El pasado 29 de enero, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicaba el Decreto Ley 3/2025, de 28 de enero, del Consell, por el que se regulan los instrumentos de coordinación específicos para la vuelta a la normalidad tras la Dana ocurrida en la Comunitat Valenciana en octubre y noviembre de 2024. La novedad más reseñable es la creación de la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y Coordinación de la Postemergencia Dana 2024.
El Consell justifica la creación de dicho órgano con la finalidad “de desarrollar los trabajos dirigidos a reestablecer la recuperación y vuelta a la normalidad derivados de esta catástrofe que, por su singular entidad, requieren de instrumentos organizativos específicos que puedan adaptarse con inmediatez a las necesidades detectadas en el desarrollo del Plan de Recuperación, recuperando a la vez la configuración y operatividad de los órganos previstos con carácter general en la normativa en materia de emergencias, y la capacidad de respuesta de la Generalitat ante cualquier eventual situación, legalmente adscritos a la Conselleria competente en esta materia”. Todo ello, a su vez, con la finalidad de que esta Comisión tenga un tratamiento propio y diferenciado del establecido con carácter general en la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
La creación de esta Comisión puede tener su sentido, pues cabe recordar la ingente cantidad de normas que el Consell ha dictado en aras a hacer frente a las consecuencias de la Dana. Cabe mencionar, en este sentido, los Decretos Leyes 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024, 16/2024, 19/2024 y 20/2024, en los que se adoptan numerosas medidas en ámbitos como, entre otros, el administrativo, el económico-presupuestario, el fiscal y tributario, el organizativo así como en materias como la sanidad, los servicios sociales básicos, las infraestructuras eléctricas de transporte y distribución o el urbanismo.
Siendo loable la intencionalidad con la que se crea esta Comisión, no es menos cierto que, de la lectura de sus funciones, transmite la sensación que se llega un poco tarde pues corresponde a la Comisión el estudio, análisis y propuestas de soluciones para la vuelta a la normalidad. Lo cual, parece ser, que esta cuestión debería de haberse abordado mucho antes. Además, la aprobación de esta norma debe ir acompañada del Plan de recuperación económico-social del territorio afectado por la Dana, el cual se aprobó el pasado 8 de enero. Cabe esperar que este impulso ponga de manifiesto, y de forma palpable, la actuación de la Administración sobre todos los colectivos afectados.
Por otro lado, resulta ciertamente sorprendente una de las funciones encomendadas la cual se centra en conocer las actuaciones de la Administración General del Estado, y garantizar su complementariedad con las decisiones de la Generalitat. Decimos que es sorprendente porque no parece que haya una actuación coordinada entre la Administración del Estado y la de la Generalitat, sino que la Comisión estará atenta a las medidas que se adopten en el Estado para poder canalizarlas en el seno de las zonas afectadas.
Con todo, bienvenida sea la creación de esta Comisión. La norma deja entrever que su vocación es de largo alcance, casi de perpetuidad, pues debe de atacarse a servicios básicos sanitarios, educativos, de asistencia social o de seguridad, destrucción de viviendas, ejes viarios o de comunicaciones y, en general, de todo tipo de infraestructuras, tanto públicas como privadas, con la consiguiente repercusión en todos los niveles de la sociedad y la alteración de la normalidad.
Javier Vercher Moll es profesor Dr. de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia
