VALENCIA (FOTO EFE). En su primera semana de andadura, el nuevo Consell ha dado mucho de sí. Nombramientos, juegos de equilibrismo, pasión e intriga que lindan con la dialéctica propia de los culebrones venezolanos... Incluso hemos tenido ya nuestro primer escándalo, aunque en puridad no le corresponde al Consell, sino a las Cortes, la responsabilidad del mismo (y también de apagar rápidamente el fuego): los 99 iPhone 6 para los diputados, que habrían supuesto un dispendio de unos 60.000 €. Una cifra en realidad menor, como el escándalo: menor, pero con colorido y potencial mediático; el tipo de escándalo que peor ve la ciudadanía, y más afecta a la credibilidad de una nueva mayoría electoral y social que quiere reivindicar su rigor ético.
Por supuesto, en esta primera semana intensa el Consell también ha adoptado sus primeras medidas, entre las cuales brilla con luz propia una con enorme valor simbólico: la reapertura de la comisión de investigación de las Cortes que se encargará de analizar lo sucedido en el accidente del Metro de Valencia del 3 de julio de 2006.
Esta decisión, unida a la comparecencia de la presidenta de la asociación de víctimas del accidente, Beatriz Garrote, en las propias Cortes, así como la recepción ofrecida por el president Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra a las víctimas, constituyen un acto de desagravio imprescindible para enmendar la que quizás sea, en la distancia, la peor de las decisiones de todos estos años del PP al frente de la Generalitat. Porque el despilfarro, la mala gestión, la corrupción, son sin duda graves, pero es mucho peor aún la maldad, la falta de compasión y de humanidad por las víctimas, por los que sufren, que demostraron en su día el entonces president Camps y los miembros de su Consell.
En plena hegemonía electoral del PP, las víctimas del Metro se convirtieron, a ojos del Gobierno autonómico, en una presencia molesta que había que inocuizar. Eran víctimas que no venían bien para las soflamas públicas; bien al contrario, eran víctimas molestas por el mero hecho de seguir existiendo y exigir un mínimo de atención, de comprensión, y de ayuda por parte del poder político. Ni siquiera se trataba, al principio, de acusar a los gestores públicos de la responsabilidad por el accidente; sino de esclarecer lo sucedido. Al negarse, tan clamorosamente, a hacerlo, dichos gestores mostraron su preocupación por tener que hacerse cargo de dicha responsabilidad, y prefirieron ocultar todo lo relacionado con el accidente. Y, en particular, a las víctimas.
En la política valenciana, pocas personas hay actualmente más desacreditadas que el expresident Francisco Camps; pero entonces, en 2006, Camps se hallaba en la cúspide de su poder. Un año después, el PP conseguía el mejor resultado electoral de su historia. Nada parecía amenazar su hegemonía social y política. Por eso parece aún más indignante, y más incomprensible, que un partido, y unos dirigentes, que representaban a la mayoría social, que podían permitirse ser generosos, centrar mínimamente su discurso y su práctica política, tuvieran tanto afán por castigar a quien constituyera una molestia.
Aunque se tratase de "molestos" familiares de víctimas de un trágico accidente, que bastante tenían ya con arrostrar su sufrimiento, para sumarle además la incomprensión y la hostilidad de los poderes públicos. Por eso, lo relacionado con ese accidente, y con la gestión posterior por parte del Consell de Camps, con independencia de todo lo demás, basta para desacreditarle, a Camps y a los que colaboraron con él en ocultar este asunto. Por su absoluta carencia de humanidad y empatía con los que sufren.
El pasado viernes, cuando se celebró la que será la última de las concentraciones mensuales convocadas a lo largo de estos años por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, dos personas tuvieron un protagonismo especial. Por un lado Beatriz Garrote, presidenta de la asociación, que ha arrostrado todos estos años la representación de las víctimas, en circunstancias a veces muy difíciles, y siempre con gran dignidad y entereza; por otro el presentador del programa más emblemático de La Sexta, Jordi Évole, que puso de nuevo el foco sobre el accidente de Metro y el desamparo de las víctimas muchos años después de que se produjera la tragedia, gracias al programa de Salvados (emitido en abril de 2013) dedicado a lo sucedido el día del accidente y, sobre todo, a lo que sucedió después.
El programa no descubrió nada nuevo (los medios valencianos ya habían dado cumplida información al respecto a lo largo de los años anteriores), pero nuevamente demostró la irresistible potencia de fuego de la televisión para determinar qué es relevante y qué no. Fue un clarísimo punto de inflexión, que logró volcar a la sociedad valenciana con las víctimas, volvió a situar el asunto en la agenda mediática y amortizó definitivamente la figura del entonces presidente de las Cortes, Juan Cotino, al mostrar su lamentable papel posterior al accidente y sus intentos por comprar el silencio de las víctimas.
Buena parte de la sociedad valenciana, que había olvidado el accidente y a las víctimas, o que había interiorizado este asunto como una ignominia más, por fin reaccionó. El desagravio de esta semana era necesario, pero -por fortuna- el desagravio social ya le había antecedido en el tiempo.
#prayfor... Irene Villa
Hace algunas semanas hablamos de la polémica del concejal del ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, y sus tuits en los que hacía chistes sobre el Holocausto y las víctimas del terrorismo, y que acabaron conduciendo a su dimisión de la concejalía de Cultura. Una de las consecuencias de esa polémica fue la denuncia interpuesta por parte de la asociación Dignidad y Justicia contra Zapata ante la Audiencia Nacional por el supuesto delito de la humillación a las víctimas del Terrorismo.
La denuncia fue desestimada, en un auto particularmente claro y contundente, por parte del juez Santiago Pedraz. Previamente, una de las principales afectadas por los tuits de Zapata, Irene Villa, ya había indicado que no se sentía humillada por el chiste de Zapata y que, por tanto, no creía que la denuncia tuviera razón de ser. La reacción de los supuestos defensores de Irene Villa y las víctimas fue... criminalizarla por no sentirse humillada y afectada por las cosas que ellos habían decidido previamente, dado que eso les venía muy bien para desarrollar su agenda política. Irene Villa, que en todo este asunto ha hecho gala de una generosidad y sentido común dignos del encomio, no se arredró:
Ese es el problema de los que viven de instrumentalizar a las víctimas en su beneficio: que las víctimas sólo sirven si son "nuestras" víctimas y hacen y dicen lo que les decimos. O, mejor aún, que no digan nada de nada; ya hablamos nosotros por ellas.
