Ha pasado un año desde aquel 29 de octubre de 2024 que marcó para siempre a la Comunitat Valenciana. Un año desde que 229 valencianos y valencianas perdieron la vida en una tragedia que no fue solo meteorológica, también política y moral. Porque aquella Dana arrasó calles, casas y vidas, pero también dejó al descubierto una gestión indigna de quien debía protegernos. Lo que la lluvia se llevó aquel día, la mentira ha intentado enterrarlo durante doce meses. Pero la verdad, pese a todo, emerge. Y cada día lo hace con más fuerza.

En este primer aniversario, el Partido Popular continúa utilizando las instituciones, también el Senado, como escudo de su vergüenza. Lo hace a través de una comisión de investigación convertida en un ejercicio de trilerismo político, una farsa destinada a encubrir las mentiras del señor Mazón y de su Consell. Catorce sesiones, diecisiete comparecientes y ni rastro de los responsables de la gestión de la emergencia. Ni del president de la Generalitat, ni de su consellera de Interior, ni de su vicepresidenta, ni de su conseller de Infraestructuras, ni de su conseller de Educación. Nadie da la cara. Nadie responde. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia.

Pero la verdad ya no se puede tapar. La instrucción de la jueza de Catarroja, avalada por la Fiscalía y confirmada por la Audiencia Provincial, ha dejado claro lo que el PP lleva un año negando: que la responsabilidad de la gestión de la emergencia recaía en la Generalitat Valenciana. Que fue la Generalitat quien debía vigilar los barrancos y avisar a la población. Que la información existía desde primera hora de la mañana, cuando AEMET activó la alerta roja y Emergencias a las doce emite la alerta hidrológica por la información de caudales recibida. Y que, pese a ello, no se actuó. La Rambla del Poyo lanzó más de treinta avisos de aumento de caudal; el sistema SAIH funcionó correctamente, la información llegó, y lo único que falló fue la gestión política de un Consell que estaba a otras cosas.

Esa gestión, dirigida por Carlos Mazón, brilló por su ausencia. Mientras los valencianos pedían auxilio, el president no mostraba prisa alguna en pedir la cuenta y prestarle toda la atención a lo importante. Cuatro horas de sobremesa en El Ventorro, en plena alerta roja, intentando convencer a una periodista para que asumiera la dirección de la RTVV. Hoy sabemos que, lejos de estar pendiente de la emergencia, la acompañó tranquilamente al aparcamiento. Y mientras tanto, el agua subía, los barrancos desbordaban y la gente se ahogaba. 

La irresponsabilidad se extendió a todo el Consell. La consellera Pradas, conocedora de toda la información, responsable del mando en la emergencia, ejerció una negligencia grosera, al no actuar en tiempo y forma, como debía. La vicepresidenta Camarero, se conectó a escondidas al CECOPI y se desconectó poco después para entregar unos premios, mientras personas dependientes de la teleasistencia morían sin respuesta. El conseller Rovira abandonó a su suerte a los centros escolares; Martínez Mus no supervisó carreteras ni transportes. Ese fue el verdadero retrato de un gobierno que no estuvo donde tenía que estar: junto a su pueblo.

Un año después, el desprecio a las víctimas sigue siendo el mismo. La negativa de Mazón a asumir responsabilidades, su resistencia a comparecer ante la jueza de Catarroja, pese a las reiteradas invitaciones judiciales, y su intento de manipular la opinión pública desde entrevistas complacientes son una afrenta a la memoria de quienes murieron. Es coherente que las familias le hayan pedido que no asista al Funeral de Estado, cuando le hacen directamente responsable de la tragedia.

El Partido Popular lleva meses intentando construir un relato alternativo, repitiendo el mismo guion una y otra vez, como en “El día de la marmota”. Pero cada sesión de la comisión, cada auto judicial, cada documento técnico confirma lo mismo: la Generalitat tenía la información, tenía la competencia y tenía la obligación de actuar. No lo hizo. Por eso, el intento del PP de culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar o a la Aemet es una huida hacia adelante que no engaña a nadie. La justicia ya ha dejado claro que la CHJ no tenía la condición de garante: su papel era informativo, no operativo. Quien debía coordinar, alertar y proteger era el Gobierno valenciano.

Lo más indignante es que Mazón siga negando cualquier autoridad sobre la emergencia, cuando fue él mismo quien exigió la dimisión de Ximo Puig por el incendio de Bejís. La doble vara de medir, la hipocresía política y el desprecio por la verdad se han convertido en su modo de supervivencia. Mazón solo actúa en clave de defensa judicial, no en clave de responsabilidad pública. Y en esa huida, tiene a un partido popular que le respalda. Feijóo, que mintió afirmando que Mazón le había informado durante todo el día, ha quedado atrapado en la misma red de falsedades. El PP sostiene a Mazón sobre un castillo de mentiras que ya no puede ocultar. Y lo hace de la mano de su colaborador necesario, el señor Abascal, su principal valedor en el mantenimiento de toda esta farsa, porque no debemos olvidar que es VOX quién verdaderamente está haciendo caja electoral, sin importarle el sufrimiento de las víctimas y del pueblo valenciano.

Frente a esa indignidad, la sociedad valenciana ha vuelto a demostrar su dignidad. Este sábado, más de 50.000 personas salieron a la calle para reclamar verdad y justicia, para pedir la dimisión de Mazón y exigir elecciones. Porque los valencianos no queremos que quien nos abandonó lidere ahora la reconstrucción. Queremos empezar de nuevo, con gobernantes que nos protejan cuando toca y que no nos mientan después.

El 29 de octubre no solo se rompieron muros y cauces, también se quebró la confianza en una administración que falló en lo esencial: cuidar a su gente. Y esa confianza solo puede reconstruirse con verdad, con responsabilidades y con decencia.

Un año después, los pueblos recuperan poco a poco su normalidad, pero la vergüenza permanece, porque la verdad se demora.

La verdad puede demorarse, pero no se borra. Eso lo saben las víctimas, lo saben los valencianos y las valencianas y lo sabe también quien intenta esconderla.

No hay verdad posible mientras el partido popular siga al frente del gobierno valenciano. En eso ya coinciden hasta los que hasta el momento les justificaban.

No hay reconstrucción posible sin verdad. Y para empezar de nuevo, primero hay que terminar con la mentira y con los mentirosos.

Prou.