La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado la constitucionalidad de la ley de amnistía ha originado un problema político de conciencia en muchos demócratas españoles. Por un lado, están convencidos de que esa ley fue promovida para que los siete diputados de Juntos por Cataluña votasen a favor de investir presidente a Pedro Sánchez. Desde esa convicción, les parece un caso de ceguera voluntaria que seis de los diez miembros del Tribunal Constitucional hayan optado por obviar ese aspecto crucial de la motivación de la ley. Su pretensión de que no les corresponde juzgar las motivaciones de los que impulsaron la ley se contradice con el hecho de que hayan recogido la idea de que se perseguía normalizar la situación política en Cataluña y aliviar las tensiones que se generarían con las sucesivas condenas a los protagonistas de la sedición. Esa apreciación es muy poco equitativa, pues todos sabemos que pesó más captar los votos de los congresistas separatistas. Además, no concuerda con otros datos.

Así, el señor Turull, condenado por malversación y sedición, ahora anda presionando al Tribunal Supremo para que amnistíe la malversación cometida por Puigdemont. Además, José Costa, alias Josep Costa, exvicepresidente del parlamento catalán durante al proceso separatista, ha denunciado ante Comité de Derechos Humanos de la ONU las advertencias que le hizo el Tribunal Constitucional tachándolas de coacciones. Posiblemente la denuncia no prospere porque ya la desestimó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero indica que los separatistas no han cejado en su impugnación de la democracia española. Por no mencionar que sus dirigentes ya han declarado que la amnistía no solventa el conflicto político, sino que ahora es necesario un referéndum de autodeterminación.

En palabras de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y sujeto de una investigación judicial por blanqueo de capitales del narcotráfico, la amnistía constituye “la ruptura más significativa que ha sufrido el bloque político, judicial y mediático del régimen del 78 desde su consolidación y representa el mayor éxito político del soberanismo (léase separatismo) catalán en estos ocho años de represión.”  La impresión de que la ley de amnistía es fruto de un trueque con los separatistas se refuerza al recordar que los propios gobernantes socialistas, tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero, habían proclamado durante el proceso electoral que no habría amnistía porque no cabía en un nuestro marco jurídico. El propio Salvador Illa, que ahora pide que se amnistíe a Puigdemont, declaraba en aquellas fechas que, vista la Constitución, no habría amnistía, “ni nada por el estilo.”  

Los diputados partidarios de aprobarla gozan de mayoría absoluta, pero carecen de la mayoría reforzada aconsejable para una ley que, como reconoce el Constitucional, es absolutamente excepcional.

Siendo todo eso así no es menos cierto que la sentencia favorable a la amnistía proviene del Tribunal Constitucional. De ahí los problemas de conciencia de muchos demócratas españoles. Admitir que los seis magistrados favorables a la amnistía han prevaricado se parecería mucho a admitir que no vivimos en un sistema democrático. Si queremos mantener nuestra fe en la democracia no nos queda otra que aceptar el criterio del Tribunal Constitucional. Como convencidos demócratas nos vemos abocados a resignarnos con la sentencia del Constitucional. Máxime cuando los seis magistrados que la apoyaron han aportado dos argumentos bastante convincentes. Había una situación excepcional en Cataluña, de lo que se deduce que declarar que esta ley de amnistía es acorde a la Constitución no equivale a defender que puedan aprobarse amnistías sin ton ni son.

Por otra parte, dicen los seis magistrados que el Congreso de los Diputados dispone de la capacidad de legislar sobre todo aquello que, explícita o implícitamente, no esté prohibido por la Constitución. En efecto, el principio democrático nos obliga a atribuirle al Congreso una amplia capacidad legislativa. Y eso a pesar de que, durante la elaboración de la Constitución, se rechazó una enmienda comunista que decía que las Cortes Generales “adoptan las decisiones políticas fundamentales” porque “son la máxima expresión de la soberanía popular.”

Por el contrario, los constituyentes estimaron que la soberanía nacional residía en el pueblo español. Dicho en corto: habría que haber convocado un referéndum para aprobar o denegar la amnistía, eventualidad que el Tribunal Constitucional obvió por completo. Y los demócratas debemos respetarlo. Con todo, sigue pareciéndonos inmoral aprobar una ley a cambio de una investidura. ¿Hay alguna forma de conciliar ambas afirmaciones, en apariencia contradictorias? Podemos obtener una respuesta favorable basándonos en el debate que mantuvieron los constituyentes sobre el aborto. Mientras que los abortistas querían que la Constitución dijese “todas las personas tienen derecho a la vida”, los antiabortistas querían que dijese “todos tienen derecho a la vida.”

El ilustre Gregorio Peces Barba indicó a los diputados que no se esforzasen porque todo dependería de la fuerza que hubiese en cada etapa detrás del poder político. Aun poniendo “personas” se podría generar una ley antiabortista si la apoyasen suficientes diputados y, aunque se pusiese “todos”, se podría aprobar una ley abortista si hubiese suficientes diputados a favor. De hecho, esto último fue lo que ocurrió: la Constitución dice que “todos tienen derecho a la vida”, pero los diputados de izquierdas han aprobado una ley abortista. Es más, los diputados de Sumar han pedido que se reforme la Constitución para incluir un supuesto derecho al aborto en el catálogo de los derechos fundamentales, para lo que se requeriría una mayoría reforzada. Justamente esa petición ilumina el panorama a los demócratas que seguimos rechazando la ley de amnistía. En efecto, es cierto que la aprobó el Congreso de los diputados, pero también es cierto que lo hizo por una ajustada mayoría absoluta. Y esa situación se ha repetido en el caso del Tribunal Constitucional: seis votos a favor; cuatro, en contra.

Cabe ahora recordar que tanto el reglamento del Congreso como la propia Constitución prevén la necesidad de alcanzar mayorías reforzadas, a veces de dos tercios del censo, para aprobar algunas normas de especial transcendencia. Por ejemplo: entre los muchos agravios a la legalidad que cometieron los separatistas que proclamaron la independencia de Cataluña no podemos olvidar que tenían mayoría suficiente en el Parlamento Catalán para aprobar leyes ordinarias, pero no para reformar el Estatuto de Cataluña. Y, sin embargo, obviaron esa insuficiencia en aras de su dogmática voluntad política. Pues algo parecido ha ocurrido con la ley de amnistía: los diputados partidarios de aprobarla gozan de mayoría absoluta, pero carecen de la mayoría reforzada aconsejable para una ley que, como reconoce el Constitucional, es absolutamente excepcional.

Si dos tercios de la Cámara se hubiesen pronunciado a favor, nada tendríamos que objetar; si ocho de los diez votantes del Constitucional la hubiesen respaldado, nada tendríamos que objetar. Como nada de eso ha ocurrido, seguimos sintiéndonos legitimados para rechazar la amnistía, sin por ello concluir que no vivimos en una democracia y sin renunciar a nuestras convicciones.

Si dos tercios de la Cámara se hubiesen pronunciado a favor, nada tendríamos que objetar; si ocho de los diez votantes del Constitucional la hubiesen respaldado, nada tendríamos que objetar. Como nada de eso ha ocurrido, seguimos sintiéndonos legitimados para rechazar la amnistía, sin por ello concluir que no vivimos en una democracia y sin renunciar a nuestras convicciones. Acaso esté empezando a deslizarse por la senda que conduce al populismo autoritario, es decir a la dictadura de las mayorías no reforzadas, pero nuestro sistema, incluso con amnistía, sigue siendo una democracia. Solo que los partidarios de la amnistía han abusado de su ajustada mayoría absoluta. Ese desdoro ya los ha manchado para siempre.