la corrupción, deben ser suficientemente desmotivadoras, y no solo consistir en multas, es decir, pagar dinero, cuando es precisamente dinero lo que han robado.

Asimismo, la transparencia es una de esas vacunas que ayuda en la lucha contra la corrupción, y por ello desde el gobierno del Botànic aprobamos una ley que implementamos en la administración valenciana y que ahora ha sido modificada para hacer desaparecer la transparencia del actual gobierno, que prefiere que no sepamos ni qué hace ni con quien se reúne.

Así, las herramientas que pusimos en marcha en la Comunidad Valenciana, que deberían ser copiadas a nivel estatal, han sido desmanteladas en dos años de legislatura por el pacto PP-Vox.

No existe una vacuna que proteja totalmente contra la corrupción, pero sí que hay mecanismos que funcionan y hacen mucho más difícil las prácticas corruptas. Que no existan a nivel estatal o que hayan sido desmanteladas en nuestra comunidad por el PP y Vox, evidencian que no todos quieren la cura al gran problema que es la corrupción.