La política migratoria de puertas abiertas de Pedro Sánchez hace tiempo que dejó de ser un debate ideológico para convertirse en un problema real que pagan nuestras ciudades.
Porque cuando un Gobierno renuncia al control, a la planificación y a dotar de recursos suficientes a quienes están en primera línea, las consecuencias terminan llegando a nuestros barrios y son los ayuntamientos quienes tienen que afrontarlas.
En Valencia lo sabemos bien. El asentamiento del antiguo circuito de Fórmula 1 es una muestra de una realidad que la izquierda pretende ignorar mientras exige al Ayuntamiento soluciones inmediatas. Generan el problema, no ponen ni los medios ni los recursos que las ciudades necesitamos y, después, señalan con el dedo a quienes tenemos que gestionarlo. La hipocresía habitual del sanchismo.
Ya en 2021, con la izquierda gobernando la ciudad, los propios Servicios Sociales reconocían no disponer de una alternativa concreta para las personas que vivían allí. Cinco años después, algunos de los que fueron incapaces de resolver un problema agravado por la política migratoria sanchista, exigen ahora soluciones inmediatas.
Y Valencia arrastra además otro lastre. Después de ocho años de gobiernos de PSOE y Compromís, nos encontramos una política de vivienda prácticamente inexistente: apenas 14 viviendas públicas construidas en ocho años, desarrollos urbanísticos paralizados y oportunidades perdidas para aumentar la oferta.
Ahora estamos recuperando ese tiempo perdido. Con María José Catalá la vivienda se ha convertido en una prioridad: inversión, suelo, construcción y desbloqueo de desarrollos. En dos años y medio hemos puesto en marcha 1.000 viviendas públicas y multiplicado los recursos destinados a vivienda. Pero ocho años de parálisis no se corrigen de la noche a la mañana.
Mientras tanto, nuestros servicios sociales siguen trabajando. El Ayuntamiento lleva meses monitorizando el asentamiento, ha reforzado los albergues, mantiene abierto los 365 días del año el centro de Santa Cruz de Tenerife y ha creado nuevos recursos en Benimaclet y el Carmen, hasta sumar 1.000 plazas propias y conveniadas. Para atender con dignidad a quien lo necesita y proteger también la convivencia de nuestros vecinos.
Y cuando la convivencia se deteriora, también hay que actuar. Lo hemos hecho recientemente en Benicalap, donde el desalojo judicial del asentamiento okupa de la calle Picayo ha permitido devolver la tranquilidad a unos vecinos que llevaban demasiado tiempo soportando una situación que condicionaba su día a día.
La vulnerabilidad necesita atención; la ilegalidad, una respuesta; y los vecinos, protección. Una ciudad solidaria no es una ciudad sin normas.
Y si alguien pensaba que estábamos ante situaciones aisladas, Ceuta nos ha enfrentado de golpe con la realidad.
El pasado 30 de julio, cerca de 72.000 personas cruzaron irregularmente la frontera en apenas 48 horas. Algunos perdieron la vida intentándolo. El Gobierno había sido advertido, a pesar de negarlo, y su respuesta fue absolutamente insuficiente.
Mientras policías, guardias civiles, militares, sanitarios y servicios públicos trabajaban al límite; mientras comerciantes cerraban sus negocios y los hosteleros veían destrozada su campaña de verano, Pedro Sánchez se marchaba de vacaciones. No sin antes compartir con los españoles su lista de Spotify para el verano.
Una imagen resume demasiadas cosas: un país afrontando una crisis y un presidente desconectado de ella.
Nuestra alcaldesa, María José Catalá, lo ha advertido: las grandes ciudades estamos sufriendo las consecuencias de una política migratoria basada en el descontrol y la ausencia de planificación.
Que nadie tergiverse nuestras palabras. Bienvenido quien viene legalmente a España a trabajar, integrarse, respetar nuestras leyes, compartir nuestra cultura y construir un futuro junto a nosotros. España siempre ha sido una tierra abierta y solidaria. Ese no es el problema.
El problema es pretender que las fronteras pueden dejar de existir sin consecuencias. La solidaridad sin orden acaba fracasando. Y unas fronteras sin control no son una política migratoria.
Las ciudades necesitamos recursos para atender dignamente a las personas que llegan, pero también herramientas para garantizar a nuestros vecinos la seguridad y tranquilidad que merecen. No se puede decidir desde un despacho en Madrid y trasladar después toda la responsabilidad a los ayuntamientos.
Y hay algo que tampoco admite discusión: la integridad territorial de Ceuta y Melilla no se negocia. Se defiende. Son España y son, además, frontera de Europa.
Por eso la alcaldesa recibió recientemente en el Ayuntamiento a representantes de la comunidad ceutí en Valencia y de la Casa Regional de Melilla para trasladarles un mensaje sencillo: no están solos.
Valencia sabe lo que significa necesitar la solidaridad de los demás. Lo vivimos tras la DANA y nunca olvidaremos cómo España entera se volcó con nosotros.
Mientras el Gobierno intenta salvar su relato, nosotros seguiremos afrontando la realidad. Atendiendo a quien lo necesita. Construyendo vivienda. Actuando cuando la convivencia se rompe. Protegiendo nuestros barrios.
Y estando, hoy y siempre, al lado de Ceuta.
No estáis solos.
