VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana elevó el pasado mes de agosto un 7% el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública (VPP), más conocidas como VPO, en la Comunitat Valenciana, hasta situarlo en 2.568 euros por metro cuadrado útil. Fueron 168 euros más que los 2.400 euros vigentes hasta entonces.
Una subida que, sin embargo, no será la última: el último cambio normativo aprobado por el gobierno valenciano establece un sistema para actualizar cada año de forma automática los precios máximos en función del IPC, un índice que no ha dejado de subir en los últimos meses hasta el 4,9% que marcó en septiembre.
Esta novedad es una reforma del decreto de 2024 que regula la vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana y que se incluyó en la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026. La modificación entró en vigor el pasado 11 de agosto tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En cualquier caso, y pese a lo que marca la ley, desde la Conselleria de Vivienda aseguran que una vez se apruebe el IPC anual "analizarán ese incremento".
El cambio llegó después de meses de reuniones con los promotores, que llevaban tiempo reclamando una actualización del módulo de la VPO ante el encarecimiento de los costes de construcción y de la promesa de la propia Administración valenciana de revisar anualmente el precio a través del denominado módulo dinámico, un sistema de cálculo que debía permitir adaptar el precio de la vivienda protegida a la evolución de los costes y del mercado.
Este instrumento, regulado en el decreto de 2024 y presentado entonces como una herramienta "pionera e innovadora", debía desarrollarse mediante una orden específica de la Conselleria que, sin embargo, todavía no ha llegado. Ante este retraso, el departamento que dirige Susana Camarero optó por introducir un mecanismo transitorio que permitiera actualizar los precios mientras se desarrolla definitivamente ese módulo dinámico y que es la actualización ligada al IPC.
De este modo, la reforma establece que hasta que se publique esa orden, el precio máximo de venta vigente a 31 de diciembre de cada año se actualizará automáticamente en el mismo porcentaje de variación anual del IPC general correspondiente al año anterior. En estos momentos, el IPC en España se situó en el 4,9% en septiembre de 2026, aunque la Confederación Española de Organizaciones Empresariale (CEOE) prevé un IPC medio anual del 3,6%.
"Hasta la publicación de la correspondiente orden de desarrollo del módulo dinámico, el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública vigente a 31 de diciembre de cada año quedará actualizado automáticamente en el mismo porcentaje de variación anual del índice de precios al consumo general publicado por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año natural inmediatamente anterior", señala el cambio normativo.
Además, recoge que será la Dirección General competente en materia de vivienda la que "deberá publicar cada año los precios máximos actualizados", que tendrán efectos desde el 1 de enero con independencia de cuándo se hagan públicos.
- La consellera Susana Camarero visita unas obras.
No obstante, la reforma incorpora una segunda vía para actualizar los precios. Así, contempla que la Conselleria puede establecer una subida diferente a la que resulte del IPC siempre que exista una justificación económica y se tengan en cuenta factores objetivos como la evolución de los costes de construcción, los materiales, la energía, la mano de obra o la financiación.
Y es precisamente esta excepción la que utilizó la Generalitat para aprobar el incremento del 7% en verano de este año. La nueva regulación entró en vigor el 11 de agosto, cuando 2026 ya estaba avanzado, por lo que la primera actualización no podía producirse mediante el mecanismo automático previsto para las revisiones anuales. En su lugar, la Conselleria recurrió a la posibilidad que le ofrece la norma de fijar un incremento superior al IPC y justificarlo mediante una memoria económica.
De hecho, en la misma resolución de la subida, el Consell justificó el incremento por el aumento sostenido de los costes de construcción en los últimos años, una situación agravada en la Comunitat Valenciana por las necesidades de reconstrucción tras la Dana de octubre de 2024. En este sentido, la Generalitat se apoyó en tres fuentes independientes —el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), el Índice de Costes Directos de Construcción (ACR) y el Barómetro de la Promoción de UVE Valoraciones— que coinciden en señalar un aumento del 57% en el coste de ejecución de obra entre 2019 y 2026, con una subida del 17,1% solo desde 2023. Por su parte, el Módulo Básico de Edificación del IVE se ha incrementado un 21,79% entre diciembre de 2024 y julio de 2026, muy por encima del 5,7% acumulado por el IPC valenciano en ese mismo periodo
Por tanto, todo apunta a que el precio máximo de la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana volverá a subir a partir del próximo 1 de enero, apenas cinco meses después del incremento del 7% aprobado este verano. Eso sí, el porcentaje concreto todavía está por determinar, ya que dependerá de la evolución del IPC durante los últimos meses del año y de que la Conselleria no opte por establecer una actualización diferente, una posibilidad que también contempla la normativa si se justifica con informes, como se hizo en agosto.
