VALÈNCIA. La espiral alcista del precio de la vivienda responde a varios factores. Uno de ellos es el propio coste de construcción derivado de la inflación de las materias primas. Este fenómeno, a su vez, está dando lugar a un incremento significativo de licitaciones de obras públicas que quedan desiertas, sobre todo en la provincia de Valencia como consecuencia de la ingente cantidad de proyectos derivados de la reconstrucción tras la Dana. En sólo seis años, el coste de obra ha pasado de 600 euros el metro cuadrado a 1.400, según explica a ValenciaPlaza José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Comunitat Valenciana (Fecoval).
Solo en el último año, asegura, los costes han aumentado entre un 20% y un 25%, a lo que se añade una escalada acumulada desde 2020 que, en algunos casos, ya supera el 50%. En concreto, el encarecimiento está siendo especialmente acusado en productos clave como el hormigón, que ha subido de media 16 euros por metro cúbico sobre un precio base de unos 90 euros. El betún, por su parte, registró hace dos semanas un incremento de 200 euros por tonelada, cerca de un 30%. A ello se suma el aumento del hierro, con subidas de hasta 30 céntimos por kilo, además del encarecimiento generalizado de áridos, transporte y energía.
Además de los materiales, el sector también acusa la falta de mano de obra, lo que presiona aún más los costes. "Tenemos un déficit de trabajadores y eso hace que suba el precio de la mano de obra, a lo que se suma el incremento del salario mínimo", apunta. Sin embargo, critica que este factor no se contempla en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos, lo que obliga a las empresas a asumirlo íntegramente.
Por todo ello, el sector pide al Gobierno la aprobación de un decreto extraordinario que permita revisar los precios tanto de los contratos en ejecución como de los que están por licitar, así como la introducción de mecanismos más ágiles para responder a situaciones excepcionales como la actual. "Es una obligación de la administración que los precios de las obras sean de mercado", sostiene Santa Isabel, quien advierte de que los actuales pliegos "pueden ser impugnables" al no garantizar la libre competencia.
- Imagen de archivo de una obra. -
El escenario actual ha provocado que muchas empresas opten por no concurrir a los concursos públicos para evitar riesgos inasumibles. "Nuestro mercado es muy heterogéneo y puedes encontrar empresas desesperadas por trabajo que se presentan, pero luego todo son problemas tanto para la administración como para la propia empresa", señala. En este sentido, Santa Isabel insiste en que el número de licitaciones desiertas sigue aumentando porque las compañías "no quieren pillarse los dedos" en contratos que no reflejan los precios reales de mercado.
Según el presidente de Fecoval, los índices nacionales son demasiado genéricos y no captan las distorsiones de mercado que se producen en territorios con picos de demanda extraordinarios, como ocurre en Valencia provincia especialmente, donde el número de concursos desiertos alcanza ya los 200 ante la baja rentabilidad de las obras. El sector advierte de que, de no atenderse esta singularidad, se podría incluso ver un abandono de proyectos ya iniciados ante la imposibilidad de repercutir la subida de los costes de las materias primas.
La guerra en Oriente agrava los precios
Con cuarenta días ya de conflicto tachados en el calendario, las mercantiles han visto cómo los precios de las materias primas no han hecho más que subir mientras que los presupuestos que fijan las administraciones siguen sin adaptarse a esta espiral inflacionaria. Este desacople entre los costes de construcción y las ofertas fijadas por el Estado y la Generalitat amenaza principalmente obras relacionadas con la reconstrucción tras la terrible Dana de 2024. Cabe recordar que el pasado mes de octubre el número de licitaciones desiertas era de 162, por lo que la situación no ha hecho más que agravarse.
Santa Isabel advierte, además, del riesgo de que los ayuntamientos pierdan los fondos europeos recibidos para dichas obras. "Se suma que la Administración es lenta con las licitaciones al hecho de que muchas quedan desiertas. Todo ello implica que los ayuntamientos tengan que devolver el dinero si no se ejecutan los proyectos para los que lo han recibido", explica. Incluso, el representante de los contratistas valencianos avisa de que también hay una amenaza de abandono de obras ya iniciadas.
