En el Tibio anterior comenté que, al asumir la concepción plurinacional de España elaborada por unas élites vascas y catalanas, los dirigentes de Izquierda Unida propiciaron su declive electoral y se alejaron del ideario de Anguita. Si Alfred Russel Wallace, para exponer su teoría de la evolución de las especies por selección natural (en efecto, no solo la ideó Darwin), tituló su artículo “Sobre la tendencia de las variedades a alejarse indefinidamente del tipo original”, bien podría haber titulado este Tibio “Sobre la tendencia de los dirigentes izquierdistas a alejarse indefinidamente del pensamiento de Anguita”.
En efecto, los dirigentes de Izquierda Unida también han asumido el supuesto derecho a la autodeterminación de las diferentes naciones españolas que las élites separatistas predican. Puesto que ese derecho solo incumbe a las verdaderas colonias, la Organización de las Naciones Unidas no se lo ha reconocido a ninguna región española. En opinión de las organizaciones internacionales, ni Cataluña ni Vasconia son colonias de Castilla (o quizás de Madrid). Aun así, los nuevos líderes de Izquierda Unida defienden su derecho a la autodeterminación.
No han tenido en cuenta que, cuando un separatista pide el derecho a decidir, en realidad está pidiendo que tú no puedas decidir. Cuando ellos dicen que tienen derecho a decidir la independencia de su región en un referéndum vinculante, lo que verdaderamente están diciendo es que tú no tienes derecho a participar en ese referéndum. No es un derecho a votar, sino una prohibición de votar. Pues bien, nuestros izquierdistas, incluidos los de Izquierda Unida, están de acuerdo en que los murcianos, los andaluces, etc., no tenemos el mismo derecho a votar que piden para ellos los catalanes.
Por supuesto, los separatistas han preparado sus propios argumentos. Por ejemplo, afirman que la Constitución no es vinculante porque ya no vive casi ninguno de los que la aprobaron (en Cataluña, fueron muy mayoritarios). En realidad, sigue estando absolutamente vigente. No obstante, podría ser modificada siguiendo los cauces previstos en la misma Constitución. Si se intentase, quizás no se reconocería el derecho a la autodeterminación de Vasconia y Cataluña, sino que se suprimiría la palabra “nacionalidades” de su redacción y, ya puestos, se eliminaría el cupo fiscal vasco y todas las referencias a los (medievales) derechos históricos de algunas regiones.
También dicen que la Constitución no prohíbe la posibilidad de celebrar referéndums regionales sobre temas que incumban a los ciudadanos de esa región. El problema de ese enfoque es que el futuro de Cataluña no solo incumbe a los catalanes, sino también a los demás españoles. Quizás no se dan cuenta de que, sin fuese así, no sería necesario realizar ningún referéndum. En efecto, desde el mismo momento en que se conceda la exclusividad del derecho a decidir a los ciudadanos de una región se estaría reconociendo que se trata de una nación soberana. Y, en ese caso, todo lo demás sería secundario, pues se habría concedido que la soberanía nacional no reside en el conjunto de los españoles. Dicho en corto, la soberanía nacional española se extiende por los territorios de todas sus regiones, incluidas Vasconia y Cataluña.
Lo establecido en la Constitución de que la soberanía reside en el pueblo español solo podría modificarse mediante un acuerdo mayoritario en que pudiesen participar todos los españoles. Dicho en corto: ninguna región española, aunque diga que es una nación, tiene derecho a autodeterminarse"
Resulta difícil admitirlo, pero ese dilema no tiene solución democrática. Y el motivo es bien sencillo: los métodos democráticos solo pueden funcionar si hay un acuerdo previo sobre el censo electoral. Y ese acuerdo no puede ser democrático, sino anterior a la aplicación de los métodos democráticos de decisión. En mi juventud asistí a asambleas de estudiantes en los que, algún listo que se creía un purista, pedía que, antes votar los puntos del orden día, votásemos si teníamos derecho a votarlos. Ese enfoque conduciría a una recursión infinita, en cada uno de cuyos escalones habría que votar el derecho a votar los contenidos del siguiente escalón. Como se ve, ese bucle carece de solución democrática y la realidad es que el censo electoral viene predeterminado por la historia.
De hecho, habría sido imposible elaborar la Constitución si antes hubiese habido que decidir qué regiones formaban parte de España. Se dio por sentado que eran españolas todas las regiones que lo habían sido durante el franquismo y se siguió adelante. Así que, guste o no, lo establecido en la Constitución de que la soberanía reside en el pueblo español solo podría modificarse mediante un acuerdo mayoritario en que pudiesen participar todos los españoles. Dicho en corto: ninguna región española, aunque diga que es una nación, tiene derecho a autodeterminarse.
Aunque las perspectivas electorales de Izquierda Unida seguirán bajando mientras no lo reconozcan, el Frente Amplio, del que forma parte, ha incluido en su programa electoral reconocer el derecho a la autodeterminación de las regiones e incluso celebrar un referéndum para solventar definitivamente, según dicen ellos, la estructura territorial de España. Pero es justo al revés: dicha estructura ya está definida en la Constitución y tratar de alterarla desencadenaría una crisis política de consecuencias imprevisibles. Quizás pondría en riesgo incluso la continuidad del propio sistema democrático.
En algún Tibio anterior comenté la eficacia de atribuir a los adversarios los actos políticos propios, una táctica excelente de ocultación activa. Desde luego, los separatistas la aplican por doquier. Así, el novelista barcelonés Jordi Cabré ha escrito que el gobierno español se cargó en el año 2017 el Estado democrático al aplicar el artículo 155 de la Constitución. Y también dice Cabré que los jueces tergiversaron las normas para castigar unos actos que sabían perfectamente que no eran penalizables. Y que así lo reconoció el gobierno de Sánchez al elaborar su ley de amnistía.
Naturalmente, la verdad es de nuevo justo lo contrario. El artículo 155, cuya aprobación se hizo con apoyo del PP y del PSOE, estaba previsto en la Constitución y no tenía nada de antidemocrático. Los que se saltaron los cauces democráticos fueron los separatistas cuando aprobaron su ley de transitoriedad jurídica, su ley del referéndum y, en aplicación de ambas normas, declararon la independencia de Cataluña. Tampoco los jueces tergiversaron ninguna norma, sino que aplicaron el código penal entonces vigente, Y, por último, Sánchez no hizo la ley de amnistía para reconocer que el Estado había castigado injustamente a los separatistas, sino para que los diputados de Juntos por Cataluña votasen a favor de su investidura. De hecho, hasta el mismo día de las elecciones los dirigentes socialistas, desde Sánchez a Illa, pasando por Marisú Montero, Patxi López, Campo y Carmen Calvo, andaban diciendo que no habría “amnistía, ni nada de eso” y explicándonos brillantemente que la amnistía era inconstitucional. Pues bien, de todo eso nada dicen los dirigentes de Izquierda Unida, una complicidad con el PSOE que Anguita habría desaprobado por completo.