VALÈNCIA. Uno de los principales frenos en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto es la lenta y tediosa tramitación administrativa. Un periplo complejo que no solo supone un verdadero quebradero de cabeza para sus impulsores, sino que también puede acabar encareciendo la obra o, incluso, frenándola en caso de que los tiempos se dilaten sine die. La cuestión no es baladí, especialmente en materia de vivienda ante la grave emergencia habitacional que sufre el país en general y la ciudad de València en particular. De ahí que uno de los objetivos de muchas administraciones sea recortar plazos y agilizar procedimientos para que los proyectos que cumplan con la normativa se ejecuten lo antes posible y salga nueva oferta al mercado.
Soluciones hay varias y muchas son las que se han puesto sobre la mesa, pero ahora la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València se fija un plazo máximo para poder dar ese permiso municipal: tres meses. “Nos hemos marcado un objetivo exigente: alcanzar la excelencia en la gestión de las licencias y trabajar con plazos y compromisos concretos que nos permitan concederlas en un plazo máximo de 90 días”, prometió el edil Juan Giner ante buena parte del sector inmobiliario en una jornada organizada por Valencia Plaza y Olivares Consultores, cuya crónica se publicará el próximo martes.
Un compromiso "ambicioso", admitió, aunque sin concretar cuándo espera que el Ayuntamiento pueda alcanzar ese objetivo ni ponerlo en marcha. "Sé que exige recursos, organización, constancia y también cambios internos, pero la asumimos porque no queremos simplemente una Administración que tramite expedientes. Queremos una Administración que facilite que las cosas ocurran", reivindicó Giner, quien incidió en que, para una empresa, promotor o inversor, el tiempo importa y "la Administración tiene que entenderlo".
Lo cierto es que los largos tiempos administrativos son uno de los principales cuellos de botella que señala el sector para explicar parte de las dificultades para aumentar la oferta residencial. Una lentitud que acaba lastrando nuevas inversiones por la incertidumbre que genera, pero también por los sobrecostes asociados a mantener durante más tiempo la financiación, los terrenos y los proyectos sin poder iniciar las obras. Tanto es así que un informe elaborado por EY junto a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) señalaba en 2020 que el atasco entre la solicitud del permiso y su obtención podía llegar a encarecer el precio de una vivienda en València en 9.679 euros. Cierto es que el estudio es de hace seis años, pero sirve para dimensionar el impacto económico que pueden llegar a tener los retrasos administrativos sobre el producto final.

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- Foto: EDUARDO MANZANA
Por ello, agilizar estos procedimientos se ha convertido en uno de los frentes abiertos por las administraciones para hacer frente a la crisis de vivienda. Una cuestión que también aborda la Ley 3/2026 de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, conocida como 'plan Simplifica 2', que incluye expresamente las licencias para la construcción de nuevas viviendas entre los trámites que pueden acogerse a la vía de urgencia cuando su duración ordinaria sea igual o superior a seis meses.
En este sentido, Giner recordó que cuando el actual gobierno municipal llegó al Ayuntamiento había 21.000 expedientes de licencias pendientes de resolver, un tapón que "se ha reducido en un 70%", según aseguró, mientras que los tiempos de tramitación, que entonces alcanzaban una media de 1.000 días por expediente, también se han acortado. Ese tiempo de espera ya se ha reducido, pero pese a los avances, el responsable municipal de Urbanismo insistió en que el Ayuntamiento "no se conforma". "Hemos mejorado mucho, pero todavía tenemos margen para mejorar", admitió.
Medidas para desatascar licencias
Además, a lo largo de estos años, la Concejalía ha puesto en marcha un plan para agilizar las licencias que ha pivotado sobre tres ejes. Por un lado, la reorganización de los recursos humanos del área de licencias para redistribuir funciones y aprovechar mejor la plantilla existente; por otro, una nueva "cultura de la Administración municipal", basada en presumir el cumplimiento de la normativa por parte de promotores y empresas y realizar las comprobaciones posteriormente, en lugar de paralizar la tramitación hasta verificar cada requisito. Y, por último, la revisión de las ordenanzas municipales para simplificar y clarificar las reglas y evitar interpretaciones que ralenticen los expedientes.
Precisamente, una de las últimas piezas de esta estrategia ha sido la nueva Ordenanza reguladora de licencias urbanísticas y de actividades, con la que el consistorio busca simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas, clarificar las reglas y mejorar la trazabilidad de los expedientes. Un nuevo marco que ahora tendrá que demostrar sus efectos sobre los tiempos reales de concesión de permisos.
Otra de las vías abiertas para acelerar los procedimientos son las entidades colaboradoras de la Administración (ECUV), una figura impulsada por la Generalitat en tiempos del anterior ejecutivo del Botànic para permitir que entidades acreditadas participen en la revisión y certificación de determinados proyectos y descarguen así parte del trabajo de los servicios municipales. No obstante, no siempre están funcionando. De hecho, muchos ayuntamientos han bloqueado esta ayuda externa, lo que ha dilatado trámites y demorado la puesta en marcha e proyectos.

- Foto: AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Ahora, Urbanismo busca dar un paso más. Especialmente, después de que el sector inmobiliario reconozca los avances, pero siga reclamando la reducción de unos plazos que considera todavía demasiado eternos teniendo en cuenta el panorama actual de urgencia habitacional. De ahí que Giner se haya fijado como nuevo objetivo avanzar hacia un sistema que permita conceder las licencias en un plazo máximo de 90 días, aunque, por el momento, no ha establecido un horizonte de inicio.
Licencias concedidas e inversión
En cualquier caso, Giner quiso sacar pecho de los datos de gestión de su departamento. Durante su intervención, destacó que en los últimos tres años el Ayuntamiento ha concedido licencias para 5.465 nuevas viviendas y que el ritmo se ha acelerado en los últimos meses. En el primer semestre de este año se otorgaron 1.314 licencias de vivienda de renta libre, más que en todo 2025, según señaló el concejal.
El edil también puso el foco en el volumen de la actividad vinculada a la gestión de licencias, con 15.700 autorizaciones para reformas de viviendas y locales, cerca de 15.000 permisos de andamios y alrededor de 20.000 autorizaciones de contenedores.
A estas cifras se suma el desbloqueo de nuevos proyectos de alojamiento. Según Giner, el Ayuntamiento ha concedido más de 50 licencias hoteleras, que permitirán crear 5.400 plazas y movilizar más de 400 millones de euros de inversión privada, así como 18 licencias para residencias de estudiantes, con más de 3.000 plazas y otros 180 millones de inversión.