VALÈNCIA. La promoción de vivienda protegida empieza a despertar en la Comunitat Valenciana, aunque todavía sigue lejos de las grandes desarrollos de los años noventa, cuando se registraba una media anual de 10.000 inmuebles protegidos, frente a las 400 unidades actuales. Uno de los principales obstáculos es la burocracia y los largos plazos necesarios para que los proyectos se conviertan en una realidad. De hecho, el tiempo que transcurre desde que una promoción recibe el visto bueno inicial, es decir, la calificación provisional, hasta que las viviendas están terminadas varía considerablemente en función de quién las impulse. Así, mientras las cooperativas necesitan una media de 27 meses para culminar sus proyectos, las promociones públicas tardan hasta 41 meses, es decir, 14 meses más. Por su parte, la iniciativa privada se sitúa en una posición intermedia, con un plazo medio de 33 meses.
Así lo refleja el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), correspondiente al tercer trimestre de 2026, que analiza los tiempos de desarrollo de las promociones de vivienda protegida, más conocidas como VPO. En concreto, el estudio mide el periodo que transcurre entre la calificación provisional -el documento oficial que se concede cuando se aprueba el proyecto para que sea considerado rpotegido- y la definitiva, que se obtiene una vez ha culminado la construcción y certifica que la promoción se ha ejecutado conforme a las condiciones exigidas en este régimen. Por tanto, en la práctica, indica el tiempo que tarda en construirse el proyecto.
En términos generales, el plazo medio se sitúa en torno a los 35 meses, prácticamente tres años. Sin embargo, existen diferencias significativas según el modelo de promoción. Las cooperativas son las que consiguen acortar más los tiempos, con una media de 27 meses, seguidas de las promotoras privadas, con 33 meses. En este último caso, desde la Cátedra matizan que el plazo habitual es inferior, ya que la mediana se sitúa en 28 meses y la media se ha visto incrementada por una promoción que sufrió un retraso excepcional.
¿A qué responden estas diferencias? Según explican desde la Cátedra, uno de los principales factores es el propio funcionamiento de cada modelo de promoción. En el caso de las cooperativas, los futuros propietarios forman parte del proyecto desde el principio y contribuyen a financiar su desarrollo mediante sus aportaciones. De esta forma, las viviendas ya tienen adjudicatarios antes de comenzar las obras, por lo que no existe el riesgo comercial asociado a la venta de los inmuebles. Además, cualquier retraso supone un mayor coste para los propios socios, lo que incentiva que los proyectos se ejecuten en el menor tiempo posible.
- Una vivienda en construcción.
- Foto: EDUARDO MANZANA
Una situación similar se produce en las promociones impulsadas por la iniciativa privada. Aunque en este caso las compañías dependen de la financiación y de la comercialización de las viviendas, una vez comienzan los trabajos tienen un interés directo en finalizar cuanto antes para reducir costes y recuperar la inversión. De ahí que sus plazos habituales de ejecución sean muy próximos a los de las cooperativas, pese a que la media del periodo analizado sea superior.
Los procedimientos administrativos alargan los plazos
El escenario cambia cuando se trata de promociones públicas, cuyos tiempos medios superan los 40 meses. Desde la Cátedra explican que esta diferencia responde principalmente a los procedimientos administrativos que deben seguir las administraciones para ejecutar los proyectos. Y es que, una vez obtenida la calificación provisional, deben licitar las obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, adjudicarlas y gestionar posteriormente las posibles incidencias que surjan durante su ejecución.
Entre ellas se encuentran las modificaciones de los contratos, las revisiones de precios, las certificaciones de obra o las anualidades presupuestarias. Trámites que pueden acabar dilatando los plazos de ejecución. A ello se suma el encarecimiento de los costes de construcción registrado durante los últimos años, que ha provocado que determinadas licitaciones queden desiertas y deban volver a convocarse, con los consiguientes retrasos. Incluso, el encarecimiento ha acabado afectando durante el desarrollo de la obra, obligando a pararla hasta que se resuelva el sobrecoste.
Por tanto, ante esta situación de emergencia habitaucial y dilatados plazos, los expertos de la Cátedra defienden la necesidad de introducir mecanismos que permitan agilizar el desarrollo de vivienda protegida sin renunciar al papel de las administraciones. En este sentido, apuestan por reforzar la colaboración público-privada mediante fórmulas como la cesión de suelo público en derecho de superficie para que promotoras privadas o cooperativas se encarguen de desarrollar las viviendas. También plantean una contratación pública más ágil que permita reducir los tiempos necesarios para ejecutar las promociones.
Todo ello se produce en un momento en el que la vivienda protegida está recuperando protagonismo en la Comunitat Valenciana. Y es que, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las solicitudes de calificación provisional de vivienda protegida han aumentado un 38% durante el primer semestre de 2026 en la Comunitat respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, entre enero y junio, se alcanzaron las 1.218 solicitudes frente a las 883 contabilizadas en el mismo periodo de un año antes, es decir, 335 unidades más, según la estadística.
Ahora bien, este mayor dinamismo todavía no se traduce en un volumen significativo de inmuebles terminados. Una situación que responde precisamente a los plazos que requiere el desarrollo de cualquier promoción residencial. De hecho, la mayoría de estos nuevas promociones que arrancan se entregaran de media en 2029.
Así, en el primer semestre de 2026 solo recibieron la calificación definitiva, que se da cuando la obra está acabada, 178 viviendas. Se trata de proyectos que arrancaron hace años. Una cifra reducida dada la emergencia habitacional actual, aunque esta cifra supone un incremento del 128% respecto a las 78 unidades contabilizadas durante el mismo periodo de 2025. De ahí que desde el sector se pidan fórmulas para agilizar la salida de nueva oferta asequible al mercado.
