He tenido que leer dos veces el anuncio de María José Catalá. No porque no lo entendiera. Precisamente porque lo entendí.
La alcaldesa de València ha anunciado un Programa de Defensa del Vecino. El Ayuntamiento ayudará económicamente a las comunidades de propietarios para modificar sus estatutos e impedir nuevas viviendas turísticas, facilitará el acceso a expedientes municipales y ofrecerá asistencia jurídica para iniciar acciones penales.
La primera pregunta es bastante sencilla: ¿defensa de qué vecino? Porque el propietario de una vivienda turística también lo es. También paga IBI, impuestos y comunidad. También tiene derechos. Y muchos hicieron exactamente aquello que les pidió la Administración: solicitaron sus permisos, presentaron documentación, realizaron inversiones y comenzaron una actividad legal. Parece que esos vecinos no entran en el nuevo programa.
Si una vivienda incumple la legislación turística, sanciónese. Sin contemplaciones. Pero con la norma correcta, la competencia correcta y el procedimiento correcto. Porque una infracción turística es una infracción turística y una infracción urbanística es otra cosa. No es una diferencia semántica. Es una cuestión de competencias, procedimientos y garantías. Y convendría recordarlo cuando se utilizan competencias sancionadoras turísticas delegadas por la Generalitat. Lo que no vale es cualquier camino para alcanzar el resultado deseado.
Pero el anuncio de María José Catalá introduce algo más profundo que una nueva medida contra las viviendas turísticas, introduce un marco.
Cuando una Administración crea un programa denominado Programa de Defensa del Vecino y coloca al otro lado de esa defensa a una determinada actividad, el lenguaje deja de ser inocuo. Si hay alguien a quien defender, necesariamente hay algo o alguien frente a quien defenderlo. Y ese mensaje importa.
Durante años las viviendas turísticas han aparecido vinculadas una y otra vez a las mismas palabras: ilegalidad, saturación, denuncias, inspección, cierres, conflicto vecinal, expulsión de residentes…
Los ilegales existen y deben ser perseguidos. Los conflictos existen y deben resolverse. Pero la ilegalidad no representa a todo un subsector. Tampoco lo hace el peor conflicto vecinal que podamos encontrar. El problema comienza cuando la excepción proporciona la imagen con la que se representa al conjunto.
No hace falta declarar que una actividad es un problema. Basta con hablar de ella únicamente cuando se habla de problemas. Y cuando ese marco procede de una Administración pública, deja de ser una cuestión menor de comunicación. Porque después ocurre algo extraordinariamente cómodo: el mismo clima social que la comunicación institucional ha contribuido a alimentar sirve para justificar la siguiente restricción.
Mientras tanto desaparece todo lo demás: los legales, los profesionales, los trabajadores, las empresas, los propietarios que cumplen, la actividad económica, los comercios y restaurantes que reciben a esos viajeros. Y también las muchas formas de movilidad humana que hoy utilizan una vivienda durante unos días sin que eso signifique expulsar a nadie de su casa.
Por eso importa tanto llamar a las cosas por su nombre. Y por eso importa todavía más no convertir a una parte en el todo.
Pero, volvamos al programa, ya no estamos hablando únicamente de que el Ayuntamiento actúe contra una actividad ilegal. Estamos hablando de utilizar recursos públicos para ayudar a unos particulares a limitar la actividad de otros particulares. Sobre todo cuando la actividad de estos últimos es perfectamente legal.
Resulta curioso viniendo de una alcaldesa que, en el mismo discurso, afirmó que el problema de acceso a la vivienda deriva de la falta de oferta y defendió un modelo que apoya al propietario. Y ahí estoy de acuerdo, solo falta saber a qué propietario.
Porque podemos llegar a una situación bastante pintoresca: un propietario paga sus impuestos al Ayuntamiento y parte de esos recursos terminan ayudando económicamente a su comunidad a impedir su actividad o financiando asistencia jurídica contra ella. Usted paga los impuestos y nosotros ayudamos a pagar al abogado de enfrente. Debe de ser una nueva forma de seguridad jurídica.
Luego está la vía penal, y aquí se me acaba la ironía. Una vivienda turística ilegal debe ser perseguida y sancionada. Pero una irregularidad administrativa, una discrepancia urbanística o una controversia sobre una autorización no convierten a nadie en delincuente. El Derecho penal es algo bastante más serio.
ApturCV quiere conocer las bases de este programa. Quiere saber qué interés público justificará cada euro destinado a financiar modificaciones de estatutos de comunidades privadas. Quién podrá recibir las ayudas y quién quedará fuera. En qué circunstancias se financiará asistencia jurídica. Y qué garantías tendrá el propietario contra el que se haya actuado cuando resulte que estaba desarrollando una actividad legal. Y queremos conocer otra cosa mucho más sencilla: el resultado.
Si el objetivo es combatir la ilegalidad, que el Ayuntamiento ejerza sus competencias. Si es proteger la convivencia, que persiga las conductas incívicas, todas. Las cometa un turista, un residente, un hotel, una vivienda turística o el vecino del quinto.
Y si el objetivo es resolver el problema de la vivienda, dígannos cuántas viviendas habituales y asequibles va a crear este programa. No cuántas viviendas turísticas conseguirá impedir. Cuántas viviendas asequibles aparecerán realmente en el mercado. Porque llevamos demasiado tiempo comportándonos como si ambas cifras fueran necesariamente la misma y no lo son.
València no es una isla jurídica. La Directiva europea de Servicios sigue vigente. Europa admite que la protección de la vivienda pueda justificar restricciones sobre el alquiler de corta duración. Pero reconocer un objetivo legítimo no entrega un cheque en blanco a ninguna Administración.
Las restricciones tienen que justificarse. Deben ser necesarias, adecuadas al objetivo perseguido y proporcionadas. Y debe examinarse si ese mismo objetivo puede alcanzarse mediante medidas menos restrictivas. Antes de restringir, por tanto, habrá que hacer algo mucho menos vistoso que anunciar un programa: demostrar.
Demostrar qué problema concreto se pretende resolver. Demostrar con datos su dimensión. Demostrar la relación entre la medida propuesta y el resultado esperado. Y demostrar por qué no existe otra alternativa menos restrictiva. Eso no es defender viviendas turísticas. Es exigir buena regulación.
Y mientras todo esto ocurre hay una ausencia que empieza a ser imposible ignorar. ¿Dónde está la Conselleria de Turismo? Estamos hablando del 18.º subsector del turismo español. De una modalidad de alojamiento reconocida y regulada por la legislación turística valenciana. De empresas, autónomos, gestores profesionales, trabajadores y propietarios.
Y tampoco estamos hablando de una actividad marginal. En 2025, las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos generaron 664 millones de euros de gasto en la ciudad de València y 7.070 millones en el conjunto de la Comunitat Valenciana. ¡7.070 millones!
Para entender la dimensión —sin confundir gasto turístico con presupuesto público, porque son magnitudes económicas distintas— basta una referencia: estamos ante una cifra de escala próxima al presupuesto anual de Educación de toda la Generalitat.
No parece un subsector menor cuando toca medir su dimensión económica. Empieza a parecerlo cuando toca defenderlo.
¿Dónde está la Conselleria? Porque somos turismo cuando toca regularnos. Turismo cuando toca registrarnos, turismo cuando toca inspeccionarnos, turismo cuando toca exigirnos requisitos, turismo cuando toca sancionarnos. Pero cuando toca defender la seguridad jurídica de quienes cumplen las reglas, parece que dejamos de existir.
ApturCV quiere saber cuál es la política turística de la Generalitat respecto de este subsector. Y si la respuesta es que no hay ninguna, también convendría saberlo. Porque no se puede ejercer la autoridad sobre un subsector y dimitir de la responsabilidad sobre ese mismo subsector.
Y la pregunta ya no puede quedarse en la Conselleria. ¿Dónde está el presidente de la Generalitat?
Si el Gobierno valenciano considera que las viviendas turísticas deben seguir formando parte de su modelo turístico, tendrá que explicar cómo piensa garantizar la seguridad jurídica de quienes cumplen la legislación que ese mismo Gobierno aprueba. Y si ha decidido que ya no deben formar parte de él, que lo diga. Con todas sus consecuencias.
Lo que resulta difícilmente comprensible es mantener una actividad dentro de la legislación turística para imponerle obligaciones, registros, inspecciones y sanciones mientras se mira hacia otro lado cuando otras Administraciones estrechan progresivamente el espacio en el que puede existir. Eso no es neutralidad. Es ausencia de política turística allí donde más falta hace.
Y volvemos entonces al principio. ¿A quién beneficia realmente el Programa de Defensa del Vecino? Cuando conozcamos sus bases sabremos cuánto cuesta, quién recibe las ayudas y qué actuaciones terminarán financiándose con dinero público.
Por ahora conocemos algo más elemental. La fotografía funciona: existe un problema, se identifica a un responsable y la Administración aparece junto al ciudadano para defenderlo.
Pero, gobernar es bastante más incómodo. También consiste en gobernar para quien no proporciona una buena fotografía. Para quien cumple la ley aunque su actividad haya dejado de resultar políticamente cómoda. Para el vecino incómodo.
María José Catalá tendrá que explicar qué interés público justifica utilizar recursos municipales para ayudar a unos particulares a actuar contra otros y qué evidencia demuestra que su programa generará una sola vivienda asequible más. La Conselleria tendrá que explicar si piensa ejercer algo más que su capacidad de regular, registrar, inspeccionar y sancionar. Y el presidente de la Generalitat tendrá que explicar qué lugar reserva en su modelo turístico a un subsector al que su Gobierno exige cada vez más obligaciones.
Nosotros seguiremos defendiendo exactamente lo mismo: al ilegal, aplíquesele la ley. Al legal, respétesele. Y a quien quiera restringir una actividad legal, exijámosle algo que Europa conoce bien: evidencia, necesidad y proporcionalidad.
Porque una Administración puede elegir su política. Lo que no debería poder elegir es qué ciudadanos merecen la protección de la ley y cuáles solo merecen soportar sus obligaciones.
Silvia Blasco, presidenta de ApturCV y Fevitu
