VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha reactivado la adjudicación de las 184 viviendas públicas de la conocida torre de Sociópolis, inicialmente destinadas al alquiler asequible, pero cuya asignación quedó paralizada tras la Dana para reservar los pisos a realojos de afectados por la catástrofe. Pero, además, el inmueble también quedo inutilizado porque quedó gravemente afectado por las inundaciones, especialmente sus bajos y sótanos. Ahora, casi once meses después de la tragedia y tras ser un refugio para muchas familias que perdieron sus hogares, la Conselleria ha decidido retomar el proceso programado, a excepción de 61 unidades en las que siguen residiendo personas que no han podido volver a sus casas. 

La Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) ya ha iniciado formalmente el proceso de adjudicación, que se cerrará una vez se completen todas las viviendas. Para poder acceder, los interesados deben estar inscritos en el Registro de Demanda de Vivienda de la Comunitat Valenciana. Cabe recordar que fue el pasado 18 de octubre de 2024 cuando Vivienda publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una resolución por la que declaraba excepcional este proceso y establecía el procedimiento para la adjudicación de estos pisos en régimen de alquiler.

Uno de los requisitos era que el 50% de las unidades estaban reservadas para jóvenes, es decir, un total de 92 viviendas. El resto iban a ser para otros colectivos como mayores de 60 años, personas con diversidad funcional, familias numerosas o víctimas de violencia sobre la mujer. Asimismo, también se fijó que 30 viviendas iban a familias numerosas y otras 16 a monomarentales/parentales (25% del total). Unos criterios que se mantienen en la nueva convocatoria. 

Ubicado en la calle Remigio Soler 1, en el barrio valenciano de La Torre, el edificio fue durante años uno de los símbolo de los vestigios de la crisis inmobiliaria en València. Permaneció una década luciendo un esqueleto inacabado, consumido por los grafitis y degradación. No obstante, en la pasado legislatura el gobierno de Ximo Puig decidió recuperarlo. En 2019 se urbanizó el entorno y tres años más tarde licitó las obras para culminarlo. El objetivo era que este proyecto fuera una de las primeras promociones pública en régimen de alquiler. 

El complejo está dividido en dos volúmenes uno de 20 plantas y otro de 14 sobre un zócalo de cuatro. En la cubierta se han instalado paneles fotovoltaicos, así como recuperadores para la instalación de ventilación. Además, en la cuarta planta se ha proyectado una terraza accesible como entorno colectivo para los residentes y un local comunitario, a la que se podrá acceder desde los cuatro zaguanes.

A solo unos días de que la contrata entregara el activo a la Generalitat y que éste iniciara el proceso de adjudicación sucedió la Dana, quedando parcialmente dañado. Las viviendas se conservaron en buen estado al estar en altura, pero el agua afectó a los bajos del edificio y a su garaje, que quedó inundado. También se deterioró el ascensor, necesario para llegar a las últimas alturas de un complejo de 20 alturas como este. Unos daños que han llevado al departamento que dirige Susana Camarero a invertir 2,2 millones de euros en su reacondicionamiento.

No obstante, a lo largo de estos meses ha servido para acoger a más de un centenar de familias que perdieron sus hogares durante la riada. Por el momento, permanecen ocupadas 61 unidades de las 184 del complejo. Cada caso se irá revisando en función de las necesidades de las familias, pero dado que el grueso del edificio está ya disponible y totalmente reparado, la Generalitat reemprende la adjudicación originaria para atender la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana y dar una solución a muchas otras familias que tienen complicado el acceso a una vivienda con los precios actuales.