VALÈNCIA. En los últimos años, la promoción de vivienda protegida quedó relegada a una producción mínima, en un contexto de creciente tensión en el mercado residencial marcado por el encarecimiento del alquiler, la escasez de obra nueva y el aumento de la demanda, lo que ha dificultado el acceso de muchas familias a una vivienda digna. Por este motivo, tanto el Ejecutivo central como los distintos gobiernos autonómicos han comenzado a poner en marcha planes orientados a reactivar la vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como vivienda de protección oficial (VPO). El objetivo es contribuir a aliviar la presión del mercado residencial mediante la promoción de este tipo de inmuebles, que se caracterizan por tener precios tasados y más asequibles que los del mercado libre.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la situación estos últimos años ha sido mínima, pero en el primer semestre del año se atisba cierto repunte de la actividad y de las solicitudes para construir esta tipología de inmuebles en plena emergencia habitacional. Así, de acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de enero a junio de este 2025 se han concedido 883 calificaciones provisionales, mientras que en todo el pasado año 2024 fueron 902, solo 19 menos a falta de seis meses para concluir el ejercicio. Cabe recordar que este trámite es el paso previo hasta que los servicios autonómicos estudian la propuesta para ver que se cumple con los requisitos para la calificación definitiva.

Por tanto, el hecho de alcanzar casi esa misma cifra en solo medio año indica un incremento muy significativo en la actividad durante el primer semestre. De hecho, existen pocos precedentes de ratios similares en cuanto a número de solicitudes en la útima década. Según las cifras del Ministerio, en 2014 se solicitaron 126 peticiones de calificación provisional, mientras que en 2015 fueron 145; en 2016 llegaron a las 352; en 2017, 268; y en 2018 se elevaron hasta las 573 solicitudes.

En 2019, la cifra creció hasta las 672, mientras que en 2020 bajó hasta las 495 peticiones; en 2021 subió a las 721; en 2022 volvió a decrecer hasta las 258 peticiones; en 2023 subieron de nuevo hasta las 511; y 2024 cerró con 902, el máximo en los últimos diez años. Ahora, y a falta de completar la serie anual para 2025, se contabilizan 883 peticiones hasta junio, lo que parece indicar que el ejercicio culminará con el mayor número de expedientes provisionales de VPO.

Por tipo de promotor, como viene siendo habitual, han sido los agentes privados los que tiran de la promocion de VPO en la región valenciana. De hecho, de las 883 solicitudes de calificación provisional, 873 parten del sector privado, es decir, el 98,5% frente a 13 certificados de la administración pública, según los datos de la estadística. Y es que en los últimos tiempos han sido las empresas las que han desarrollado más vivienda asequible en la Comunitat, ya que la mayoría de planes urbanísticos reserva suelo para este tipo de proyectos y el sector público parte con recursos más limitados, por lo que no ha tenido pulmón financiero para hacer promoción propia.

En cualquier caso, el verdadero hito que marcará el resurgir de la vivienda protegida será el paso de las calificaciones provisionales a definitivas, que se conceden una vez finalizada la construcción para certificar que la promoción se ha ejecutado conforme a las condiciones aprobadas inicialmente. En los seis primeros meses de 2025 se han certificado 37 viviendas, frente a las 97 del mismo periodo del año anterior y las 720 unidades registradas en todo 2024. Esta evolución depende en gran medida de las solicitudes tramitadas en años anteriores, ya que la calificación definitiva solo se otorga al término de la obra.

Lo cierto es que la páralisis que ha sufrido la vivienda protegida no solo en la Comunitat Valenciana, sino en España viene de lejos. Mientras en los años noventa se construyeron 110.860 viviendas VPO en la región, después de la crisis inmobiliaria, entre 2010 y 2020 únicamente fueron 3.453 unidades. Y la mayoría ejecutadas por el sector privado. Un frenazo extensible a gran parte del territorio nacional. Ahora, a la vista de la grave emergencia habitacional, se retoma el ritmo. En este sentido, en España, el número de calificaciones definitivas de vivienda protegida ha aumentado un 22,7% hasta junio en comparación al mismo periodo del año anterior, con 5.843 unidades. Sólo en el segundo trimestre del año, se calificaron un total de 2.560 vivienda protegidas, un 17,9% más en comparación al mismo periodo del año 2024, según los datos del Ministerio.

Una de las claves que explican el mayor ritmo está en el mayor protagonismo que los planes autonómicos y estatales están dando de nuevo a este tipo de vivienda asequible como parte de la solución a la actual coyuntura. En la Comunitat Valenciana, la estrategia de la Generalitat Valenciana para aumentar la oferta es el 'Plan Vive', que aspira a levantar 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura en la autonomía valenciana. Uno de sus ejes es la colaboración público-privada para la movilización del suelo público disponible.

Por el momento, la fórmula preferida para cumplir este hito ha sido la permuta a cambio de obra, es decir, la Generalitat entrega unos terrenos a las empresas adjudicatarias a cambio de un número de viviendas de esos proyectos, que se incorporarán al parque público vivienda asequible. Una vía que ha despertado un gran 'apetito' entre el empresariado y con la que ya se han adjudicado más de 1.700 viviendas, de las que unas 300 unidades irán directamente destinadas al parque público.  En estos primeros meses se han adjudicado varios de estos suelos, lo que explicaría el crecimiento de solicitudes de VPO, ya que todas las viviendas que se van a levantar con este plan tienen esta calificación. 

También, desde el consistorio valenciano o el Gobierno se han reactivado proyectos en este segmento. Por tanto, el repunte en la promoción de esta tipología en el mercado busca contribuir a ampliar las opciones de acceso a la vivienda para determinados perfiles de población, especialmente en un contexto de aumento generalizado de los precios. Cierto es que no será algo inmediato, por los tiempos constructivos, pero es un paso necesario para aliviar la tensión residencial y ofrecer una solución a muchas familias que hoy en día tienen casi imposible encontrar un hogar.