Hay huelgas que nacen de una reivindicación laboral y huelgas que terminan convirtiéndose en una causa colectiva. La huelga educativa que atraviesa ya su quinta semana pertenece a esta segunda categoría. Porque cuando miles de docentes salen a defender la educación pública no están hablando únicamente de sus condiciones de trabajo. Están defendiendo algo mucho más profundo: el derecho de cualquier niña o niño nazca donde nazca y que tenga los recursos que tenga su familia, a construir un futuro mejor.

Los docentes valencianos no están defendiendo privilegios. Está defendiendo mejores condiciones para enseñar y, por tanto, mejores condiciones para que el alumnado aprenda. Reclamar menos alumnado por aula es pedir más atención individualizada. Reclamar más plantillas es pedir más refuerzo educativo, más orientación y más capacidad para atender la diversidad. Reclamar menos burocracia es pedir más tiempo para enseñar. Reclamar infraestructuras dignas, centros climatizados y recursos para la inclusión es defender una escuela pública más justa, más segura y más humana. Y por eso, por mucho que se empeñen, esta causa es ya una causa de la comunidad educativa al completo.

Por eso reducir esta huelga a una cuestión salarial es injusto y profundamente interesado. Claro que las condiciones laborales importan. Pero importan precisamente porque sostienen la calidad del sistema. Una educación pública no puede descansar sobre docentes saturados, equipos directivos desbordados, plantillas insuficientes y centros que afrontan cada curso más necesidades con menos certezas.

La educación pública es el mayor ascensor social que hemos construido. Es la herramienta que permite que el origen no determine el destino; que el talento de una niña de cualquier barrio o de cualquier pueblo valga lo mismo que el de quien nace rodeado de oportunidades. La escuela pública es igualdad en acción. Es cohesión social. Es democracia cotidiana.

Las reivindicaciones de la comunidad educativa valenciana llegaron al Senado de la mano de los docentes de la Federación de los servicios públicos de la Unión General de los Trabajadores y las Trabajadoras del País Valencià, por eso, el Grupo Parlamentario Socialistapresentó una moción en defensa de la educación pública valenciana y de apoyo al profesorado. Una moción que debatirá en el próximo pleno y que reclama algo tan razonable como urgente: diálogo real, una propuesta global, concreta, calendarizada y con presupuesto, y una preparación seria del próximo curso escolar. Porque no se puede empezar un curso desde la improvisación. Los centros necesitan instrucciones claras, vacantes cubiertas, plantillas suficientes, recursos para la inclusión, planificación de infraestructuras, climatización y apoyo efectivo a los equipos docentes.

Frente a ello, la respuesta del Gobierno valenciano no ha estado a la altura. Una administración responsable no señala al profesorado. Lo escucha. No enfrenta a docentes y familias. Reconoce la legitimidad de la reivindicación de las partes. Empatiza. Se sienta y negocia. No convierte una huelga educativa en un problema de propaganda. La resuelve con respeto institucional, planificación y presupuesto. Nada de esto ha pasado durante estos 30 días de huelga indefinida. 

El president Pérez Llorca está desaparecido. Una vez más se borra de la solución de los problemas de su pueblo. Ante la mayor huelga educativa de la historia, este sucedáneo de presidente no ha tenido a bien sentarse ni una sola vez con la comunidad educativa, con los docentes que con toda la legitimidad reclaman.

Porque como ya hemos dicho, abanderan la reivindicación de un modelo educativo que refuerza la educación pública de calidad, que efectivamente requiere de una decisión y una apuesta política que no está entre las prioridades del PP valenciano.

Y en medio de este debate sobre lo público, la dignidad y la igualdad, España ha vivido también una imagen histórica: la visita del papa León XIV a las Cortes Generales, por primera vez en la historia, a la sede de la soberanía popular, en una sesión conjunta del Congreso y del Senado. Fue un momento de enorme simbolismo democrático: un Papa hablando en el corazón de una España plural, constitucional y aconfesional.

La presidenta del Congreso estuvo especialmente acertada en su bienvenida: respeto a las ideas, afecto sincero, conciencia institucional y defensa de la convivencia. Porque una democracia madura no necesita esconder sus diferencias; necesita saber habitarlas con respeto.

Y lo más interesante es que buena parte del mensaje escuchado estos días conecta más con los valores socialdemócratas que con quienes se dan grandes golpes de pecho mientras practican la exclusión, la discriminación o el rechazo de los derechos humanos. Hablar de dignidad humana, de justicia social, de protección de los vulnerables, de bien común, de fraternidad y de una economía al servicio de las personas no está lejos de la agenda que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez. Está muy cerca.

La encíclica Magnifica Humanitas confirma, además, que León XIV continúa el camino abierto por Francisco: llevar a la Iglesia a practicar una verdadera cristiandad, la de los que miran antes a los pobres que a los poderosos, antes a los excluidos que a los privilegiados, antes a la dignidad humana que al beneficio. Y hay que sumarle, verlo desde el punto de vista de los derechos y no de la caridad.

Resulta paradójico que quienes más invocan la religión sean a menudo quienes menos practican sus consecuencias sociales. Porque no hay cristianismo verdadero en recortar servicios públicos, en enfrentar a las familias con el profesorado, en señalar al diferente o en negar derechos a quienes más necesitan protección.

La huelga educativa, la moción socialista en el Senado y el mensaje humanista de León XIV hablan, en el fondo, de lo mismo: de qué entendemos por dignidad. Y la dignidad no se proclama; se garantiza. Se garantiza con aulas dignas, con docentes reconocidos, respetando la llengua, con recursos suficientes y con una escuela pública capaz de abrir futuro.

Hay una enseñanza particularmente valiosa en Magnifica Humanitas. Incluso quienes discrepamos de algunos de sus planteamientos comprobamos que el texto vuelve una y otra vez sobre una idea fundamental: la dignidad humana exige condiciones materiales, culturales y educativas que permitan a cada persona desarrollar su proyecto vital. Y si existe una herramienta capaz de convertir ese principio en realidad cotidiana, esa es la educación pública. Por eso la reivindicación del profesorado valenciano trasciende cualquier conflicto laboral. Habla de igualdad, de oportunidades y de justicia social. Habla, en definitiva, de la dignidad humana de la que habla la encíclica y de la responsabilidad colectiva de hacerla efectiva.