VALÈNCIA. Pablo Peñín es arquitecto, profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València (UPV) y lleva dos décadas al frente de su propio despacho de arquitectura, especializado en proyectos vinculados a sanidad, uso docente y rehabilitación. Conoce además de primera mano el funcionamiento interno del Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV), donde ha formado parte de las dos últimas juntas de gobierno: primero como vocal durante la etapa de Mariano Bayón y posteriormente como secretario con Marina Sender.

Ahora da un paso al frente y encabeza la candidatura ‘CTAV en red’ en las elecciones del próximo 22 de mayo en el Colegio de Arquitectos de València. Su propuesta plantea consolidar los avances del colegio con un modelo más colaborativo y abierto, reforzando la defensa de la profesión mediante una interlocución más directa con las administraciones, la mejora de las condiciones del colectivo y el impulso de herramientas como un manual de buenas prácticas de contratación, estimación de costes y una estrategia de comunicación para dignificar el trabajo de los arquitectos.

-¿Por qué ha decidido dar un paso al frente y presentar una candidatura?

-Lo que me empujó definitivamente a encabezar esta candidatura fue el apoyo solidario que tuvo el colectivo con la Dana. Todo aquello se canalizó a través del colegio profesional, tanto el territorial como el autonómico, con las bolsas de técnicos que de forma masiva y solidaria se dirigieron a la Conselleria de Vivienda y al Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). También, destaco otra iniciativa propia del Colegio Territorial: los arquitectos querían ayudar más y 150 arquitectos, durante un mes, hicieron apoyo a los arquitectos municipales de l’Horta Sud.

Personalmente aquello me pilló coordinando y trabajando y aquel esfuerzo, también de otros colegios profesionales e instituciones, demostró que el colegio era útil, y cercano. Más allá de lo que supone el día a día ordinario, entendí que tenemos un papel, un rol, y que somos útiles.

-¿Cree entonces que esa utilidad del arquitecto está suficientemente visibilizada en la sociedad?

-Nosotros queremos recuperar la fuerza de nuestro colectivo. El arquitecto tiene mucho que decir en lo que tiene que ver con el crecimiento y el modelo de las ciudades. No tanto en la gestión diaria del urbanismo, más vinculada a la política, sino en el diseño de las ciudades, en cómo queremos que sean, y en manifestarnos sobre temas de actualidad que nos incumben, como la vivienda.

-Usted ha estado en las anteriores juntas del colegio. ¿Hace autocrítica? ¿Qué ha faltado por hacer?

-Han sido años de mucho esfuerzo, en los que ha habido mucha apertura y consolidación del colegio, con unas infraestructuras ejemplares y que es un referente cultural en la sociedad valenciana. Ahora empieza una nueva etapa marcada por el apoyo directo al ejercicio profesional. Ahí tenemos que incidir mucho más. Tenemos que estar más cerca de la complejidad de nuestra profesión. Todas las profesiones tienen sus problemas, pero las nuestras tienen que ver con la precariedad laboral, el intrusismo o la tramitación de licencias. Y, seguramente, el colegio puede hacer mucho más. Por eso, nuestra candidatura apuesta por más servicios para el arquitecto en sus diversas facetas.

-En ese sentido, entre sus propuestas propone una interlocución más directa con las administraciones. ¿Falta colaboración o más escucha entre ambas partes?

-Tenemos una relación directa y personal con la mayoría de municipios, aunque es cierto que, a veces, cuesta conseguir determinadas cosas. También les cuesta a ellos. Por ejemplo, ahora mismo hay movilizaciones vinculadas a las infraestructuras educativas y creemos que los colegios de arquitectos deben apoyar esas reivindicaciones en todo lo relacionado con la mejora de los centros educativos. Desde nuestro ámbito municipal queremos brindar apoyo a la administración para ayudar en planes de confort y accesibilidad.

-También, aboga por crear una Entidad Colaboradora Urbanísticas (ECUV) desde el propio colegio. ¿Qué plantean exactamente?

-Queremos colaborar y reivindicar ante la administración aquellas cuestiones que consideramos que deben mejorarse, poniéndonos además a su disposición. Una cuestión fundamental son las licencias. Después de años intentando ayudar a la administración en un problema que nos bloquea, hemos decidido dar un paso adelante. Sabemos que se puede hacer porque otros colegios ya lo han hecho. Por eso, proponemos crear dentro del colegio una ECUV, una entidad que ayude a desbloquear retrasos y falta de actividad económica asociada a la tramitación urbanística. Es un servicio vinculado al promotor, pero directamente relacionado con el arquitecto. Y qué mejor que el propio colegio para impulsarlo. Además, puede servir también para ayudar a los arquitectos municipales mediante convenios con los ayuntamientos que lo deseen.

-¿Qué está fallando ahora mismo con las licencias?

-La implantación de estas entidades privadas para desbloquear licencias municipales es reciente. La normativa se ha adaptado y en algunos ayuntamientos ya están funcionando mucho mejor y se está consiguiendo agilizar los plazos. Nosotros llevábamos tiempo reclamando a la administración municipal más recursos y más eficacia para que, al menos, hubiera asignación de técnicos en menos de tres meses. Es difícil que esto en algunos ayuntamientos se produzca por el volumen inmenso que hay que atender, especialmente en las corporaciones grandes. Por eso, no han funcionado del todo, pero estas entidades han venido para quedarse en todo el panorama nacional. Ya ocurre en Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla. Nosotros queremos ser protagonistas y que no tenga una vocación comercial, sino que sea más una ayuda solidaria a aquellos ayuntamientos que quieran conveniar. Además, una ECUV del colegio puede ayudar a que los compañeros se sientan más respaldados por un trabajo serio y profesional.

-¿Cuáles serían unos plazos razonables para la resolución de un expediente?

-Los plazos razonables son los que todos hemos acordado y tienen que ver con el silencio administrativo. Tres meses sería un plazo adecuado para tener una respuesta de la administración. Las ECUV están resolviendo expedientes de forma más ágil y entendemos que eso lo podemos conseguir también desde el colegio.

-¿Es la burocracia uno de los principales escollos para el desarrollo de proyectos en Valencia?

-Hay alguno más. El desarrollo de proyectos viene condicionado por una inmensa cantidad de normativa que además va cambiando constantemente. Desde el colegio debemos insistir en ayudar técnicamente a los despachos con herramientas concretas. Por eso, hablamos de un colegio de servicios. Para ello, hemos propuesto un ‘visado verde’, una herramienta para facilitar la adaptación de los proyectos a los retos del futuro: circularidad, sostenibilidad o industrialización. Queremos implementar un servicio adicional, sin coste para el colegiado, para asesorar en la realización de proyectos más sostenibles y con un certificado colegial.

-¿Hasta qué punto sigue existiendo precariedad o competencia desleal dentro de la profesión, incluso en contratos públicos?

-La precariedad laboral existe y el intrusismo, también. El intrusismo viene, en parte, porque hay otras titulaciones que quieren ganar terreno. Creo que hay trabajo para todos, pero también es verdad que han aparecido nuevos perfiles, como el graduado en Arquitectura, que no es el máster habilitante, y debemos atender esa realidad. El colegio, aunque está orientado a los profesionales de Arquitectura con máster, también quiere recoger las sensibilidades de estos nuevos colectivos, pero defendiendo la exclusividad de aquello que es propio del ejercicio de la profesión. La arquitectura hoy es multidisciplinar y no debemos vernos como competencias, sino como aliados y apoyos mutuos. Ese es el futuro. Pero sin perder de vista qué corresponde específicamente al arquitecto.

Nosotros tenemos dos objetivos claros: los jóvenes y los mayores. A los jóvenes hay que incentivarles a incorporarse al mercado laboral. Hemos creado una oficina nueva porque deben sentir que el colegio es algo más que un trámite, que es su casa donde se les da formación específica y pueden pedir consejo.

Por otro lado, los más mayores necesitan apoyo en sus reivindicaciones. Hay colectivos organizados en torno a la plataforma Anmarq y está en trámite en el Congreso la ley de la pasarela RETA. Nosotros apoyamos esa reivindicación y creemos que esa pasarela tiene que ser universal. Además, proponemos actualizar el fondo social ya existente para generar un fondo de pensiones para todos los arquitectos.

-En este sentido, el colegio ha recurrido licitaciones públicas. ¿Qué problemas detectan? ¿Se perpetúa la precariedad con los honorarios para los profesionales?

-El colegio ha puesto en marcha una oficina de concursos que vela por que los concursos públicos estén dentro de unos criterios que amparan la Ley de Contratos de sector público. Hemos colaborado con la administración señalando aquellos pliegos municipales que concurran situaciones que vemos mejorables. Por ejemplo, plazos imposibles de cumplir, excesivo peso de la baja económica o solvencias desproporcionadas. Lo que reivindicamos es que se pague de forma digna, que los plazos sean adecuados y que no se impongan responsabilidades excesivas a los equipos adjudicatarios.

-La vivienda es probablemente el principal problema social actual. ¿Qué papel juegan los arquitectos?

-Más que problema de la vivienda es una emergencia habitacional. Lo que reclamamos es que las administraciones se pongan de acuerdo e impulsen un Pacto de Estado de la vivienda, como el de las pensiones, para liberar suelo y gestionar el parque de vivienda protegida junto a la iniciativa privada. Lo que necesitamos es un plan de choque. Las soluciones parciales o los parches como mejorar las ordenanzas o regular los pisos turísticos pueden ayudar, pero no resuelven el problema de fondo. Desde el colegio podemos ayudar en lo que sabemos hacer: desbloquear licencias y liderar debates sobre nuevos modos de habitar, soluciones más sostenibles, más económicas y más circulares.

-¿Alguna medida que considere urgente?

-Creo que no corresponde a un colegio de ámbito municipal y provincial pronunciarse sobre cuáles son las medidas que debe poner en marcha la administración. Nosotros trabajaremos con ellos en los que nos pidan. Este problema debe liderarlo el sector público.

-En una ciudad como València, donde hay debate sobre turistificación, ampliaciones urbanísticas o grandes proyectos, ¿cómo valora el modelo de ciudad?

-Vivimos en una ciudad a la que todo el mundo quiere venir, pero ese éxito genera demasiadas veces incomodidades para los vecinos y lo que no queremos es una ciudad vacía. Queremos una ciudad con vida, con usos mixtos y una buena regulación, ordenanza de terrazas, de ruido...Una ciudad amable, que crece y que está pensada para sus vecinos. Eso es lo que reclamamos todos. Hay ejemplos de turismo excesivo que ha vaciado ciudades y nosotros debemos defender lo nuestro, lo propio y nuestra identidad. Se han hecho algunos avances peatonalizando plazas con gran éxito, pero aumentar el espacio público al peatón no es dárselo a los turistas, sino a la mejora de la convivencia. Por tanto, hay que mantener un equilibrio y eso no está reñido con la ideología, sino con una buena gestión.

-Por tanto, ¿el modelo de ciudad actual necesita una revisión profunda?

-Sí, por supuesto. El plan general, que lleva años revisándose, debería actualizarse. Es complejo, pero deberíamos de hacer una reflexión sobre hacia dónde queremos ir. La expansión de la ciudad debe responder a una idea global y no a iniciativas puntuales de distintas administraciones. Reclamamos, por tanto, una cultura de ciudad y ahí es donde el colegio puede posicionarse para entender cómo será Valencia para que que no crezca a parches.

-Se habla mucho de la necesidad de acelerar la industrialización en la construcción. ¿Lo ve necesario? ¿Qué papel juega en esta reconversión el arquitecto?

-La innovación vinculada a la prefabricación es clave. En España todavía estamos en una fase inicial de este modelo de construcción avanzada, mientras que en otros países europeos estos estándares llevan tiempo implantados. La industrialización implica cambiar el modelo de construcción y no tenemos más remedio que avanzar hacia ahí. El aumento de costes, la falta de mano de obra, la sostenibilidad y la emergencia habitacional forman un cóctel perfecto para apostar por la innovación y por la construcción prefabricada en sus diferentes formatos, ya sea 2D o 3D. Ese es el futuro.

-La rehabilitación energética de edificios avanza más lento de lo esperado. ¿Qué está fallando?

-Hablábamos antes de un pacto de Estado para la vivienda y de movilizar suelo público, pero vivimos en ciudades compactas y lo primero que hay que atender es la renovación del parque residencial existente. No hablamos solo de edificios históricos, sino del parque construido en los años 50 y 60, que necesita rehabilitación. Las ayudas europeas Next Generation han supuesto un impulso y ahora está a punto de ejecutarse una nueva tanda, pero seguimos lejos de las cifras que serían deseables. La rehabilitación es una actividad más compleja, requiere más medios y trabaja a más largo plazo, pero hay que insistir. Y también debemos trasladar a la sociedad una cultura del mantenimiento. Igual que un coche pasa revisiones e ITV, los edificios también deben mantenerse. Los inmuebles de más de 50 años tienen que someterse a inspecciones que permitan detectar patologías y evitar después reformas integrales mucho más costosas.