Hora es ya de centrar el grave problema de la vivienda que sufre nuestro país, que no es otro que disponer para la inmensa mayoría de los trabajadores (2/3 de los asalariados integrados por mileuristas hasta los que alcanzan dos veces el SMI, 1.000-2.400 €/mes aproximadamente) de una oferta suficiente de viviendas asequibles. Éstas deben identificarse, desde un mínimo rigor socioeconómico, por aquellas cuyas rentas de alquiler se encuentren comprendidas en la horquilla de 300-700 €/mes.
Obviamente, estas viviendas no pueden ser ofrecidas ni por el mercado libre, ni tan siquiera por el derivado de la colaboración público-privada ('Planes Vive') en los que, a pesar de la aportación gratuita del suelo por la Administración, los empresarios privados no pueden generar alquileres inferiores a los 1.000-1.200 €/mes al tener que incorporar el correspondiente beneficio empresarial y los costes financieros de mercado.
Análogamente a como viene ocurriendo en centroeuropa desde hace más de un siglo, estas viviendas sólo pueden ser promovidas por la Administración pública mediante gestión directa (“arrendadores públicos”) producidas a coste cero de suelo y beneficio empresarial y financiación pública al 3-3,5 %. El ejemplo de CASA 47 es paradigmático de esta opción.
Así pueden obtenerse viviendas asequibles con rentas de 300-700 €/mes, implantables tanto en suelos calificados para Viviendas de Protección Pública (VPP), como para las Viviendas-Alojamientos Dotacionales (VAD), en aquellos calificados para equipamientos públicos. Así, se podrá conformar a largo plazo un parque público permanente de viviendas en alquiler asequible, integrado por 2,5-3 millones de Viviendas (el 10 % del parque residencial español) con el objetivo de alcanzar la media centroeuropea existente.
Asimismo, la financiación pública de la vivienda como "quinto pilar del Estado de Bienestar" en la opción de gestión directa que se defiende en este Artículo no comporta la disposición de un "gasto público a fondo perdido" como sí ocurre con el resto "pilares" (v. gr. Sanidad y Educación), sino más bien al contrario, supone una "Inversión Social recuperable" mediante los retornos que comporta el cobro de los alquileres mensuales correspondientes (en 30-50 años se recupera la Inversión).
Por otro lado, la política estructural a medio-largo plazo, expresada anteriormente, debe ser complementada con otra política coyuntural a plazo corto de respuesta inmediata al problema en la actualidad. Lógicamente, esta política tiene que apoyarse y utilizar necesariamente, por razones de su perentoria inmediatez, los patrimonios de suelo y de edificación preexistentes, tanto públicos como privados, incentivando y promoviendo su disposición en modo de oferta de Vivienda Asequible.
Así, la utilización de los patrimonios públicos como son los de las viviendas de la Sareb, de los suelos de Defensa o cualesquiera de titularidad de la Administración Central, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos debe ser prioritaria. Asimismo, la disposición de los patrimonios privados, tanto de los fondos de inversión como de las entidades financieras y de propietarios particulares, deben ser incentivados hacia su incorporación a la oferta de vivienda asequible mediante la adopción de medidas proactivas de ayudas a la rehabilitación, de bonificaciones fiscales u otras análogas condicionadas, obviamente, a su consideración como asequibles durante un tiempo mínimo, así como de otras complementarias y simétricas de las anteriores relativas al control de eventuales incrementos especulativos de los alquileres preexistentes o a garantizar la seguridad jurídica de la actividad arrendataria privada.
Valga esta exposición detallada de una política pública de vivienda para ofrecer, presumiblemente, respuestas razonables y solventes al grave problema que viene lastrando nuestro bienestar social desde antaño.
De hecho, la práctica totalidad de la legislación regula disposiciones que apoyan las determinaciones señaladas. Tampoco existe problema con la financiación pública de estas políticas al ser recursos recuperables en el tiempo. Sólo queda por garantizar la voluntad política para llevarlas a cabo mediante gestión directa. Téngase en cuenta que si únicamente se confiara en la colaboración público-privada, para garantizar las rentas asequibles sería necesaria la disposición de ayudas públicas por vivienda de una media de 300 €/mes, lo que, aplicado al total contingente anual de viviendas asequibles a producir, comporta un muy elevado gasto público, este sí a "fondo perdido" y de difícil digestión administrativa.
En fin, esperemos que, más pronto que tarde, la problemática señalada sea interiorizada por nuestros representantes políticos y adopten, de una vez por todas, la constitución de los citados entes de gestión pública, instituciones siempre renuentes a su asunción y aplicación por parte de nuestras inerciales y viejas Administraciones.
