La huelga indefinida que desde el 11 de mayo afecta a la enseñanza pública valenciana no ha surgido de la nada. Sus raíces son más profundas que el mandato del PP y más antiguas que la Dana. Lo que ha ocurrido es que un conflicto estructural, mantenido durante años en estado de latencia, ha encontrado por fin las condiciones para estallar. Conviene separar las capas.

Los números son los que son. La parte autonómica del salario docente valenciano no se ha actualizado en diecinueve años. En ese período han gobernado el PP, después el Botànic durante ocho años, y de nuevo el PP. Los tres ejecutivos coinciden en el resultado. El profesorado valenciano figura entre los peor retribuidos de España y acumula, según los sindicatos, una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20 % desde 2007.

A esto se suman reivindicaciones estructurales igualmente antiguas: ratios que los docentes consideran inasumibles, exceso de burocracia, alta temporalidad, falta de sustituciones inmediatas y unas infraestructuras escolares que la Dana ha vuelto a poner en primer plano.

El conflicto, en definitiva, no lo ha creado ningún gobierno en particular. Lo ha heredado cada uno de ellos, y cada uno lo ha aplazado.

Durante los ocho años de gobierno de Ximo Puig, con Vicent Marzà al frente de la Conselleria de Educación entre 2015 y 2022, y Raquel Tamarit en el último tramo hasta 2023, los sindicatos plantearon la misma subida salarial que hoy justifica la huelga. La Mesa Sectorial recogió el rechazo hasta en cinco ocasiones, con argumentos que fueron variando según la coyuntura: la ley de Estabilidad Presupuestaria, la infrafinanciación autonómica o la necesidad de vincular cualquier subida al resto de la función pública. La fotografía, paradójicamente, es idéntica a la actual.

Sin embargo, no hubo huelga indefinida. ¿Por qué?

La respuesta no es sencilla, pero tampoco es un misterio. El Botànic ofreció al colectivo docente un conjunto de compensaciones no salariales que actuaron como válvula de descompresión: avances en política lingüística y modelo plurilingüe, un currículo culturalmente afín, el Pla Edificant y un clima de sintonía ideológica que hacía percibir el aplazamiento salarial como un sacrificio compartido dentro de un proyecto común.

Los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública valenciana —STEPV especialmente— son organizaciones con una identidad política clara, próxima al espacio de la izquierda valencianista. Esa afinidad no elimina el conflicto de intereses, pero lo modera. Con un gobierno percibido como propio, la presión sindical tiende a ejercerse en la mesa de negociación, no en la calle.

El Consell presidido por Carlos Mazón —y continuado, tras su dimisión en noviembre de 2025, por el ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca— ha heredado la misma deuda y no ha encontrado la manera de pagarla. La propuesta que puso sobre la mesa antes de la convocatoria de huelga —una subida progresiva de 75 euros brutos mensuales hasta 2029— fue rechazada por la totalidad de los sindicatos convocantes como insuficiente.

Pero lo decisivo no es solo la cantidad. Con el PP, los amortiguadores ideológicos han desaparecido y han sido sustituidos por nuevos agravios. Los cambios en el modelo lingüístico, la retirada de autores del ámbito catalano-balear del currículo, y la percepción de una política educativa que revierte los cambios del período anterior, han transformado lo que podría haber sido un conflicto laboral en un conflicto de valores. Cuando una huelga deja de ser solo sobre el sueldo y se convierte también sobre el modelo de escuela, su base social se ensancha y su intensidad aumenta.

A ello se suma la gestión de la Dana. La lentitud en la reconstrucción de los centros educativos afectados ha añadido una dimensión emocional y urgente que ha acelerado el punto de ruptura.

Además, faltan menos de doce meses para las elecciones autonómicas. En ese contexto, una huelga histórica en la enseñanza pública —la primera desde 1988— no puede leerse solo como un conflicto laboral. Los sindicatos tienen intereses propios, y esos intereses incluyen la agenda política. Señalarlo no invalida las reivindicaciones de fondo, que son reales y documentadas. Pero sí forma parte de un análisis objetivo.

Lo mismo aplica al Consell, que ha utilizado el argumento del Botànic —el rechazo de las mismas demandas durante ocho años de gobierno de izquierdas— para relativizar su propia responsabilidad. Es un argumento con base, pero que no resuelve el problema ni explica por qué la parte autonómica del salario sigue sin moverse.

El verdadero escándalo no es que haya huelga ahora. Es que haya tardado tanto. Una deuda salarial de casi dos décadas, sostenida por gobiernos de distinto signo con distintas excusas, habla de un modelo de relaciones laborales en la función pública donde la contención retributiva se ha convertido en norma estructural y donde la respuesta sindical depende, en parte, de quién gobierna.

El conflicto de la enseñanza pública valenciana tiene solución técnica. Lo que le falta es voluntad política. Y eso, hasta ahora, también ha faltado en todos los gobiernos que han pasado por el Palau de la Generalitat.