VALÈNCIA. Al margen de si se produce o no el cambio de presidente de la Generalitat con el beneplácito de Vox, librarnos de Mazón no supone dejar atrás las nefastas políticas que su Consell está imponiendo.

Y no solo por la entrega absoluta del Consell a la batalla cultural de la ultraderecha abrazada sin rubor, con mensajes reaccionarios contra las personas migrantes, contra las necesarias políticas sociales sustentadas con los imprescindibles impuestos, el ataque permanente a la protección del territorio, la burla hacia los Derechos Humanos y el cuestionamiento de principios básicos de la democracia como modelo de Estado como son la transparencia y la dación de cuentas.

Sino también porque detrás de ese relato hay un cambio de modelo altamente peligroso que se está fraguando a través de los cambios legislativos y presupuestarios que PP y Vox han pactado desde el inicio de la legislatura y que forman parte de la hoja de ruta del PP, esté o no Mazón al frente.

Para empezar, suena bastante absurdo dedicarse a eliminar o perdonar impuestos a las rentas más altas o a multinacionales que declaran beneficios millonarios, cuando estás al límite de no poder pagar nóminas ni a proveedores y ni siquiera has abonado las ayudas de emergencia de la Dana. A mi modo de ver, renunciar a recaudar 450 millones en impuestos y perdonar 14 sin que nadie te lo haya pedido porque quieres mostrar tu apoyo a la energía nuclear se trata de una gestión peligrosa para la economía valenciana. Y ello junto a la incapacidad de gastar 300 millones de las últimas transferencias del gobierno central, porque según la consellera de Hacienda no hacían falta. Para después anunciar que estás a punto de la bancarrota y reclamas al gobierno central que te salve, bajo denuncia de traición. Digo yo que no será lo mismo que la deuda de la Generalitat se incremente por perdonar impuestos a las rentas más altas, como ocurre ahora, que por mejorar los servicios públicos, como ocurría en el gobierno del Botànic.

Pero para que todo ello encaje quieren hacerle creer a la gente que el problema de que los servicios públicos no funcionen adecuadamente no son ni los recortes presupuestarios ni la interesada desorganización, son las personas migrantes. Si bien las listas de espera en sanidad están peor que nunca con una nefasta gestión que ha unido a todos los sindicatos a pedir la dimisión del Conseller, las derechas ya tienen un culpable, negro y sin papeles.

Todo ello tiene como fin justificar los cambios que están tramitando, por ejemplo, en la Ley de Renta valenciana de Inclusión, que busca reducir esta prestación a la mínima expresión, para que no le llegue a casi nadie, pero sin anunciar su eliminación. Algo parecido a lo que han hecho con la Agencia Antifraude: cambiar la ley para que no se puedan iniciar investigaciones ni ayudar a la fiscalía, esto es, para que no se pueda hacer nada, pero no la eliminan, y así se evitan el titular.

La Renta valenciana de Inclusión es un instrumento clave y pionero que reformulamos precisamente en el gobierno del Botànic para que fuera esa palanca necesaria para salir de la pobreza, con prestaciones dignas, y que ahora están desmantelando por la puerta de atrás.

En cuanto al negacionismo climático como discurso, no es más que una coartada para aprobar leyes salvajes como la Ley de Costas o amputar otras como la ley de la Huerta valenciana, para eliminar limitaciones lógicas que pretendían proteger el territorio o la huerta frente a la especulación. Los insultos que vierte especialmente el conseller de agricultura contra nosotros como defensores de la protección del territorio alternan entre “ecologistas de despacho” o “radicales y salvalechugas”, ese es el nivel.

Cuesta creer que tras padecer una Dana que ha segado la vida de 228 personas y ha arrasado viviendas, negocios y pueblos enteros, tengamos que seguir escuchando relatos negacionistas que rehúyen cualquier medida de mitigación, prevención y adaptación al cambio climático. El PP no quiere escuchar nada que no tenga que ver con culpar a la CHJ, a pesar de que ni los hechos ni la ciencia acompañen su relato.

Otra de las cantinelas peligrosas que repite el PP es la de ir reduciendo la Administración, para lo cual usa argumentos insultantes como llamar “grasa” o “chiringuitos” a agencias tales como la de Emergencias o la de lucha contra el cambio climático. Ambas eliminadas, para después tener que crear a toda prisa una Conselleria de Emergencias, pero sin atreverse a poner orden y mando en todo el conglomerado de entidades y cuerpos que siguen existiendo.

Otra curiosidad ha sido crear toda una vicepresidencia para en teoría dedicarse a la reconstrucción que finalmente solo ha sido un anuncio del nombramiento de un teniente general, para desviar la atención relativa a dónde estaba Mazón, pregunta aún sin respuesta.

Pero su discurso también deviene absurdo porque la construcción de la democracia española se sustenta en un Estado de bienestar en el que la Administración ha de responder, ofreciendo servicios y protección social. Por ello ir menguando la administración pública cuando en realidad los retos son cada vez mayores, con una economía global con agentes imprevisibles, conflictos bélicos, un genocidio que va a trastocar la estabilidad internacional, un incremento de las temperaturas de la atmósfera y el mar que nos sitúa en zona de mayor riesgo (como ya se ha visto), contar con menos recursos, tanto humanos como económicos o de organización para dar respuestas a la ciudadanía no es la mejor opción.

En definitiva, es evidente que el modelo del PP de privatizar, repartir contratos a los amigos, obviar la realidad climática y menguar los derechos sociales haciéndote creer que pagarás menos impuestos sale muy caro. Pregúntele a cualquier persona afectada por la Dana. Mazón es uno más de ese engranaje, pero más allá de él, el problema es el PP.