Confieso que estoy siguiendo con ardor futbolero las noticias que diariamente llegan sobre el Nausgate que ha animado la conversación alicantina en este inicio del 2026: la sucesión de dimisiones, los expedientes y suspensiones de empleo y sueldo, y, por supuesto, el morbo de saber nombre, apellidos y relación familiar los agraciados en esta particular pedrea. Pero de todo lo que ha salido, y es mucho, publicado en estos días, lo que me parece más importante son estos dos párrafos del artículo que firmaba Raúl Navarro en Alicante Plaza el 31 de Enero: 

De este modo, según fuentes de Vivienda y de la entidad gestora de la cooperativa, la única ventaja económica que habría supuesto la adjudicación de esas VPP consistiría en la posibilidad de haber adquirido una vivienda a un precio inferior al de mercado, toda vez que el solar en el que se construyeron se vendió a un precio público tasado en función de los módulos regulados por ley para la VPP y, por tanto, no expuesto a valoraciones del mercado. En concreto, la parcela se enajenó por 6.673.574 euros (impuestos incluidos) abonados por la cooperativa. Con ello, el precio de venta de las viviendas construidas habría sido inferior al de una vivienda de las mismas características en el mercado libre. Y más si se tiene en cuenta que la promoción la ejecutó una cooperativa, a precio de coste, sin margen para el beneficio industrial. De este modo, el precio medio por una vivienda con dos plazas de garaje y trastero ascendió a 215.000 euros, según la propia entidad gestora, cuando una vivienda libre en ese mismo emplazamiento podría llegar a rondar los 350.000 euros. 

Acabáramos. El origen del problema es que el terreno sobre el que se construyó la ya famosa promoción de Les Naus se vendió por debajo de precio de mercado por el Ayuntamiento. Y como el precio del suelo es del 25 al 50% del precio final de la vivienda, éstas se pudieron adquirir con un descuento de un 40% sobre lo que hubiesen costado en el mercado libre. Porque a fin de cuentas, ¿alguien de todos los implicados hubiese comprado su casa de no ser así? Más aún, ¿sería un escándalo si hubiesen comprado los pisos a precios de mercado? Evidentemente no. 

Los compradores debían cumplir determinados requisitos en cuanto a patrimonio e ingresos, se requería de un visado de la autoridad competente y asumían un uso exclusivo como primera vivienda durante una década. Resultado: pisos comprados por hijas y hermanos de algunos elegidos, maridos que dan el visto bueno a pisos que va a adquirir su mujer y viviendas (e incluso plazas de garage) a la venta o en alquiler en Idealista. 

¿De qué sirve tanta normativa ante esta realidad? Simplemente para dar una coartada de pulcritud y control y para dejar fuera a los que no están en el ajo. 

Y es que cuando no rige el precio de mercado, algo lo ha de sustituir. Y ese algo la mayoría de las veces es sencillamente el tener el favor del poder: conocer a alguien, poder sobornar a alguien o, directamente, ser alguien con capacidad de decisión para decir: tú sí y tú no. 

Por eso cada vez que escucho que la solución al problema del precio de la vivienda es mayor control público, control de precios y promoción pública, me echo a temblar. 

Porque lo que mi cerebro escucha es mayor corrupción, mayor negocio de los cortesanos del poder y mayor dificultad para el acceso a la vivienda del ciudadano común. 

Y la próxima vez, hablamos de la subida de las pensiones…