VALÈNCIA. Uno de los históricos problemas del parque público de la Generalitat Valenciana es la okupación de sus viviendas. Una situación que se ha agravado en los últimos tiempos, coincidiendo con la tensión en el mercado inmobiliario por el alza de precios, y que ha provocado que actualmente el 13% de los inmuebles, unos 1.800 de un total de cerca de 15.000 pisos, tengan inquilinos ilegales. Un hecho que ha llevado al equipo de la Conselleria de Vivienda, que dirige Susana Camarero, a intensificar las medidas para blindar su patrimonio social, a través de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), encargada de la gestión del parque público, con el fin de evitar la ocupación ilegal.

Este plan recoge diferentes actuaciones, con una inversión total superior a los 850.000 euros anuales. Entre ellas, destaca la instalación de 223 puertas antivandálicas en el último ejercicio, con una inversión de unos 100.000 euros. Sin embargo, la instalación de estos sistemas no siempre ha resultado eficaz, por lo que se han adoptado otros mecanismos de control como la instalación de 250 alarmas individuales con conexión a una central y aviso inmediato la Policía. De esta forma, estos sistemas no están vinculados al suministro eléctrico para evitar que puedan ser asaltadas de forma ilegal. El coste de estos aparatos ha sido de 125.000 euros.

Asimismo, el comportamiento de algunos ocupantes ilegales ha llevado a la Conselleria a la contratación de seguridad privada en algunos grupos de vivienda pública. Es el caso del edificio de la calle García Girona de Castellón de la Plana. "Los ocupantes ejercen una presión activa sobre el resto de residentes y hacen que no funcionen los elementos básicos de la comunidad", explican fuentes de este departamento. De ahí la necesidad de contratar un servicio de seguridad 24 horas, por un importe de unos 200.000 euros anuales.

De hecho, para el edificio con 184 viviendas públicas en La Torre, que actualmente se ha destinado a afectado por la Dana, una vez concluyeron las obras y hasta que se entregaron los inmuebles, la Generalitat Valenciana también contrató, por 221.075 euros anuales, un servicio de seguridad 24 horas para evitar posibles asaltos. Asimismo, la EVha también ha adjudicado recientemente el servicio de seguridad y vigilancia 24 horas en el grupo Joan Miró de la pedanía La Torre por un importe de 187.612 euros para un año.

Y es que en los últimos años este fenómeno se ha agudizado, principalmente por la escalada de precios en el mercado. Así, mientras hace unos años eran unas 1.300 las viviendas del parque público okupadas, la Generalitat confirma que ahora son 1.800, el 13% del total. "Nuestra postura es clara: no permitir nuevas ocupaciones ilegales en viviendas públicas, ya que impiden atender a las familias necesitadas que respetan la legalidad, generan importantes conflictos en los grupos de vivienda e impiden desarrollar la política de normalización de viviendas en la que trabaja", subrayan desde Conselleria.

Colaboración con servicios sociales

En este sentido, señalan que cuando se está ocupando ilegalmente una vivienda se priva de un bien "destinado a cubrir necesidades habitacionales de quien lo solicita de forma regular". "La okupación imposibilita que la Administración pueda otorgar un inmueble a quien justifique una mayor necesidad tras la debida comprobación de las circunstancias de las personas solicitantes, que no necesariamente han de ser los ocupantes".

Según explican, en los procedimientos de desalojos, se analiza la situación de las personas, sobre todo en casos de vulnerabilidad, para verificar que tienen red familiar para darles una solución habitacional. Mayoritariamente es así, pero en caso de no contar con ese apoyo, desde Vivienda subrayan que se notifica la situación a los Servicios Sociales municipales para que actúen. De hecho, esta colaboración se ha reforzado, explican desde el equipo de Camarero, "con el fin de buscar la mejor alternativa habitacional para el caso de personas o familias en riesgo extremo de exclusión social".

De forma paralela, el gobierno valenciano presentó hace unos días la Oficina Antiokupación, pactada con Vox en los Presupuestos de la Generalitat para este 2025. La estrategia contará con un sistema de "acompañamiento y asesoramiento legal" a las personas afectadas por esta problemática y que se desarrollará a través de las 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y los 66 centros JustiProp valencianos, cuyos profesionales se han estado formando en los últimos meses para ello. 

El Plan Integral contra la Okupación de Viviendas incluye, además, la creación de la mencionada oficina de atención de las víctimas de la okupación, que entrará en funcionamiento "en las próximas semanas" y que contará con atención a través del teléfono 012, aunque no prestará servicio durante las 24 horas del día.