Nadie ha expresado mejor que el Rey Felipe VI el sentir mayoritario de la sociedad valenciana. Lo hizo durante el homenaje a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la catástrofe, con unas acertadas palabras que deberían servir de inspiración y guía para todos: “Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita”. 

Desgraciadamente, la dinámica de confrontación consustancial al Gobierno de Sánchez convirtió la gestión de esta trágica catástrofe en una batalla política. Muy lejos quedó el debate sereno y constructivo que encauza las legítimas discrepancias hacia la unidad de esfuerzos y el trabajo conjunto, que es lo que la ciudadanía espera. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha venido rehuyendo el deseable diálogo con el Consell y la exigible normalidad en la relación institucional. 

A lo largo de estos meses, cuando más falta ha hecho arrimar el hombro, lo que ha sobrado es la politización de la tragedia, centrando el foco exclusivamente en la gestión del gobierno autonómico y olvidando las responsabilidades que corresponden al Estado ante emergencias de tales magnitudes.

Los principales perjudicados de este clima político son los ciudadanos, que sufren directamente las consecuencias y acaban desconfiando de la eficacia de las instituciones y pensando que el Estado en su conjunto adolece de una disfuncionalidad. Como afirma la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, no estamos ante un Estado fallido, sino más bien ante un Gobierno que aparece como fallido en demasiadas ocasiones.

Hay que revisar los mecanismos de cooperación y coordinación entre administraciones, sin duda, pero la primera tarea pasa por desterrar esta forma divisiva de hacer política. La gestión de graves crisis nunca más debería derivar en señalamientos y acusaciones ni en un trato diferente a las comunidades autónomas según su color político.

Con estos mimbres, la Generalitat ha afrontado la reconstrucción sin que el Gobierno haya atendido la llamada del Consell para ir de la mano con un solo plan conjunto y coordinado. El exvicepresidente Gan Pampols, persona constante en su afán por tender puentes, en su despedida lamentaba que “quien teniendo la capacidad, la obligación y los medios para ejercer una coordinación efectiva, garantizando una recuperación más pronta, no lo ha hecho”.

Los valencianos se preguntan cómo es posible que la Comunitat Valenciana, la autonomía con mayor deuda pública en porcentaje sobre el PIB por culpa de la infrafinanciación, tenga que seguir pagando a pulmón, con sus propios recursos (y con préstamos a devolver), sin ayuda real del Estado, la enorme reconstrucción de infraestructuras y servicios de su competencia como colegios, centros de salud o carreteras, teniendo que solicitar un crédito de más de 1.800 millones a entidades financieras para afrontar pagos pendientes ante la no aprobación del FLA extraordinario. 

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a diferencia de otros, sí ha asumido su responsabilidad política. Y es un hecho que el Consell está cumpliendo con un esfuerzo sin precedentes: más de 2.500 millones de euros movilizados y un Plan de recuperación y reconstrucción en ejecución que incluye infraestructuras para minimizar los riesgos ante futuras catástrofes.  

Más de un año después de la dana, nos seguimos preguntando si va a ser posible que el presidente del Gobierno por fin acceda a reunirse con el de la Generalitat y a crear una comisión mixta, como sí hizo tras la emergencia del volcán de La Palma. Nos preguntamos si se van a acelerar las obras hidráulicas antirriadas pendientes desde hace años. Nos preguntamos, en suma, si el Gobierno de España se va a comprometer a trabajar con el Consell hombro con hombro, abordando el reto de la reconstrucción con responsabilidad institucional compartida. 

Apelamos en nombre del municipalismo, una vez más, al Gobierno para que habilite un marco jurídico excepcional para nuestros municipios afectados, que sufren la rigidez de las reglas fiscales, falta de personal para gestionar fondos y ejecutar actuaciones, o dificultades para agilizar la contratación, todo lo cual frena la reconstrucción.

La Comunitat Valenciana nunca ha exigido privilegios, pero nuestra tierra merece ser tratada por el Estado con la sensibilidad y la prioridad que la situación exige, teniendo en cuenta la insostenibilidad financiera a la que estamos abocados.

Casi todo es posible con voluntad política y altura de miras, cuando se pone el interés general por encima de todo. El compromiso de todas las administraciones para ir de la mano sería el mejor homenaje que podemos tributar a la memoria de las víctimas y a los afectados.

Laura Sáez, diputada de Hacienda y alcaldesa de Carlet