MADRID (EP). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado la regulación y el funcionamiento del proceso urbanístico que permite transformar suelo para construir nuevas viviendas, tanto libres como protegidas y sociales, y ha concluido que la complejidad normativa y administrativa dificulta la ampliación de la oferta de vivienda en España.

En un estudio sobre todas las fases del proceso urbanístico, desde el planeamiento hasta la edificación (E/CNMC/001/25), el organismo señala que la disponibilidad de suelo es uno de los factores más relevantes para explicar el precio y la oferta de vivienda, hasta el punto de que el suelo puede representar hasta un 45% del precio final de una vivienda.

En este sentido, la CNMC considera que mejorar la eficiencia de los procesos urbanísticos podría contribuir a reducir costes, acortar plazos y aumentar la oferta de vivienda, tanto libre como social, favoreciendo así el acceso de los ciudadanos a una vivienda.

El organismo sostiene que España cuenta con una de las regulaciones sobre el uso del suelo "más restrictivas del entorno de la OCDE" y apunta a problemas como la excesiva complejidad del proceso urbanístico, la inseguridad jurídica, la rigidez normativa o la lentitud administrativa.

En la fase de planeamiento, la CNMC advierte de que la delimitación detallada del suelo urbanizable y de sus usos reduce la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda de vivienda y otras actividades económicas.

Asimismo, señala que la nulidad de los planes urbanísticos y las dificultades para modificarlos pueden retrasar o incluso bloquear nuevos desarrollos, mientras que la abundancia de trámites y documentación puede resultar en ocasiones redundante o innecesaria.

En la fase de urbanización, el estudio identifica una acumulación de trámites técnicos y administrativos que prolonga los plazos y encarece los proyectos. Por su parte, en la fase de edificación, la multiplicidad de controles y exigencias administrativas puede retrasar la concesión de licencias y el inicio de nuevas construcciones.

La CNMC también alerta del creciente peso de la normativa sectorial, ya sea ambiental, patrimonial o de infraestructuras, y considera que la falta de coordinación y proporcionalidad entre estos controles puede provocar duplicidades, contradicciones y nuevos retrasos en el desarrollo urbanístico.

Entre sus recomendaciones para mejorar el acceso al suelo y ampliar la oferta de vivienda, el organismo plantea simplificar y coordinar la normativa urbanística, flexibilizar el planeamiento, agilizar las modificaciones de los planes y reducir la complejidad de los instrumentos de ordenación.

Asimismo, propone facilitar la gestión urbanística y la edificación mediante la agilización de licencias y el impulso de las declaraciones responsables, además de mejorar el funcionamiento y la coordinación de los informes sectoriales para evitar duplicidades y retrasos.

La CNMC también aboga por reforzar la transparencia y la predictibilidad de la intervención administrativa en materia de suelo y por dotar adecuadamente a los organismos públicos encargados del proceso urbanístico.