Mientras miles de ciudadanos –en su mayoría jóvenes– se vienen manifestando en las calles de nuestras ciudades reclamando soluciones al principal problema que para los españoles supone el déficit y la carestía de Vivienda –así lo confirma el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)–, la clase política parece alejarse cada vez más de esta realidad social. En lugar de grandes consensos, en el Congreso de los Diputados y en el Consejo de Ministros se impone ahora una lógica de medidas unilaterales y sin diálogo. Los pactos de Estado desafortunadamente han pasado a un segundo plano.
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alen, a la vez Vicepresidente de la CEOE, en la Asamblea General que precedió a su designación para un segundo mandato, reivindicó ante la ministra de Vivienda una mayor coordinación entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en materia de política de vivienda, y también más cohesión entre los ministerios implicados.
Destacamos por ejemplo que entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social –Yolanda Díaz–, el de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones –Elma Saiz– y el de Educación y Formación Profesional –Pilar Alegría– el grave problema de falta de mano de obra en el sector y como tratar la emigración, su integración y su formación profesional no existe una política consensuada. Entre los Ministerios de Economía, Carlos Cuerpo, el de Hacienda, María Jesús Montero, y Transportes, Óscar Puente, no existe el diálogo necesario para agilizar la normativa de contratos públicos, la colaboración publico privada (CPP) para cómo, y ya, reformar el sistema de clasificación de empresas, así como la revisión de precios hoy profundamente injustas.
La medida más inmediata, que debe ser el desbloqueo de la Ley del Suelo, esta hoy paralizada por una incomprensible falta de voluntad política. Según cálculos de CNC, contrastados en sus Consejos de Gobierno, con las aportaciones reales de todas las Organizaciones Territoriales que lo conformamos. España necesita construir 220.000 viviendas al año para empezar a corregir el déficit actual y estabilizar el mercado en una media de 150.000 anuales en los próximos cinco años. Es hora de ponerse manos a la obra y pasar de las musas al teatro.
Desbloquear la Ley del Suelo no es una opción, es una necesidad. El primer intento de reforma fracasó en mayo de 2024 y el segundo ya ha encallado en este 2025. Urge una reforma pactada, porque la legislación actual bloquea cientos de planes urbanísticos, fomenta la burocracia y frena la liberación del suelo generando incertidumbre en lugar de la estabilidad.
La inseguridad jurídica dificulta la tan necesaria moderación de precios.
Basta mirar a Alemania, donde los dos grandes partidos históricos, CDU y SPD han sabido anteponer el interés general y alcanzar múltiples acuerdos de Estado para garantizar la gobernabilidad de la primera potencia europea.
Nos enfrentamos también y desgraciadamente a una ruptura del diálogo social, encabezada por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, irónicamente la misma que se presenta como garante del consenso. No hace ni tres años, a finales de 2022, CNC, junto a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, celebramos el 30º aniversario de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) con un acuerdo histórico: el VII Convenio General del sector, que no sólo impulsó el primer Plan de Pensiones sectorial en España, sino que además reguló por primera vez el trabajo en condiciones climáticas extremas en el Protocolo de actuación en el Sector de la Construcción ante fenómenos meteorológicos adversos relacionados con altas temperaturas. En nuestro sector, ha quedado demostrado: cuando el dialogo es leal, funciona.
Un diálogo que nos está consolidando a la Construcción como sector moderno, flexible y dinámico, también como sector cada día más inclusivo e igualitario. Como muestra más reciente, la aprobación de un protocolo pionero contra el acoso al colectivo LGTBI, ya publicado en el BOE, así como la incorporación a nuestro Convenio General de nuevas medidas para garantizar la igualdad real y luchar contra todo tipo de discriminación.
En cambio, estos días nos enfrentamos a una nueva medida aprobada de forma unilateral y sin consenso, que agravará la situación de las empresas y afectará directamente al salario de más de un millón de trabajadores de la construcción así como a otros sectores como el agrario, la hostelería o el comercio. Se trata de la aprobación en Consejo de Ministros –no es definitiva, debe pasar el trámite parlamentario– del anteproyecto de ley para reducir la jornada ordinaria máxima a 37,5 horas semanales en cómputo anual, que contraviene los 33 años de diálogo social sectorial construido entre empresarios y empleados. Paradójicamente, la iniciativa parte del mismo ministerio de Yolanda Díaz que hace bandera de proteger este consenso.
Esta reducción forzosa de jornada, sumada al incremento del control y de las sanciones, golpeará directamente a las pymes y autónomos, que representan más del 95% del sector de la construcción. El impacto salarial medio, de un trabajador de la construcción, incrementado especialmente en horas extraordinarias, superaría los 7.000 euros por trabajador al año. Recordemos que el realizar por parte del trabajador estas horas extra son voluntarias, legales, según tablas salariales de Convenio mejor remuneradas que las ordinarias. Además, el anteproyecto –aún pendiente de tramitación parlamentaria y al que también desde la Cámara de Contratistas de la Comunidad Vaenciana nos oponemos con firmeza– impone un régimen de control desproporcionado y peligroso para la viabilidad de muchas empresas.
Las horas extraordinarias más allá de permitir a los trabajadores complementar voluntariamente sus ingresos ante gastos extraordinarios o imprevistos, también contribuyen a aumentar la recaudación fiscal del Estado. Eliminar esa opción perjudica tanto al empleo como a las arcas públicas, situación que por falta de diálogo desconocían en Trabajo y Hacienda. Y este anteproyecto convierte en temerario el uso de régimen de horas extras, pues puede suponer –el simple olvido de comunicación telemática diaria del número de horas extra realizadas en un día en concreto–, sanción por cada trabajador y para la empresa prohibición de contratar por parte de un inspector de trabajo controlando el registro horario de manera telemática desde su despacho en la inspección.
Igualmente, la reducción forzosa de jornada tiene otra derivada negativa: alejará los objetivos del nuevo PERTE para la industrialización de la vivienda, considerando que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros son incompatibles. La inversión pública de al menos 1.300 millones de euros en 10 años para construir anualmente una media de 15.000 viviendas industrializadas y poder llegar a las 20.000 anuales dentro de una década, quedará seriamente comprometida al agravarse ahora el problema de la falta de mano de obra con las rigideces por la reducción de jornada.
Tras el Consejo de Administración del VPI Logística S.A. (17/06/25), filial de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) con presencia institucional en él, de la presidenta de la APV, Mar Chao; el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y del representante del Sepes Javier de Mesa, sociedad que tiene las dos parcelas de la ZAL, se confirmó que la Ciudad de la Industrialización de la Construcción sigue sin plazos, ni concreción, ni reglamento, y eso que el PERTE de la Industrialización, fue anunciado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el 24 de abril en Ifema-Madrid, en la clausura de la Feria Reubuild 25.
Finalmente, este monólogo sin consenso, amenaza con arruinar las buenas intenciones del Gobierno para atraer jóvenes desocupados, migrantes y mujeres y colmar la falta de personal. Hablamos de la aprobación de los nuevos itinerarios formativos a medida en la rama relacionada con el sector dentro de la Formación Profesional (FP) ya publicados en el Boletín Oficial del Estado, que desde el sector hemos saludado positivamente. Una norma en forma de 'mochila profesional' con la que el Gobierno busca adaptar la oferta formativa a las necesidades reales de los sectores productivos (¡Rectificó! una parte del Gobierno, pues otra parte, por falta de diálogo, incluso la ignora).
Pactos de Estado, SÍ; ruptura del diálogo social y más aún desde quienes dicen defenderlo, NO. Hay que decirlo claramente. Esperemos que los grupos parlamentarios tumben esta medida forzada y unilateral. Porque los monólogos, en el teatro pueden provocar algunas carcajadas. Pero cuando el monólogo se impone en asuntos tan delicados que afectan tanto a las empresas como a los trabajadores, no tienen ni pizca de gracia; es más, nos retrotrae a situaciones dictatoriales ya olvidadas, afortunadamente.
Manuel Miñés Muñoz es Director-Gerente -CEO de la Cámara de Contratistas Comunidad Valenciana
