Esa es la pregunta que todavía hoy incomoda.

Quién ajusta su jornada laboral. Quién pide una excedencia. Quién renuncia a oportunidades profesionales. Quién carga con el peso invisible de la organización familiar. Quién sigue sosteniendo, muchas veces en silencio, la crianza de hijos e hijas y el cuidado de mayores o dependientes.

Porque detrás de cada estadística sobre conciliación hay una realidad profundamente política: el reparto desigual del tiempo y de los cuidados.

Hace apenas cincuenta años, en plena dictadura franquista, las mujeres en España ni siquiera podían decidir libremente sobre muchos aspectos esenciales de su vida. Necesitaban autorización para trabajar, abrir una cuenta bancaria o firmar determinados contratos. El modelo que imponía el franquismo era claro: el hombre trabajaba y la mujer cuidaba. Las mujeres quedaban relegadas al ámbito doméstico, invisibilizadas y económicamente dependientes.

Por eso cada avance en igualdad ha sido también una conquista de libertad.

Nada de lo conseguido ha sido casual. Los derechos laborales, civiles y sociales de las mujeres han llegado siempre de la mano del feminismo, de la lucha colectiva y de gobiernos progresistas que entendieron que sin igualdad real entre hombres y mujeres no puede existir una democracia plenamente justa.

Y España ha avanzado mucho.

Hoy, gracias a un Gobierno liderado por el PSOE, tenemos permisos por nacimiento y cuidado iguales e intransferibles para ambos progenitores, retribuidos al 100%. Hoy más de medio millón de familias disfrutan cada año de este derecho. Y, lo más importante, cada vez más hombres ejercen su responsabilidad en el cuidado. En 2025, más de 282.000 hombres disfrutaron de la prestación por nacimiento y cuidado de menor. Eso significa algo más profundo que una cifra administrativa: significa que empezamos a romper un modelo histórico donde las mujeres cuidaban y los hombres trabajaban.

También es relevante que apenas existan diferencias entre hombres y mujeres en la duración media de esos permisos. Las políticas públicas sirven precisamente para eso: para cambiar comportamientos, para transformar estructuras y para hacer posible una sociedad más igualitaria.

Pero sería un error caer en el triunfalismo.

Porque hay un dato que sigue funcionando como un espejo incómodo de nuestra sociedad: el 83% de las excedencias por cuidado continúan siendo solicitadas por mujeres.

Más de ocho de cada diez.

Ahí sigue estando la desigualdad estructural. Ahí sigue apareciendo la penalización laboral y económica que sufren millones de mujeres por el simple hecho de cuidar. Porque cuando una mujer reduce jornada, renuncia a promociones o abandona temporalmente el mercado laboral para sostener los cuidados familiares, no estamos ante una decisión puramente individual. Estamos ante una desigualdad social profundamente arraigada.

Por eso la corresponsabilidad no puede ser solo un discurso bienintencionado. Tiene que convertirse en una política pública sostenida y ambiciosa.

Necesitamos seguir avanzando en derechos vinculados al cuidado y a la conciliación. Necesitamos reforzar medidas que incentiven una mayor implicación de los hombres. Necesitamos proteger a las mujeres de las consecuencias laborales y económicas derivadas de asumir en solitario las responsabilidades familiares. Y necesitamos hacerlo desde una convicción feminista clara: cuidar no puede seguir teniendo rostro de mujer.

Frente a esto, preocupa enormemente escuchar determinados discursos de la derecha y de la ultraderecha que cuestionan políticas de igualdad o ridiculizan avances feministas. Como viene pasando en la Comunitat Valenciana desde que el PP entró en el gobierno valenciano y se rindió a las peticiones más extremas y retrogradas de VOX. Cuando se debilitan los instrumentos de conciliación o se recortan políticas de igualdad, quienes retroceden primero son las mujeres, y eso es lo que se está viviendo aquí, por desgracia, de la mano del Consell de Pérez LLorca y su pacto machirulo de la servilleta en tiempos de Mazón que hoy se mantiene.

La igualdad real no se alcanza únicamente permitiendo que las mujeres accedan a espacios históricamente masculinizados, que también. La igualdad llegará cuando los hombres asuman plenamente aquello que durante décadas han sostenido las mujeres: el cuidado.

Ese es el verdadero cambio cultural pendiente.

Por eso resulta tan importante seguir defendiendo políticas feministas valientes. Porque hablar de permisos iguales e intransferibles, de conciliación o de corresponsabilidad no es hablar de privilegios. Es hablar de democracia, de justicia social y de libertad.

La igualdad no puede depender de la capacidad individual de resistencia de las mujeres. Tiene que estar garantizada colectivamente. Y en la Comunitat Valenciana, de la mano de la socialista Diana Morant, las valencianas y los valencianos, recuperaremos los derechos y las libertades que el autogobierno nos debería conceder, cuando el próximo 2027, ella se convierta en la primera presidenta de la Generalitat Valenciana de la historia. Porque es necesario que todas las Administraciones, y no solo el Gobierno de España, sean sensibles a la realidad que seguimos viviendo y desplieguen las políticas adecuadas para seguir avanzando en igualdad y no volver a los años del blanco y negro.

Y quizá por eso la pregunta sigue siendo tan poderosa y tan necesaria:

¿Quién sigue cuidando?

Mientras la respuesta continúe teniendo mayoritariamente nombre de mujer, el feminismo seguirá siendo imprescindible.

Porque como dijo la escritora y activista Angela Davis: “El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas.”