MADRID. Hace apenas un mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia por la que declaraba ilegal el sistema español de estiba en los puertos. Una herencia inalterada del paternalismo laboral franquista en forma de monopolio que obliga a contratar a determinados trabajadores agrupados en determinadas empresas de servicios para las labores de carga y descarga de barcos.
Un sistema incompatible con las libertades económicas más elementales de la UE. Desde octubre pasado está en vigor el decreto que permite a las empresas concesionarias de infraestructuras portuarias, terminales de contenedores, de graneles sólidos y líquidos y de vehículos, esencialmente, optar a una ampliación del tiempo de sus concesiones de los 35 años actuales a los 50 o 70 años. Todo ello si se cumplen con unas determinadas exigencias con las que tiene que lidiar el gobierno Rajoy en el corto plazo.
De la habilidad que tenga para ello depende en buena medida que el sistema portuario español, por el que circula el 70% del tráfico español internacional de mercancías, no se colapse, algo que cada día que pasa parece algo inevitable con el consiguiente impacto en la economía general.
No hay que olvidar que el transporte marítimo supone el 1,1% del PIB nacional y da empleo a unas 150.000 personas, algo que inevitablemente está ligado con el necesario ajuste de todo el sistema portuario español que se deriva del decreto de ampliación de las concesiones de las infraestructuras portuarias.
El sistema portuario español, según los observadores, es la consecuencia más palmaria de la estructura política del Estado en el que cada puerto compite con el de al lado, en el que no hay una estrategia coordinada y en el que la autoridad portuaria de turno la ocupa un responsable político con un enfoque de gestión cortoplacista y con visión provinciana. Un sistema ineficiente, con sobrecapacidad de instalaciones en el que sólo se utiliza de media el 36% de las infraestructuras portuarias. Así, se produce la situación absurda de que mientras Puertos del Estado factura más de 1.000 millones anuales y obtiene un EBIT de 300 millones, el 30% de los operadores de terminales portuarias está en pérdidas y de los que generan beneficios, su EBIT no supera el 8%.
Algo falla cuando el propietario de las infraestructuras gana dinero y los que las gestionan, no. Con una caída fenomenal de los tráficos marítimos, que se manifiesta en más de 500 millones de toneladas perdidas desde el año 2007, todo indica que el sistema portuario necesita un plan de ajuste para adecuarse a la realidad de la situación.
La cuestión de la ampliación de los periodos de explotación de las concesiones, es un balón de oxígeno para los operadores portuarios, pero hay una opinión casi unánime entre los expertos en el sentido que condicionar esa ampliación a nuevas inversiones es algo inoperante cuando no imposible. Cuando no se ha conseguido rentabilizar mínimamente las inversiones ya hechas, solicitar otras nuevas es pura ilusión. Si no se resuelve esta cuestión son muchos los que auguran un colapso competitivo de los puertos españoles frente a sus competidos, sobre todo los que surgen en el norte africano, donde las condiciones de explotación nada tienen que ver con las españolas.
Una situación caliente que puede llegar a temperatura de ebullición si no se maneja adecuadamente el tema de la estiba. Los trabajadores no quieren ni oír hablar de acatar la sentencia de Bruselas y solo admiten mantener la actual situación de monopolio. Tienen en su mano la fuerza de provocar la paralización de los puertos vía huelga, con lo que eso supone. Y no son unos trabajadores cualquiera. Tienen mucho que perder y van a defender su situación con dureza. Y no es para menos, un operario portuario en Valencia, por ejemplo, tiene un sueldo bruto de 90.000 euros.
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Post-it: El transporte marítimo supone aproximadamente el 70% de la actividad de transporte internacional de España. El tráfico portuario en España ha venido creciendo a un ritmo sostenido del 4% anual durante los últimos veinte años hasta alcanzar la cifra de 418 millones de toneladas en 2008, año en el que se registra la mayor actividad portuaria de la serie histórica conocida. Como consecuencia de la crisis, el tráfico marítimo cayó un 15% en 2009 y desde entonces ha venido recuperándose a ritmos del 2%.
La actividad portuaria analizada hace referencia a los puertos de interés general. Son un total de 46 puertos gestionados por 28 Autoridades Portuarias cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado. La gestión de los puertos es independiente y unos puertos compiten con otros por los tráficos portuarios nacionales e internacionales.
