El nubarrón que tenía el Ayuntamiento de Benidorm, el de cumplir con la sentencia que obliga a pagar 350 millones a la familia Puchades por el suelo de Serra Gelada, parece resuelto. El alcalde, Toni Pérez, parece haber logrado un buen acuerdo. Otra cosa es si el acuerdo es bueno para esta corporación, para la siguiente, o para el consistorio en sí a lo largo de su futuro.

A grandes rasgos, como se ha venido publicando, el ayuntamiento pagará 60 millones ahora a los propietarios del suelo; se establece una carencia de cinco años (en la que cuentan los intereses) y, a partir de ahí, un periodo de amortización obligatoria para el Ayuntamiento, que se comprometerá a amortizar anualmente el principal de la deuda, además de los intereses correspondientes, abonando a los propietarios, y hasta la cancelación total de la deuda, una cantidad económica que no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio económico a partir del año 2031.

En total, la factura superará los 500 millones de euros. Visto desde un punto de vista administrativo, es una condena casi centenaria para las arcas de Benidorm; pero, con los recursos que puede generar la ciudad intactos, es una situación mucho más liviana si se compara con otras ciudades hiperendeudadas.

El gran éxito de Pérez es político: ha disipado la duda de que el consistorio vaya a estar intervenido (aunque técnicamente lo estará). El ayuntamiento podrá funcionar sin hacer ningún sacrificio importante, como reducir inversiones, ayudas o política social. Ahora bien, de momento, la deuda municipal crece en otros 60 millones.

Es decir, que Pérez podrá agotar el mandato sin sobresaltos y encarar una reelección, a priori, sin tanta presión. El otro éxito es que el suelo que dio origen a todo el conflicto, el del parque municipal de Serra Gelada, pasa a ser de titularidad pública y, por tanto, de uso y disfrute para los vecinos en las formas que sea posible.

La minimización de los daños se podrá conseguir si Benidorm es capaz (insisto, si es capaz) de generar suelo finalista y cederlo a los Puchades para reducir el total de la factura. Para ello, es necesario conseguir lo que no se ha hecho en los últimos años: agilizar el plan de Ensanche Levante, El Murtal o la vía de las Discotecas, zonas de gran interés para la iniciativa privada y que el ayuntamiento sigue tramitando desde hace 20 años. Con eso, se conseguiría reducir el total de la factura y que esta impactara menos en los presupuestos de los próximos años.

Ahora bien, el gran problema lo tendrá el alcalde o alcaldesa que entre en el cargo en 2031, cuando deba reservar el 8% del presupuesto a cubrir lo que quede por pagar. En la actualidad, Benidorm tiene unas cuentas que superan los 140 millones de euros. Pagar ese 8% supone restar unos 12 millones de gasto. Ese será el gran problema de las futuras corporaciones: tener que gobernar con los dedos de una mano atados, siempre y cuando las arcas municipales no generen más ingresos de la actividad económica de la ciudad.

Así que, a priori, éxito parcial de Toni Pérez, tanto por el acuerdo como por la situación política despejada que genera en sus primeros cinco años. A partir de 2031, pobre de quien sea el alcalde o alcaldesa de Benidorm. Pero, dicho esto, Benidorm tiene amplias capacidades para generar ingresos y, por tanto, para reducir el impacto en las políticas locales.

Para ello, sí deberá enmendar un error: agilizar la política urbanística. Estoy seguro de que, de contar con suelo finalista y haber podido negociar antes y cederlo con los Puchades, hoy esa factura sería mucho más baja y, quién sabe, quizá estaría ya saldada. Ahora, Benidorm tiene deuda aplazada y, por tanto, deuda (casi) duplicada.